¿Quién decide que podemos volver?

Salir de un edificio durante una emergencia puede tomar minutos. Recuperar la confianza para entrar de nuevo exige algo más que abrir sus puertas. Después del terremoto del 9 de octubre, Panamá enfrenta una pregunta que alcanza a familias, trabajadores y estudiantes: ¿quién decide que podemos volver?

La cobertura de estos días ha mostrado personas esperando inspecciones y residentes que permanecen inquietos en sus apartamentos. La Estrella de Panamá informó sobre edificios pendientes de evaluación y una demanda de servicios que eleva los precios de las inspecciones. Detrás de esa espera hay una decisión difícil: volver por necesidad, permanecer fuera por temor o asumir un gasto que quizá no estaba en el presupuesto familiar.

Reconocer el trabajo de los organismos de respuesta y de los profesionales que evalúan las estructuras es justo. Precisamente por la importancia de esa labor, sus resultados deben llegar de forma comprensible a quienes dependen de ellos. La tranquilidad necesita una explicación que permita entender qué se revisó y qué queda pendiente.

Un edificio en pie ofrece alivio. Determinar sus condiciones de uso corresponde a profesionales competentes, mediante las evaluaciones pertinentes. El ciudadano, sin embargo, difícilmente puede distinguir entre una visita de orientación, una inspección de seguridad humana y una evaluación estructural. Si todas se comunican como una simple revisión, podemos atribuirles conclusiones que nunca emitieron.

Por eso, cada decisión de reabrir una instalación debería identificar quién realizó la evaluación, cuál fue su alcance, qué condiciones encontró y qué recomendaciones estableció. También debería explicar sus limitaciones y cuándo corresponde una nueva revisión. Ninguna evaluación elimina todo riesgo; comunicarlo con claridad forma parte de la responsabilidad.

Pensemos en una escuela. Los padres necesitan saber qué sustenta el retorno de sus hijos. En una oficina, los trabajadores deberían conocer las condiciones que respaldan la reanudación de actividades. En un edificio residencial, sus ocupantes necesitan acceso a las conclusiones relevantes, sin depender de rumores o mensajes incompletos. Tener esa información permite comprender una decisión que afecta la propia seguridad.

Aquí aparece otra pregunta incómoda: ¿qué hace quien necesita una evaluación y no puede pagarla? La respuesta debe contemplar a las familias con menos recursos, las comunidades apartadas y los inmuebles donde viven personas especialmente vulnerables. Propongo organizar apoyo técnico coordinado, con prioridades públicas según el riesgo y la vulnerabilidad, para que la capacidad económica no determine quién obtiene orientación oportuna.

También hace falta claridad sobre la responsabilidad de decidir. Administradores, empleadores y autoridades deben explicar qué les corresponde y cómo se apoyan en el criterio profesional. La presión por recuperar la normalidad exige decisiones oportunas, pero acompañadas de evidencia y de condiciones conocidas por quienes regresan. Esta experiencia merece convertirse en aprendizaje nacional. Un procedimiento claro para evaluar, comunicar y decidir el retorno permitiría reducir la incertidumbre en futuras emergencias. Para funcionar, tendría que ser conocido, practicable y respaldado por personal y recursos. Un documento archivado difícilmente tranquiliza a una familia que espera fuera de su hogar.

Cuando disminuyan las réplicas, también disminuirá la atención pública. Allí tendremos que demostrar cuánto aprendimos. La confianza se construye cuando alguien puede responder, con competencia y responsabilidad, la pregunta de una madre, un trabajador o un vecino: ¿Por qué podemos volver? Abrir una puerta es sencillo. Responder esa decisión de cruzarla es una prueba de responsabilidad.