Protestar es un derecho; escuchar es una obligación
- 22/11/2026 00:00
El anuncio del Gobierno sobre el inicio de conversaciones con First Quantum Minerals para explorar un posible acuerdo relacionado con Cobre Panamá ha reabierto uno de los debates más sensibles de nuestra historia reciente. La reacción ciudadana no se hizo esperar. El pasado 17 de noviembre, una manifestación en la capital expresó el rechazo de distintos sectores a cualquier posibilidad de reactivar la actividad minera.
Es importante comprender el significado de estas expresiones. No estamos solamente ante una discusión sobre una operación empresarial o una alternativa económica para financiar el cierre de la mina. Estamos ante una decisión de interés nacional que involucra la protección ambiental, la legalidad, la soberanía, la confianza en las instituciones y el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos que pueden afectar su futuro. Por eso conviene recordar dos principios fundamentales: protestar pacíficamente es un derecho; escuchar, informar y abrir espacios efectivos de participación es una obligación del Estado.
La protesta como expresión de la democracia
La Constitución panameña reconoce, en su artículo 38, el derecho de reunión pacífica y sin armas para fines lícitos. Este derecho, junto con las libertades de expresión y asociación, permite que las personas manifiesten sus preocupaciones, cuestionen las decisiones públicas y reclamen respuestas de sus autoridades.
La movilización actual tiene un significado que va más allá del rechazo a una eventual reapertura minera. Revela que persisten dudas sobre la legalidad de cualquier nuevo esquema, la protección del ambiente, la soberanía nacional y la capacidad del Estado para fiscalizar una actividad de semejante complejidad.
También evidencia una brecha de confianza que el Gobierno no puede ignorar. Después de lo ocurrido en 2023, una negociación con la empresa no será socialmente legítima solo porque se anuncien beneficios económicos, empleos o ingresos fiscales. Necesita explicar cómo se garantizarán, quién verificará los compromisos y qué mecanismos permitirán a la población conocer y evaluar las decisiones.
Las protestas tampoco deben interpretarse como expresión unánime de todos los panameños. Hay ciudadanos que rechazan cualquier actividad minera, otros que consideran necesario explorar alternativas y muchos que esperan información suficiente antes de tomar posición. Esa diversidad debe ser reconocida y respetada.
Escazú: de la promesa a la práctica
El compromiso del Gobierno de respetar el Acuerdo de Escazú en las conversaciones sobre Cobre Panamá representa una oportunidad que debemos aprovechar. Ratificado por Panamá mediante la Ley 125 de 2020, este tratado garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en las decisiones y el acceso a la justicia.
Su cumplimiento exige más que comunicados o reuniones informativas: la ciudadanía debe conocer oportunamente los estudios, alternativas, riesgos ambientales, medidas de protección y responsabilidades económicas en discusión. Además, debe poder formular observaciones desde las etapas iniciales del proceso y recibir explicaciones sobre cómo fueron consideradas.
Las comunidades directamente afectadas necesitan condiciones reales para participar, sin barreras geográficas, económicas o tecnológicas. La decisión de la Corte Suprema sobre la Ley 406 de 2023 refuerza esta obligación: Panamá no debe repetir un proceso en el que la información insuficiente y la participación tardía debiliten la legitimidad de decisiones de interés nacional.
¿Qué debe hacer el Gobierno?
El Ejecutivo debe garantizar la protesta pacífica, proteger a sus participantes y asegurar que los cuerpos de seguridad actúen con legalidad, necesidad y proporcionalidad, respetando también los derechos de terceros. Asimismo, debe convertir el compromiso con Escazú en un proceso transparente y verificable: publicar los estudios y documentos ambientales, jurídicos y económicos; aclarar qué se negocia y cuáles son las condiciones irrenunciables del Estado; establecer un mecanismo plural de participación que incluya a comunidades, universidades y organizaciones sociales; y garantizar tiempo para presentar observaciones y respuestas públicas. Ninguna decisión definitiva debe adoptarse sin cumplir previamente las etapas de información y participación correspondientes.
La empresa también tiene responsabilidades. Si aspira a recuperar la confianza del país, debe facilitar información verificable, responder a las inquietudes ciudadanas y demostrar con hechos que cualquier alternativa propuesta respeta el interés nacional y las obligaciones ambientales.
La democracia se fortalece escuchando
Panamá no necesita regresar a la confrontación que vivimos en 2023. Necesita demostrar que aprendió de aquella experiencia y que puede abordar un asunto complejo mediante instituciones sólidas, información transparente, respeto a la ley y participación ciudadana efectiva.
El Gobierno tiene derecho a explorar alternativas y la obligación de justificar sus decisiones. Los ciudadanos tienen derecho a protestar, preguntar, cuestionar y participar. Las empresas deben cumplir las reglas y demostrar que sus propuestas responden al interés nacional.
El diálogo no debe ser una formalidad para legitimar decisiones previamente adoptadas. Debe ser un proceso abierto, informado y capaz de incorporar las preocupaciones de la sociedad antes de que el Estado tome una decisión.
La verdadera fortaleza de nuestra democracia no consiste en evitar las manifestaciones, sino en crear las condiciones para que las diferencias puedan expresarse y resolverse pacíficamente. Protestar es un derecho; escuchar, informar y gobernar para todos es una obligación.