Servir. No ser vil...

El artículo 17 de la C.N. - garantía fundamental - establece que las autoridades están instituidas para proteger, en su vida, honra y bienes a los ciudadanos; no obstante, para la mayoría de la población, la realidad es diametralmente opuesta; como si el propósito de las autoridades fuera garantizar el abuso, del aparato gubernamental y, peor aún, de las empresas de servicios públicos. Nunca antes hubo tantas instituciones para proteger la población, entre ellas: la ASEP; la defensoría del pueblo; Acodeco; AAUD; el Centro de Atención Ciudadana (311); Senafront; la SBP; la SSRP; la dependencia del Órgano Judicial para la protección al Consumidor; el Ministerio de Seguridad, que incluye a la Policía Nacional; y la ANTAI, que teóricamente está por encima, por estar facultada para fiscalizar a las instituciones que deben proteger al ciudadano.

Aunque la administración de justicia debe ser gratuita, expedita e ininterrumpida; difícilmente, el ciudadano que acude a cualquier instancia a solicitar atención, la recibirá y muchos menos resolverán; la barrera burocrática es infranqueable, por exceso de requisitos imprescindibles para formalizar la solicitud; por lo que, en la mayoría de los casos; el quejoso termina sometido y aceptando arreglos de pago, para evitar la suspensión del servicio; hecho que justifica la sospecha de complicidad de las instituciones “protectoras” con empresas abusadoras; cuya prioridad es el desmedido afán de lucro; ignorando el clamor generalizado a causa del servicio deficiente, aumentos arbitrarios de tarifas y los innumerables obstáculos para suspender el contrato. ¿Cuántos usuarios no hemos sido víctimas de cuentas exorbitantes, por registros imposibles de justificar, que terminan forzando los arreglos de pago?. Sin embargo, justo en medio de este escenario de repudio por la inoperancia de las agencias protectoras, el gobierno adelanta gestiones dirigidas a convertir el agua en mercancía y permitir que el poder económico la explote.

A la juventud del primer quinquenio de la década del 60, nos consta que, antes de la proliferación de estas “instituciones protectoras”, la paz, la seguridad y el bienestar social eran realidad; porque la educación y la salud pública, eran prioridad de Estado; la corrupción y la impunidad eran la excepción, no la norma y las instituciones públicas funcionaban.

Por eso desmantelaron la educación, porque el 9 de enero de 1964, la juventud consciente, reflexiva y propuesta a perfeccionar la soberanía en todo el territorio nacional, junto al pueblo, marcamos un hito ético e histórico en la lucha por el respeto a la autodeterminación de los pueblos y al pleno ejercicio de sus derechos soberanos; justo lo opuesto de ahora que, con los “memorandos de entendimiento”, subordinan la autonomía del Estado, mientras recorren el mundo pidiendo reconocer la neutralidad.

Urge identificar la captura regulatoria de los servicios públicos por parte del poder económico, origen de la violencia estructural y del aumento de las desigualdades sociales; evidencia del Estado fallido; imprescindible para consensuar las alternativas y evitar la catástrofe social y el protectorado o serán varias las generaciones de compatriotas que deberán pagar una cuota muy alta de sacrificio. Ni minería que contamina ni agua para enriquecer a quienes se avorazan tratando de saciar su infinita codicia. Basta de corrupción, impunidad, autoritarismo y demagogia.