Residuos urbanos y responsabilidad ciudadana

El artículo 118 de la Constitución panameña consigna el derecho al medio ambiente. Según dicha norma, “es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”. Adicional, el artículo 223 establece una serie de competencias municipales entre las que se encuentra “prestar los servicios públicos ... que determine la ley...”. Históricamente, el servicio de recolección y manejo de residuos sólidos urbanos, domiciliarios o comerciales, recayó en los municipios; sin embargo, la Ley 29 de 2010, que creo la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), cambió las reglas del juego, al menos en el Municipio de Panamá y -ahora- en San Miguelito. Dicha autoridad y sus competencias, valga la pena decirlo, no fue producto de criterios técnicos- científicos, ni mucho menos, más bien fue producto de intereses y rejuegos políticos, y su desempeño ha sido no menos que altamente cuestionable.

Pero volviendo al artículo 118 supracitado, podría decirse a priori que se trata de la típica disposición en la que el Estado se obliga a algo idealmente que en la práctica no puede garantizar. Es decir, la norma sería una expresión de la arraigada, pero infundada creencia, del ‘estado omnipotente’ cuyo accionar haría posible un ambiente sano y libre de contaminación.

Al margen de esto, dicha norma no implica que el Estado a través de alguna institución esté en la obligación de ofrecer el servicio de recolección y manejo de residuos urbanos ni de ningún tipo; por el contrario, podría sostenerse de una manera bastante razonable, más liberal y menos estatista y paternalista, que el individuo (persona natural o jurídica) es responsable (en sentido moral y causal) por los residuos (desechos) que produce, y -por ello- es el primer obligado (responsable originario) a darle un tratamiento adecuado y óptimo a dichos desechos. Con respecto a esa responsabilidad, la obligación del Estado sería más bien secundaria (llamémosla, responsabilidad derivada): se vería reducida a la creación de un marco normativo-institucional en el cual la responsabilidad individual se hace efectiva. Esto implica que son los propios ciudadanos los que se organizan y ejecutan –como protagonistas activos– las formas en que se han de tratar los residuos que derivan de sus prácticas consumistas, de modo que más que el Estado son ellos mismos la garantía de un ambiente sano y libre de contaminación. Así, en el caso de la recolección de residuos, los ciudadanos deberían tener la libertad de asociarse y contratar a quien les brinde ese servicio de manera (mínimamente) eficiente y satisfactoria.

Sin embargo, es poco realista que esto suceda. En parte porque el tema de los desechos está relacionado con intereses que desbordan lo individual-comunitario o no tienen nada que ver con ello. Su tratamiento, además de las implicaciones económicas que posee, sirve de pretexto como elemento propagandístico, pensemos, por ejemplo, en el espectáculo mediático de las autoridades limpiando veredas y calles en zonas marginales infestadas de desechos mal dispuestos o incorporando a privadas de libertad en la jornada de limpieza.

En San Miguelito se ha tenido mucho de esto últimamente, con el municipio y el gobierno (AAUD) como protagonistas, ambos atrincherados en la consigna de que “lo que el pueblo quiere es que se recoja la basura”. Poniendo entre paréntesis ese ‘querer’, ¿qué responsabilidad, qué liderazgo, ha asumido el pueblo con respecto al problema en cuestión? Hasta ahora, ninguno.

Hay otro aspecto importante que destacar en esta lucha por la basura en el popular distrito: la insistencia en la ineficiencia. La empresa que brindó el servicio de recolección de residuos por más de dos décadas tuvo un desempeño menos que lamentable en todo ese tiempo, con la complicidad histórica de autoridades locales que nunca quisieron mejorar las cosas. Con ese actor fuera del servicio, la gran apuesta es la AAUD, una entidad con desempeño deplorable, que no ha tenido siquiera la capacidad de lidiar con el mismo problema en la ciudad de Panamá.

Los cambios suelen ir de la mano de expectativas, pero en este caso, dada la entrada en escena de una entidad del gobierno con un desempeño mediocre e ineficiente, no tiene mayor sentido albergar la esperanza de que las cosas mejorarán. Es necesario, por tanto, que los propios ciudadanos tomen cartas en el asunto para que las cosas mejoren.