Sobre vigas perdidas y el cuarto puente

Próximos a cumplirse los seis (6) meses, contados desde cuando el titular del MOP acudiera con gran despliegue publicitario a la Procuraduría General para denunciar que, según sus estimaciones y debido a las que calificó como conductas fraudulentas de los responsables de la obra, en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal, el Estado ha perdido la muy estimable suma de mil ochocientos millones (1,800,000,000), el ministro de marras ha vuelto a la carga para ratificarse en sus afirmaciones y, además, dramatizarlas afirmando que ese dinero perdido pudo haber financiado la construcción de, como mínimo, más de 300 kilómetros de carreteras que el país necesita urgentemente y por las que esperan muchas poblaciones.

En una comparecencia ante medios de comunicación que, según parece estaba destinada a hablar del famoso caso de las vigas H perdidas, hay que asumir que debido al tiempo que ha transcurrido, al ministro debieron haberle preguntado sobre el estado de la denuncia relacionada con el Cuarto Puente; y su respuesta fue la repetición de lo que antes había declarado: que en ese proyecto el Estado ha sufrido una lesión patrimonial de 1,800 millones que, de no haberse perdido, hubieran servido, como ya dijo anteriormente para construir centenares de kilómetros de carreteras o para cubrir el costo de construir otro puente sobre el canal.

Y lo otro que agregó es que la tramitación de la denuncia, ahora, después de los seis meses transcurridos “sigue su curso”; que se han citado a declarar a funcionarios del MOP (no aclaró si anteriores o actuales) y que están por agregársele los informes de las auditorías que está terminando de realizar la Contraloría General.

Después del ruido que acompañó la denuncia el pasado mes de junio, que todo lo que el denunciante pueda explicar, después de transcurridos seis meses, es lo que le atribuyen y reprodujeron los medios, no lo retrata muy bien. Para comenzar, acudir a los medios para anunciar que su despacho tiene proyectado “hacer buen uso, en proyectos del ministerio, del tercio recuperado de las vigas H”, es una insustancialidad. Lo que correspondía y razonable era que explicara, por el largo tiempo transcurrido desde que fueron hurtadas y encontradas, en qué ha quedado o cual es el estado de la investigación.

En cuanto a la denuncia relacionada con el Cuarto Puente, por la magnitud del monto involucrado, que solo haya podido informar que “se han citado a funcionarios del MOP”, es también muy poca cosa. El ministro en cuestión lleva en el cargo un año y medio. Que después de transcurrido ese tiempo, todavía no haya explicado, y menos justificado, cómo sustenta, con cifras precisas, el monto de la cifra denunciada, es de muy poco recibo.

En un artículo sobre el mismo tema, publicado en el diario El Siglo, hacia finales de junio de 2025, o sea, pocos días después de la susodicha denuncia, aparte de considerarla como justificada, aunque era notoria su tardanza, recalcaba que no solo bastaba con las afirmaciones del denunciante y recomendaba que, en un asunto de tanta envergadura, era conveniente que se “allegaran” al proceso los informes técnicos de, por ejemplo, la Universidad Tecnológica y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Esos dictámenes, contribuirían a dar sustento y credibilidad, las que, hasta ahora, no pasan de ser, por lo que parece, afirmaciones hechas para provocar titulares de prensa.

Además, en este asunto, aparte de las afirmaciones del denunciante de los montos globales de los perjuicios sufridos por el Estado, estos incluyen cifras referentes a transacciones financieras, cuya aclaración sería conveniente que, como corresponde, fueran avaladas por el ministerio de Finanzas.

Que el caso se haya llevado a las instancias judiciales fue una decisión correcta y saludable; pero después del tiempo transcurrido, que solo sigamos leyendo declaraciones del titular del MOP, con todas las carencias que son notorias, de muy poco sirven y nada aclaran. A ese respecto, aparte de los pasos sugeridos, es impostergable que el Ministerio Público abandone su mutismo e informe, con detalles, el estado actual de la denuncia y, sobre todo, el tiempo estimado para que se conozcan los resultados.