Reforma educativa, estrategia decenal

Tras la crisis de la reforma educativa de finales de los años 70 y principios de los 80, Panamá, volvió a intentar una transformación estructural de su sistema educativo en los años 90. En 1995, después de 48 años sin una revisión, se abrió por primera vez un debate nacional serio sobre la Ley Orgánica de Educación, bajo la conducción del gobierno de Pérez Balladares y su ministro Pablo Antonio Thalassinos. Este proceso culminó en la aprobación de la Ley 34 de 1995, que introdujo reformas significativas al marco legal vigente. Producto de esta reforma, se diseñó la “Estrategia decenal de modernización de la educación panameña”, un esfuerzo de planificación nacional que buscaba modernizar el sistema, articular la educación con el desarrollo económico y social, y democratizar el acceso a una educación de calidad.

Aunque muchos gremios magisteriales inicialmente apoyaron las reformas, la implementación encontró fuerte resistencia. En 1997, una gran huelga nacional impulsada por sectores del magisterio puso en evidencia tensiones profundas respecto a los alcances, métodos y garantías laborales derivados del proceso de modernización.

Finalmente, con el cambio de gobierno en 1999, la Estrategia Decenal quedó en suspenso y posteriormente fue abandonada. Desde entonces, la falta de una política educativa de Estado —estable, continua y consensuada más allá de las coyunturas políticas— ha impedido la implementación de cambios estructurales en el sistema educativo panameño.

A esto se suma otro esfuerzo inconcluso: la modernización y transformación curricular de la educación media académica y profesional-técnica. aunque se diseñaron planes para actualizar los programas, vincular la educación técnica con las demandas del mercado laboral y fortalecer las competencias básicas y laborales de los estudiantes, estos proyectos quedaron a medio camino.

Como resultado, los egresados de la educación media enfrentan serias deficiencias en competencias fundamentales, tanto para incorporarse exitosamente al mercado de trabajo como para continuar estudios superiores.

Estos fracasos evidencian una constante histórica: la educación en Panamá ha estado marcada más por reformas frustradas y abandonadas que por procesos sostenidos de mejoramiento. Esta situación refleja la persistente ausencia de una visión nacional, integral y comprometida con la educación como eje estratégico del desarrollo y de la justicia social.

Una de las principales causas de este estancamiento es la falta de un gran pacto nacional por la educación en el que concurran de manera auténtica todos los actores que intervienen en el desarrollo nacional: el Estado, los gremios docentes, los estudiantes, los padres de familia, el sector empresarial, las universidades y la sociedad civil organizada. Un pacto que garantice continuidad, estabilidad, corresponsabilidad y visión de país, más allá de los intereses políticos coyunturales.

Cabe recordar, además, que la educación es un derecho público, tanto en su expresión oficial como en su modalidad privada, y que el Estado tiene el deber de garantizar su calidad, pertinencia, equidad y accesibilidad. Sin una conciencia compartida de esta responsabilidad colectiva, cualquier intento de transformación educativa volverá a quedar inconcluso, hipotecando el futuro de generaciones enteras.

En este contexto de transformación educativa incompleta, es esencial reimaginar también el perfil del docente panameño para el siglo XXI, cuya formación y desempeño deben alinearse con los desafíos del mundo globalizado y digital. Un docente panameño del futuro no solo debe ser un experto en su disciplina, sino también:

1. Un facilitador del aprendizaje: que se adapte a nuevas metodologías pedagógicas centradas en el estudiante, con un enfoque constructivista y participativo.

2. Capaz de integrar la tecnología: en su práctica diaria, utilizando las herramientas digitales de forma estratégica para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándose a la era digital.

3. Comprometido con la inclusión: que garantice una educación equitativa, capaz de atender la diversidad cultural, lingüística y socioeconómica de los estudiantes, promoviendo la igualdad de oportunidades.

4. Promotor de habilidades para el siglo XXI: que prepare a los estudiantes no solo en contenidos académicos, sino también en habilidades blandas, como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, esenciales para el mercado laboral global.

5. Un líder ético y reflexivo: que sea un modelo de valores democráticos, éticos y de responsabilidad social, con un compromiso hacia el desarrollo integral de los estudiantes y la mejora continua de su práctica docente.