Trabajadores panameños en la 113 Asamblea de la OIT

El objetivo principal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es promover la justicia social y los derechos humanos y laborables reconocidos internacionalmente con el fin de lograr una paz universal duradera. La OIT busca, a través del diálogo social y la promoción del trabajo decente, mejorar las condiciones laborables y proteger a las y los trabajadores.

Compartimos con nuestras lectoras/es parte de la intervención expuesta por el compañero Alberto Reyes en nombre de las y los trabajadores panameños, en la 113 Conferencia Internacional del trabajo de la OIT en Ginebra, el pasado 5 de junio de 2025.

“El Gobierno Nacional a través del presidente dijo que iba a minimizar a los sindicatos e inició con los compañeros del Suntracs con más de 600 detenciones de trabajadores, unos están en celdas de máxima seguridad y el compañero Saúl Méndez, secretario general del Suntracs se vio obligado a solicitar asilo político en la Embajada de Bolivia. Las sedes del sindicato han sido allanadas sin cumplir con los protocolos; las cuentas bancarias continúan cerradas y se ha cancelado la personería jurídica de la cooperativa Suntracs R.L.

La persecución contra las organizaciones sindicales, gremiales, sociales y sus dirigentes, violentando las garantías constitucionales, es una amenaza grave para la democracia, sobre todo cuando el presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció su disposición de convertirse en un “dictador” si lo consideraba necesario.

Los gremios docentes son brutalmente reprimidos, se les ha aplicado medidas administrativas al margen de la legalidad como la retención de salarios, desvinculación laboral, alteración de contrataciones, arrestos ilegales. El uso desproporcionado de la fuerza en las comunidades indígenas ha puesto en peligro la vida de infantes y adultos mayores. La violencia de género, la agresión sexual y la misoginia ha caracterizado el accionar de la Policía Nacional.

Los trabajadores bananeros con más de un mes de huelga, han sido objeto de hostigamiento y amenaza. La empresa bananera Chiquita anunció el despido de 5.000 trabajadores y amenaza con abandonar sus operaciones en el país, lo que ha servido de base para una agresiva campaña antisindical.

El día 15 de junio fue detenido el secretario general de Sitraibana, el compañero Francisco Smith.

El Ministerio de Trabajo es el brazo ejecutor del sector empresarial para impedir la organización sindical y la negociación colectiva. El Departamento de Inspección del Trabajo ha sido militarizado y no garantiza el cumplimiento de las normas de protección de salud y seguridad en el trabajo, hostiga y acosa a trabajadores y dirigentes. La negación de las inscripciones de sindicatos y de los permisos sindicales, el rechazo ilegal de pliegos y la captura de la cotización sindical de los trabajadores, violan directamente los convenios 87 y 98.

La retención arbitraria de los recursos para la educación sindical impide el funcionamiento de los institutos de formación. Muchos han tenido que suspender operaciones al no poder cumplir con los compromisos laborables del personal ni cubrir los servicios básicos de las instituciones; de esta forma se impide el derecho humano a la formación sindical, colocando a los trabajadores en condiciones de desventaja frente a los empleadores.

El diálogo social se ha reducido a un diálogo de sordos en la presidencia y en una catarsis pública en la Asamblea Nacional. Las propuestas de los sectores sociales fueron ignoradas, prevaleciendo la iniciativa empresarial con un modelo de cuentas individuales y gestión privada, modelo fracasado como bien lo caracteriza el informe sobre la reversión de la privatización de los sistemas de pensiones, publicado por la OIT en 2019.

El estudio actuarial sobre las propuestas de los trabajadores, desarrollado con el apoyo del Programa ILO Pensions fue vetado en el debate legislativo. Los esfuerzos de la OIT para restablecer la ruta del diálogo social se han ignorado. Las últimas declaraciones del Ministerio de Trabajo, señalando el carácter no vinculante de la OIT, es una justificación para ignorar sus recomendaciones.

Ante este escenario, el pueblo panameño resiste con firmeza, convencido de la razón y la justicia de sus reivindicaciones.

1.) Rechazo a la Ley 462 que establece un sistema de cuentas individuales, que ha llenado de miseria a la clase trabajadora en el mundo.

2.) Defensa irrenunciable de nuestra soberanía ante los esfuerzos de EE.UU. de expropiarnos el Canal y establecer bases militares en violación al tratado de neutralidad.

3.) Rechazo al proyecto extractivista de minería a cielo abierto que ha contaminado y empobrecido pueblos enteros a lo largo del planeta.

4.) Rechazo al proyecto de embalses que se propone inundar decenas de comunidades campesinas para favorecer el sector naviero internacional.

5.) Defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad sindical.

Defender la justicia social en Panamá, se ha convertido en un acto de valentía, debido a la criminalización de las luchas sociales. “Se está pisoteando la libertad sindical en Panamá”.