Tonosí, el Panamá profundo y una deuda histórica

El Dr. Belisario Porras, quien conoció el Valle de Tonosí en 1900 durante la Guerra de los Mil Días, lo describió como “una región incomparable, asiento prometido para generaciones venideras y futuro brote de imponderables riquezas” (Historia del Distrito de Tonosí, por Isidro Valdés). El distrito de Tonosí, ubicado en la provincia de Los Santos, es el mayor de esta demarcación con una extensión territorial de 1,355 km². Posee una importante riqueza hídrica, representada por los ríos Tonosí, Güera, Guánico y Limón, y cuenta con una población de 9,784 habitantes (INEC). Históricamente, ha sido una región eminentemente agropecuaria y una de las grandes promesas de desarrollo del país.

En 1924, la United Fruit Company adquirió 36.000 hectáreas en el Valle de Tonosí para el cultivo de banano; sin embargo, el proyecto fracasó al no obtener los resultados esperados. Años después, un importante movimiento cívico impulsado por la Confederación de Sociedades Santeñas logró que esas tierras fueran devueltas a la nación mediante la Ley 8 del 25 de enero de 1950, para ponerlas al servicio del desarrollo agropecuario de la región.

El terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre de 2026 en La Pitaloza, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, ha puesto nuevamente en evidencia una realidad dolorosa: las profundas desigualdades sociales y económicas que existen en Panamá.

La tragedia no solo dejó daños materiales y pérdidas económicas; también reveló la precariedad en la que viven miles de ciudadanos y ciudadanas del interior del país. En numerosas comunidades de difícil acceso no existen carreteras adecuadas, agua potable, energía eléctrica, centros de salud funcionales ni medicamentos suficientes para atender las necesidades básicas de la población.

Las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé —el llamado Panamá profundo— fueron severamente golpeadas por el sismo. En todas ellas apareció un denominador común: la pobreza y la pobreza extrema. Son miles de panameñas y panameños que enfrentan diariamente condiciones de vida cada vez más difíciles y que hoy sufren una situación aún más crítica. Niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores permanecen en condiciones de vulnerabilidad extrema. Muchas familias han perdido sus viviendas y se encuentran expuestas a la intemperie; en numerosas comunidades ni siquiera existen catres o camas para las personas encamadas, quienes sobreviven en circunstancias que atentan contra su dignidad y seguridad.

Dieciséis días después de la tragedia, al momento de escribir este artículo, todavía persisten múltiples carencias. No se han instalado de manera suficiente los servicios móviles requeridos ni se dispone de refugios adecuados para proteger a toda la población afectada. Tampoco se ha comunicado la existencia de ningún plan. Mientras pasan los días, aumenta la incertidumbre de quienes lo han perdido todo. Lo más preocupante es la insuficiente respuesta estatal frente a una emergencia de esta magnitud. Las personas damnificadas continúan enfrentando condiciones sumamente adversas. Resulta inaceptable que permanezcan expuestas a la lluvia, al sol y a los riesgos sanitarios derivados de la falta de infraestructura temporal adecuada.

Cuando en la ciudad de Panamá ocurren incendios u otras calamidades, el Estado suele gestionar albergues temporales o alojamiento para las familias afectadas. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué las y los ciudadanos del interior profundo no reciben una respuesta con la misma rapidez? La solidaridad del pueblo panameño ha sido ejemplar. Miles de personas se han movilizado para llevar alimentos, ropa, medicinas y apoyo a las comunidades afectadas. Pero la solidaridad ciudadana no puede sustituir las responsabilidades del Estado. La atención de una emergencia de esta magnitud requiere planificación, recursos y una estrategia integral de recuperación.

Como panameña y santeña, considero que el Gobierno Nacional debe asumir plenamente su responsabilidad. No se trata de trasladar culpas o buscar excusas, sino de responder a los 35,000 panameños y panameñas que hoy carecen de vivienda, de medios para generar ingresos y, en muchos casos, de las condiciones mínimas para reconstruir sus proyectos de vida. La emergencia no termina cuando desaparecen las cámaras ni cuando disminuye la atención mediática. Apenas comienza una etapa más compleja: la reconstrucción. Por ello, se requiere un plan nacional que garantice alimentación, vivienda temporal, atención médica, recuperación productiva y acompañamiento social para todas las familias afectadas. Asimismo, los recursos económicos disponibles deben orientarse prioritariamente a esta crisis humanitaria. Los fondos públicos existen para responder a emergencias extraordinarias como la que hoy enfrentan miles de ciudadanos del interior del país. También resulta indispensable conformar equipos comunitarios que den seguimiento continuo a cada familia damnificada. La reconstrucción debe realizarse con transparencia y participación ciudadana, asegurando que nadie quede excluido de la ayuda estatal.

Señor Mulino, esta es una responsabilidad ineludible del Estado. El terremoto ha dejado al descubierto no solo viviendas destruidas, sino también décadas de abandono en amplias zonas del país. La historia juzgará la capacidad de respuesta ante esta tragedia. Hoy, más que discursos, las y los panameños afectados necesitan soluciones concretas, dignidad y la certeza de que no han sido olvidados.