Sin democracia y sin derechos

Sin democracia y sin derechos, este es el escenario que vive el país. Está prohibido de hecho opinar y tener propuestas distintas a las del Gobierno y sectores del empresariado, se ha conculcado el derecho a la movilización, la protesta, reunión y organización.

En estos momentos, integrantes y dirigencias de sindicatos, educadores, gremios, grupos originarios, estudiantes y comunidades son perseguidos, salvajemente reprimidos, judicializados, encarcelados, amenazados. Hay presos políticos y asesinados.

La violencia institucional que vienen ejerciendo se manifiesta en todas sus formas: física, psicológica, económica (cierre de cuentas y la ilegal retención del 5 % del seguro educación).

La censura se ha impuesto, la matriz informativa solo proviene de las élites del poder económico y su gobierno, pese a que las frecuencias son públicas. Tratan de ocultar la realidad, la que sí muestran las redes y medios internacionales, la que se materializa en la cotidianidad que estamos viviendo.

Las normas esenciales del ejercicio democrático del poder político implican la plena participación de la población en la toma de decisiones. Aún surgidos de elecciones, los gobiernos pueden quebrantar esta norma cuando se usan los poderes del Estado para imponer sus ideas como la única verdad e imponer los intereses que se esconden detrás, tal como sucede en el gobierno de Mulino frente a la Ley 462, los intentos de reactivar la minería, los embalses y el memorándum de entendimiento.

Hasta la institucionalidad burguesa ha sido negada, en la medida que existe un gobierno que actúa al margen de la Constitución, las leyes y los pactos internacionales de los que Panamá es signataria. Donde la supuesta separación de poderes hoy no existe. Simultáneamente, el Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional han realizado una escalada represiva, quizás solo comparable con el período de dictadura militar, que busca intimidar a las bases de las organizaciones e impedir su capacidad de movilización. Diversos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos coinciden en que se está desarrollando una ofensiva jurídica, policial y mediática cuyo objetivo es debilitar, intimidar y silenciar a las organizaciones del movimiento social, en un contexto de alta conflictividad social y creciente movilización popular.

En esa embestida antidemocrática y de negación de derechos humanos, también aparece la Defensoría del Pueblo, que al margen de lo que mandata la ley, se ha constituido en un vocero más del oficialismo, que no presta defensa, acompañamiento, investigación y seguimiento a los cientos de casos de violación de derechos humanos y negación de debidos procesos.

Se trata de un Estado fallido, cuyas condiciones han sido creadas por sectores empresariales atrasados que impulsan concepciones de la ultraderecha.

No hay democracia sin derecho de manifestación. Negar la posibilidad de que los ciudadanos se organicen, expresen y movilicen en los espacios públicos, es incompatible con la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido contundente “No hay democracia sin derechos humanos, ni derechos humanos sin democracia”.

Nos asiste la razón histórica, por eso un pueblo en resistencia. Es Bocas del Toro, Darién (Arimae, Emberá Puru, Metetí y otras comunidades), Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, la comarca ngäbe y todas las comarcas indígenas, es todo el país que ha alzado su voz contra el atropello, la marginación, la desigualdad, la falta de justicia, la imposición de gobiernos que solo imponen a sangre y fuego los intereses de grupos financieros-bancarios y del extractivismo minero. ¿Acaso en su ceguera política y autoritarismo el Gobierno no se da cuenta?

El movimiento social ha sido claro en los temas que deben ser abordados. Ha planteado su disposición a un verdadero diálogo en el marco del respeto a las garantías individuales de la población, el cese a la persecución, hostigamiento y represión contra la dirigencia sindical y gremial, libertad para los compañeros detenidos y eliminación de los procesos de judicialización y persecución.

Es el Gobierno el que se ha negado a dialogar. Al parecer no le interesa resolver el problema; es el responsable de la crisis que vive nuestro país.