Treinta y cinco años defendiendo a Panamá

Desde la restauración de la democracia en 1990, todos los presidentes de la República han enfrentado presiones internacionales orientadas a modificar las reglas sobre las cuales Panamá ha construido su plataforma de servicios internacionales. Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo y hoy, José Raúl Mulino Quintero, han debido responder, en distintos grados, a exigencias provenientes de Estados Unidos, la Unión Europea, la OCDE, el GAFI y otros organismos multilaterales.

Los actores han cambiado, pero el fenómeno ha sido constante. Primero fue el combate al narcotráfico. Luego el lavado de dinero. Más tarde el financiamiento del terrorismo. Después la transparencia fiscal, el intercambio automático de información, la identificación del beneficiario final, las recomendaciones BEPS y, más recientemente, el impuesto mínimo global. Cada etapa ha generado reformas legales en Panamá. Muchas han sido necesarias para fortalecer la credibilidad del sistema financiero y su inserción internacional. Otras, sin embargo, han respondido más a dinámicas de competencia fiscal y regulatoria entre jurisdicciones que a deficiencias reales del ordenamiento jurídico panameño.

En las últimas tres décadas, Panamá ha sido uno de los países que más ha reformado su legislación en materia financiera, corporativa y fiscal. Se han fortalecido las normas contra el blanqueo de capitales, se ha adoptado el intercambio de información tributaria, se implementó FATCA, se incorporó el estándar CRS, se creó el Registro de Beneficiarios Finales, se reformó el Código Penal y se modernizó la supervisión del sistema financiero.

Sin embargo, tras cada reforma surgía una nueva exigencia. La meta parecía moverse constantemente. Mientras Panamá cumplía con los estándares internacionales, continuaban apareciendo listas grises, listas negras, evaluaciones negativas y nuevos condicionamientos. Esto evidencia que el problema no ha sido únicamente técnico, sino también político y económico.

Existe una competencia global por los servicios financieros, logísticos, marítimos y corporativos que Panamá ofrece con éxito desde hace décadas. En ese contexto, las reglas internacionales no siempre son neutrales. En medio de este escenario, pocas veces se reconoce el papel de los gremios nacionales. Durante más de treinta y cinco años, las principales organizaciones empresariales y profesionales han actuado como una verdadera diplomacia paralela en defensa de los intereses del país.

El Colegio Nacional de Abogados ha tenido un rol particularmente relevante. En múltiples ocasiones ha participado en consultas legislativas, ha comparecido ante misiones internacionales, ha sostenido reuniones con autoridades extranjeras y ha emitido pronunciamientos técnicos en defensa del sistema jurídico panameño.

Estas posiciones no han sido improvisadas. Han sido el resultado del análisis de juristas comprometidos tanto con el Estado de Derecho como con la defensa de la soberanía jurídica del país.

El Colegio ha sostenido consistentemente que transparencia y competitividad no son conceptos incompatibles. Es posible combatir el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo sin destruir la plataforma de servicios internacionales que sostiene una parte importante de la economía nacional. Esta visión ha sido compartida por la Cámara de Comercio, la Asociación Bancaria de Panamá, APEDE, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo y otros gremios que han entendido que la defensa del centro internacional de servicios es también la defensa del empleo, la inversión y el crecimiento económico.

Uno de los aspectos menos comprendidos internacionalmente es el sistema territorial de tributación de Panamá. El país no grava la renta generada fuera de su territorio como una decisión soberana de política fiscal, similar a la adoptada por otras jurisdicciones. Este modelo no es un mecanismo diseñado para facilitar la evasión fiscal internacional, como a menudo se ha afirmado. Confundir ambos conceptos ha servido en ocasiones para justificar medidas que afectan la competitividad del país sin resolver los problemas estructurales de la tributación global.

Defender el principio de territorialidad no implica defender la opacidad. Significa defender el derecho soberano de Panamá a definir su sistema tributario conforme a sus necesidades de desarrollo, dentro del marco de sus compromisos internacionales. El reto hacia el futuro será aún más complejo. La tributación mínima global, la economía digital, la inteligencia artificial, la movilidad de capitales y la creciente competencia entre centros financieros internacionales exigirán respuestas cada vez más sofisticadas. Por ello, Panamá necesita mantener una política de Estado coherente y sostenida para la defensa de su plataforma internacional de servicios. No basta con reaccionar ante cada nueva evaluación o lista. Es necesario anticiparse, fortalecer la diplomacia económica, participar activamente en los foros internacionales y mantener un diálogo permanente entre el Estado, el sector privado, la academia y los gremios profesionales.

Durante treinta y cinco años, todos los gobiernos han enfrentado presiones externas. Durante ese mismo período, los gremios nacionales —y en particular el Colegio Nacional de Abogados— han mantenido una posición firme en defensa del país. Esa historia no solo debe ser reconocida. Debe continuar. Porque la plataforma de servicios internacionales no pertenece a un gobierno, ni a un partido político, ni a un sector económico específico. Pertenece a la República de Panamá, y su defensa es, en última instancia, la defensa de una parte esencial de nuestro futuro.