¿Tiene Panamá una democracia resiliente?

En seguimiento a mi artículo previo sobre la separación del los poderes del Estado como mecanismo esencial para evitar el abuso de poder, proteger los derechos ciudadanos y garantizar que ninguna autoridad actúe sin límites; me refiero en esta glosa a reflexionar sobre la resiliencia de nuestra democracia. Al fin y al cabo, esa separación de poderes, es “conditio sine qua non” para la existencia de una democracia resiliente.

Para comenzar vale subrayar que una democracia resiliente es aquella que tiene la capacidad de resistir, adaptarse y recuperarse frente a crisis, amenazas o desafíos, sin perder su esencia ni comprometer sus principios fundamentales: el Estado de derecho, los derechos humanos, la separación de poderes, la libertad de expresión y unas elecciones libres y justas.

Una democracia resiliente —sin ánimo de agotar el tema— se sostiene en pilares que van mucho más allá del simple acto de votar cada cinco años. Se basa en: instituciones sólidas e independientes; una sociedad civil activa y vigilante; capacidad de reforma y aprendizaje frente a las crisis, a fin de fortalecer sus mecanismos preventivos; pluralismo y tolerancia frente a la diversidad, para buscar el consenso sin reprimir el disenso; capacidad de respuesta efectiva ante amenazas internas y externas, a la vez que mantiene su integridad y transparencia, y; los ciudadanos comprenden y valoran el sistema democrático, participan activamente y están preparados para defenderlo.

Nuestro país tiene los elementos para fortalecer una democracia resiliente, pero enfrenta desafíos estructurales y coyunturales que la debilitan. Miremos con más detalles.

Comencemos con lo positivo. Panamá cuenta con una Constitución democrática, con elecciones periódicas y alternancia en el poder desde 1990. El Tribunal Electoral, aunque no perfecto, sigue siendo funcional y goza de cierta legitimidad. Además, existe una prensa crítica y un espacio cívico que, aunque bajo presión, sigue activo. Y sí, en papel, la separación de poderes está consagrada.

Pero también hay sombras que no podemos ignorar. La independencia judicial y legislativa se ha visto afectada en ocasiones por la politización y el clientelismo. La percepción de corrupción y la impunidad siguen minando la confianza pública. La desigualdad social debilita la legitimidad del sistema, pues la democracia no ha garantizado bienestar ni justicia distributiva. Y lo más alarmante: la ciudadanía está desmovilizada, confundida por la desinformación, y atrapada en una cultura política donde el clientelismo y el populismo parecen seguir marcando el ritmo.

A pesar de estas debilidades, y aprovechando las fortalezas más arriba señaladas, es claro que Panamá tiene una base democrática suficiente. Se necesita una ciudadanía crítica que, con reformas estructurales, mayor educación cívica y voluntad política, puede avanzar hacia una democracia más resiliente, justa y participativa.

Veamos para terminar una propuesta —y advierto que me quedo corto— de combinación de reformas institucionales, culturales y sociales, para fortalecer la resiliencia democrática en Panamá. La meta es blindar el sistema democrático frente a crisis, autoritarismos y corrupción, y al mismo tiempo mejorar su legitimidad ante la ciudadanía.

De entrada, es obligatorio blindar la de los poderes del Estado, mediante tres intervenciones: reformar del proceso de nombramientos (magistrados, fiscal general, contralor, procurador, etc.) para asegurar mérito, transparencia y participación ciudadana; crear o fortalecer órganos de evaluación y rendición de cuentas sobre el actuar de jueces y fiscales y; despolitizar la Asamblea Nacional: prohibir el transfuguismo y reformar el reglamento interno para evitar excesos de poder.

Es igualmente necesario combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho. Para ello requerimos: crear un Sistema Nacional Anticorrupción con participación de sociedad civil, fiscalía y contraloría, con autonomía real; aprobar una ley de extinción de dominio eficaz y sin uso político; fortalecer el sistema judicial con mayor presupuesto, formación técnica y ética, y; establecer plazos procesales obligatorios para evitar la impunidad por prescripción.

Es fundamental promover una ciudadanía activa y educada democráticamente. En ese sentido, debemos: reformar los planes de estudio para incluir educación cívica, ética pública y pensamiento crítico; financiar y proteger espacios de participación ciudadana, cabildos abiertos y presupuestos participativos, y; promover campañas contra la desinformación y el discurso de odio.

Finalmente es imperativo garantizar derechos y libertades fundamentales. Es obligatorio: proteger la libertad de expresión y de prensa, asegurando independencia económica y jurídica de los medios; establecer protocolos para la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos, Y; modernizar el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables.

En conclusión. Panamá tiene los elementos para construir una democracia resiliente. Pero no basta con tener instituciones en papel. Se necesita voluntad política, presión ciudadana y una narrativa pública que valore la democracia no solo como sistema de gobierno, sino como cultura de vida.

Porque la democracia no se defiende sola. Se defiende con conciencia, con acción, y con una ciudadanía que no se rinda frente al cinismo ni al miedo.