¿Puede la jueza del caso Odebrecht inhabilitar a todos los implicados para el ejercicio de cargos públicos?

En el marco del caso Odebrecht, surge una pregunta de profundo interés público: ¿puede la jueza de la causa disponer la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de todos los implicados, investigados, indiciados o llamados a juicio?

La respuesta debe analizarse a la luz del interés superior del Estado, la protección de la ética pública y la credibilidad del sistema democrático. Los hechos acreditados en el proceso han demostrado la existencia de un esquema sistemático de corrupción que lesionó gravemente el patrimonio del Estado y la confianza ciudadana en las instituciones.

Si bien la responsabilidad penal es individual y debe ser declarada mediante sentencia firme, el ordenamiento jurídico permite la imposición de medidas accesorias, entre ellas la inhabilitación para ejercer funciones públicas, cuando la conducta imputada está directamente relacionada con el abuso del poder público, el tráfico de influencias o el uso indebido de recursos estatales.

La inhabilitación de quienes hayan sido debidamente procesados o condenados por actos de corrupción no constituye una sanción arbitraria, sino una medida necesaria para salvaguardar la moral administrativa, prevenir la reiteración de conductas ilícitas y enviar un mensaje inequívoco de que el ejercicio de la función pública exige probidad, transparencia y respeto a la ley.

Una decisión en ese sentido no solo estaría jurídicamente sustentada, sino que representaría un acto de justicia histórica y un verdadero servicio a la República de Panamá, al reafirmar que los cargos públicos no pueden ser refugio ni recompensa para quienes han traicionado la confianza del pueblo.