Sumisión o insurgencia

En 1947, el paleontólogo norteamericano Alexander Wetmore, de visita en Panamá, al observar la deforestación en la región de Azuero debido a la ganadería extensiva, hizo una predicción: “Van a tener una crisis del agua”. Sesenta años después se cumplió.

Ahora, “el gobierno que apoya a la empresa privada y a nadie más”, basado en un “memorando de entendimiento” con Israel, decidió resolver el problema con un reservorio multipropósito en La Pitaloza, en un área de entre 600 y 700 hectáreas, y una presa de unos 400 metros de largo, a un costo estimado en $980 millones.

El propósito es convertir el agua en mercancía y usarla de instrumento financiero en los contratos de derecho de uso y explotación del agua que se negocian en la bolsa de valores, política coherente con las conclusiones del Banco Interamericano de Desarrollo: “el agua en Panamá tiene un valor económico y geoestratégico idéntico al del petróleo en los países del Golfo; el problema real es la gobernanza y la solución exige financiamiento e inversión privada obligatoria”.

La asesoría israelí afirma: “la mejora del sistema hídrico requiere tiempo, infraestructura y cambios en la gestión”; ya cuentan con “la ley” de las Alianzas Público-Privadas, y en la Asamblea, donde procesan las recetas que dispone el capital financiero (FMI, BM, etc.), ya adelantan proyectos para la corporativización, con financiamiento e inversión privada obligatoria, porque “lo que está en juego es la seguridad del sistema financiero”.

Los conocedores del tema saben que lo racional y pertinente es reforestar y preservar los bosques de galería; interrumpir el ciclo de contaminación con las actividades agrícolas y pecuarias y asegurar el saneamiento; incluso estiman que el área aproximada es de 750 hectáreas y que, a un costo promedio de $3,000 por hectárea, significaría cerca de $2.5 millones o sea que sobrarían recursos para establecer programas de educación sanitaria y garantizar que todo hogar disponga de agua potable intradomiciliaria.

La ONU (Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010) reconoce explícitamente el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Sería una infamia, entregar el control del agua a empresas transnacionales de servicios públicos, asegurando que solo se trata de un nuevo modelo de gestión o financiarización o cualquier otro término, útil para atrapar incautos, y convertir el agua en un activo financiero de inversión.

Solo una administración rastrera y sometida al poder económico podría empeñarse en imponerla; pero solo un pueblo sumiso, manipulado y resignado podría consentirlo. Urge analizar el problema en el contexto del sistema financiero y comprender que el objetivo del poder económico es lucrar con el agua y quienes no tengan como pagarla que “vayan a buscarla al río”.

Veamos el numeral 6 del artículo 257 de la Constitución, 259 y 260, porque lo que cuenta es el interés público y el bienestar social, no el insaciable afán de lucro del poder económico. Robespierre dijo: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.

Ni mina, que contamina ni complicidad con los opresores que esclavizan. Solo el pueblo salva al pueblo. Alto a la iniquidad; frente a los abusos del poder, Victoriano vive: “la pelea es peleando”.