¿Quién responde después de cortar la cinta?

El terremoto del pasado 9 de octubre no solo puso a prueba nuestras edificaciones. También obliga a examinar cómo Panamá ha contratado, construido, fiscalizado y mantenido su infraestructura pública durante décadas.

Preocupan especialmente los daños reportados en escuelas, hospitales, centros de salud, cuarteles de bomberos y estaciones de policía. Según Sinaproc, al 12 de octubre, 656 centros educativos presentaban algún grado de afectación, desde daños menores hasta colapsos. Como referencia, Meduca contabilizaba 3,102 planteles oficiales; porcentualmente hablando sería un 21% de las escuelas oficiales resultó con algún daño.

La preocupación tiene un trasfondo histórico. En 1976, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos impulsó el primer Código Antisísmico de Panamá, bajo la presidencia del ingeniero Diego Pardo y con referencias al Código de California.

El REP-84, publicado en 1985, dio fuerza jurídica obligatoria a la reglamentación estructural. Después llegaron las versiones de 1994, 2004, 2014 y 2021.

Las reglas distinguen la importancia de cada edificación: determinadas escuelas deben cumplir exigencias superiores a las ordinarias, y hospitales con servicios esenciales, estaciones de bomberos y cuarteles policiales requieren atención sísmica especial. Deben proteger vidas precisamente cuando ocurre una emergencia.

Es decir, Panamá no carece de antecedentes técnicos ni de reglas. Durante más de cuarenta años hemos tenido normas estructurales obligatorias. La pregunta es si se han cumplido, supervisado y acompañado de políticas serias de mantenimiento.

Conviene hacer una precisión: ningún reglamento garantiza daños cero ante un terremoto, y no toda grieta demuestra negligencia. Además, cada obra debe evaluarse según las normas aplicables cuando se diseñó y construyó. Pero esas cautelas no deben convertirse en excusas para renunciar a la investigación.

Los gobiernos sucesivos han anunciado inversiones millonarias, adjudicado contratos e inaugurado escuelas, hospitales y edificios públicos. Sin embargo, después de cortar la cinta, ¿quién vela por su vida útil? ¿Cuántas instalaciones cuentan con inspecciones periódicas, presupuestos de mantenimiento y planes de reforzamiento? La responsabilidad estatal no termina con la entrega: exige conservar lo construido para las generaciones siguientes.

La Contraloría General de la República también tiene preguntas que responder, dentro de sus competencias. Su deber constitucional y legal de fiscalizar fondos y bienes públicos, y la intervención de su Dirección Nacional de Ingeniería en determinados controles técnicos, justifican revisar expedientes, observaciones, pagos y actas de recepción. No corresponde confundir su función con la del diseñador, el inspector o la entidad contratante. Sí corresponde preguntar si los controles exigibles fueron oportunos y efectivos.

La empresa privada tampoco puede quedar al margen. Constructoras, diseñadores y firmas supervisoras asumieron obligaciones técnicas y contractuales. ¿Se respetaron planos y especificaciones? ¿Se verificó la calidad de los materiales? ¿Se documentaron las modificaciones y se corrigieron las deficiencias advertidas? No cabe presumir incumplimientos por los daños observados; tampoco eximir a nadie antes de revisar las pruebas.

Merecen reconocimiento, desde luego, los ingenieros, arquitectos y trabajadores cuyas obras resistieron. Precisamente por respeto a quienes cumplen, debemos identificar cualquier falla comprobada, sin generalizaciones ni acusaciones anticipadas.

Propongo una evaluación nacional, independiente y pública de la infraestructura estatal, con prioridad en escuelas, hospitales y servicios de emergencia. Deben participar profesionales idóneos, universidades, la SPIA y las autoridades competentes. Sus resultados deberían identificar antigüedad, reglamento aplicable, estado estructural, contratistas, supervisión, mantenimiento y necesidades de intervención. Cuando existan indicios, habrá que determinar responsabilidades y plan de remediación.

Esa evaluación debe confrontar daños con planos, estudios de suelo, ensayos de materiales, fechas de construcción y registros de mantenimiento. Solo así podremos distinguir los efectos inevitables de un sismo de posibles fallas humanas. Los resultados deben divulgarse sin reservas ni cálculos políticos.

No se trata de señalar a un gobierno en particular: este es un examen de décadas, de varias administraciones y de quienes contrataron con el Estado. Tampoco es únicamente una cuestión de concreto y acero. Si una escuela queda fuera de servicio, se afecta la educación; si un hospital o cuartel no puede operar, se debilitan la salud y la protección ciudadana. La seguridad de la infraestructura pública es también una cuestión de derechos humanos.

Los terremotos no se pueden evitar. Lo que sí podemos exigir es prevención, controles efectivos y rendición de cuentas. Antes de anunciar nuevas obras, corresponde responder quién construyó las anteriores, quién las fiscalizó y quién debía conservarlas. Porque gobernar no es solo cortar cintas. Es garantizar que, años después, esas obras sigan protegiendo a la gente.