Sin profesionalización no habrá transformación del sistema de salud

En las últimas semanas he sostenido que el principal propósito de la integración del sistema de salud debe ser avanzar hacia una mayor equidad sanitaria. También he señalado que el éxito de esa integración dependerá, en gran medida, de la calidad de la gobernanza y de la capacidad institucional para ejecutarla. Sin embargo, existe una condición previa que rara vez ocupa el lugar que merece en el debate público: la profesionalización de la gestión pública.

Podemos diseñar los mejores modelos organizacionales, aprobar nuevas leyes, crear comisiones, redefinir competencias o modernizar procesos. Pero ninguna reforma será sostenible si quienes deben conducirla carecen de las competencias, la experiencia y la estabilidad necesarias para hacerlo. La transformación del sistema sanitario es, ante todo, un desafío de liderazgo, gestión e institucionalidad.

La salud es uno de los sectores más complejos de la administración pública. Gestionar hospitales, centros de atención primaria, redes de servicios, cadenas de abastecimiento, recursos humanos, presupuestos multimillonarios y procesos de transformación organizacional requiere capacidades técnicas y gerenciales altamente especializadas.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, la selección de autoridades y mandos medios continúa estando influenciada por criterios ajenos al mérito, la experiencia o las competencias de gestión.

Cuando los nombramientos responden principalmente a consideraciones políticas, personales o clientelares, las instituciones pierden capacidad para planificar, ejecutar y sostener reformas de largo plazo.

La meritocracia no es un lujo tecnocrático. Es una condición indispensable para garantizar que las decisiones sean tomadas por las personas más competentes y mejor preparadas para asumirlas.

Los países que han logrado construir sistemas de salud más eficientes, equitativos y resilientes comparten una característica común: han fortalecido progresivamente la profesionalización de su servicio público.

Otro de los grandes desafíos de Panamá es la dificultad para dar continuidad a las políticas públicas. Con frecuencia, los cambios de gobierno traen consigo cambios de prioridades, sustitución de equipos técnicos y abandono de iniciativas que apenas comenzaban a consolidarse. Esta dinámica tiene costos elevados para cualquier sector, pero resulta particularmente perjudicial en salud.

La construcción de redes integradas de servicios, la transformación digital, la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de la atención primaria o la reducción de las desigualdades territoriales son procesos cuyos resultados suelen observarse después de varios años de trabajo sostenido. Por ello, la transformación sanitaria requiere acuerdos nacionales que trasciendan los ciclos electorales y permitan mantener el rumbo independientemente de quién ocupe temporalmente los cargos de dirección. Las instituciones sólidas no reinventan su rumbo cada cinco años.

La transformación del sistema de salud exige pasar de una administración centrada en procedimientos a una gerencia pública moderna orientada a resultados. El éxito no debe medirse por reuniones, informes o presupuesto ejecutado, sino por mejoras concretas en acceso, calidad, abastecimiento de medicamentos y reducción de desigualdades. Esto requiere planificación estratégica, decisiones basadas en evidencia y fortalecimiento de las capacidades gerenciales.

Asimismo, la ciudadanía debe asumir un papel activo mediante mecanismos de transparencia, participación y rendición de cuentas. La confianza pública se construye con resultados verificables y control social efectivo, no solo con promesas o discursos institucionales. Este control social debe entenderse como una herramienta democrática para fortalecer la legitimidad institucional y garantizar que las decisiones respondan efectivamente a las necesidades de la población.

“La ciudadanía no debe ser una espectadora de la transformación del sistema de salud; debe convertirse en una participante activa de su supervisión y mejora”.

Cuando una institución depende exclusivamente del talento, la voluntad o el compromiso de determinadas personas, los avances logrados suelen ser frágiles y difíciles de sostener en el tiempo.

Por el contrario, las organizaciones sólidas desarrollan reglas, procesos, capacidades y mecanismos de rendición de cuentas que les permiten mantener su desempeño más allá de los cambios de autoridades. Logran perdurar en el tiempo gracias a una cultura institucional sólida, un liderazgo comprometido con el desarrollo humano, un propósito claro y la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno sin perder su identidad.

Por ello, el verdadero objetivo debe ser construir instituciones capaces de aprender, innovar y mejorar continuamente, independientemente de quién las dirija en un momento determinado.

Si Panamá aspira a transformar su sistema de salud, deberá asumir que la integración, la equidad y la gobernanza son parte de una misma ecuación.

Pero también deberá reconocer que ninguna de ellas será viable sin una apuesta decidida por la profesionalización de la gestión pública, la meritocracia, la continuidad de las políticas públicas, la gerencia pública moderna y el fortalecimiento institucional.

La transformación sanitaria no depende únicamente de nuevas estructuras.

Depende, sobre todo, de nuestra capacidad para construir instituciones públicas competentes, estables y orientadas al interés general. Porque al final, los sistemas de salud más exitosos no son aquellos que dependen de personas excepcionales, sino aquellos que han logrado construir instituciones capaces de producir resultados excepcionales de manera sostenida. Ese es, probablemente, el desafío más importante que enfrenta hoy la transformación del sistema de salud panameño.