Soberanía frente coerción: Panamá no recibe lecciones de Pekín

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión de las terminales de Balboa y Cristóbal a una subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison, ha provocado una reacción del régimen de China Popular que trasciende lo diplomático para entrar en el terreno de la amenaza abierta. Las declaraciones proferidas por la Embajada de China Popular en Panamá, y la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, calificando el fallo de “absurdo y patético”, sumadas a la orden de las autoridades del régimen chino de suspender proyectos estatales y arreciar inspecciones contra productos panameños, no son solo una injerencia inaceptable sino la confirmación de que, para Pekín, el comercio es una extensión de su control político y no un ejercicio de libertad económica.

El régimen chino no posee autoridad moral, ni jurídica, para cuestionar la institucionalidad panameña. En China no existe la separación de poderes; la justicia es un apéndice del Comité Central del Partido Comunista y la legislación sobre inversión extranjera es inherentemente coercitiva. Pretender que Panamá subordine su orden constitucional a los intereses de una empresa controlada indirectamente por un Estado totalitario es desconocer nuestra esencia como democracia liberal. Panamá es un Estado de Derecho donde los fallos judiciales, gusten o no, se sustentan en la Constitución y la ley, no en consignas partidistas.

Panamá tampoco tiene nada que aprender de China en materia de libre comercio. Fuimos miembros de la OMC mucho antes y contamos con una red de tratados de libre comercio e inversiones más amplia, diversificada y, sobre todo, basada en una reciprocidad real. China, por el contrario, ha construido su hegemonía mediante prácticas predatorias: violación sistemática de la propiedad intelectual, competencia desleal basada en estándares laborales y ambientales ínfimos, y un historial de incumplimiento de laudos comerciales en el seno de la propia OMC. Un actor que utiliza el comercio como arma de castigo ante decisiones judiciales soberanas, no es un socio confiable, sino un riesgo estratégico.

La virulencia de la reacción china es, por tanto, una prueba de cargo. Cuando la CSJ declaró inconstitucional la concesión minera de una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Corea del Sur, - naciones con intereses en dicha operación -, respondieron con amenazas de bloqueo comercial o insultos a la CSJ. Esas naciones comprenden lo que significa la independencia judicial. El hecho de que Pekín reaccione hoy con represalias materiales contra nuestras exportaciones y proyectos de infraestructura, solo confirma que la concesionaria no era un actor privado operando bajo reglas de mercado, sino una pieza del engranaje geopolítico del régimen.

Esta crisis debe servir para que Panamá despierte de la ilusión de una integración profunda con China Popular. La firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Pekín no solo es inconveniente, sino peligrosa, pues nos expondría a una vulnerabilidad estructural frente a un régimen que no duda en utilizar la retaliación como herramienta de negociación. Por el contrario, es el momento de reactivar el aún vigente TLC con Taipei, China y restablecer relaciones comerciales plenas con la isla. Esta acción, - perfectamente compatible con el marco de la OMC -, no violenta las relaciones diplomáticas existentes y envía un mensaje de dignidad y diversificación necesaria.

Panamá debería también llevar esta situación al Consejo General de la OMC y presentar una declaración formal y preguntas a la delegación de la República Popular China sobre estas amenazas, que violan el espíritu y la letra del sistema multilateral de comercio. Asimismo, nuestra actual pertenencia al Consejo de Seguridad de la ONU nos otorga una plataforma privilegiada para plantear, cara a cara, que el respeto a la separación de poderes en Panamá no es negociable. Los ataques a nuestra máxima corporación de justicia son ataques a la República misma y no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia.

Afortunadamente, Panamá cuenta con armas comerciales y diplomáticas sólidas. Nuestra relación histórica, económica y monetaria con Estados Unidos, sumada a los lazos estratégicos con la Unión Europea, el EFTA, Israel, casi todo el Hemisferio Occidental, y potencias asiáticas democráticas como Corea del Sur, Japón y Singapur, nos brinda el respaldo necesario para no ceder ante el chantaje. Nuestra plataforma logística y el Canal de Panamá son activos globales que deben ser gestionados bajo principios de neutralidad y transparencia, valores que el régimen chino, -por cierto-, ha demostrado no compartir al negarse a ratificar el Tratado de Neutralidad del Canal.

La soberanía no se negocia por un puñado de proyectos de infraestructura que, a menudo, vienen acompañados de “trampas de deuda” y pérdida de control territorial. El comportamiento desplegado por Pekín tras el fallo portuario debe invitarnos a una revisión profunda del nivel y la naturaleza de nuestra relación bilateral. Panamá es una nación pequeña en territorio, pero inmensa en su dignidad y en su posición geográfica. Si el régimen chino pretende que renunciemos a nuestra Constitución para complacer sus intereses corporativos, se ha equivocado. La defensa de nuestro Estado de Derecho es la mejor garantía para los inversionistas serios del mundo, y la mejor respuesta ante quienes pretenden tratarnos como una nación amedrentada por sus dictados. Tenemos que seguir mirando hacia aliados que respetan las reglas, y no hacia regímenes que las rompen cuando no les favorecen.