Ueno: el espejo paraguayo que Panamá no debería ignorar
- 10/11/2026 00:00
En una semana, Paraguay perdió un banco, al presidente de su Banco Central y al presidente de la República. El 2 de noviembre, el Banco Central dispuso la resolución bancaria de Ueno, que custodiaba casi una quinta parte de los depósitos públicos en guaraníes y tenía un índice de solvencia de 5.56 %, menos de la mitad del 12 % exigido. Días después, el Congreso destituyó a Santiago Peña y la Fiscalía imputó a 27 personas que, como todo imputado, gozan de presunción de inocencia. Unos tres millones de clientes se quedaron sin acceso a sus ahorros.
No fue un accidente. Fue el resultado de un supervisor que dejó de supervisar, y esa es la parte que debería quitarle el sueño a Panamá.
El caso paraguayo deja cuatro lecciones.
La primera es la puerta giratoria. Quien presidió Ueno hasta 2023 pasó a presidir el Banco Central que debía vigilarlo, y dos directores del banco venían de las áreas de control del propio supervisor.
La segunda es la captura de fondos públicos por vía reglamentaria. Los depósitos estatales en Ueno crecieron cerca de 4.600 % en 28 meses. Bastó con que el Instituto de Previsión Social, el fondo de jubilaciones, eliminara en 2024 los requisitos de patrimonio mínimo y de calificación “A” para colocar recursos.
La tercera es el autopréstamo disfrazado. Según la Fiscalía, tres empresas del entorno del dueño fueron “desvinculadas” en el papel y recibieron más de 100 millones de dólares en créditos sin garantías suficientes. El riesgo quedó en el banco; el beneficio, en el grupo.
La cuarta es la socialización de la pérdida: hoy se discute si el fondo de garantía que financian todos los bancos cubrirá íntegramente a los entes públicos atrapados.
Panamá: un supervisor con las manos atadas
Nada indica que en Panamá se esté gestando un caso Ueno. La misión del FMI concluyó en octubre de 2026 que la banca está bien capitalizada, aunque advirtió que algunos bancos requieren mayor atención supervisora. Pero la evaluación del FMI y el Banco Mundial de 2023, el FSAP, encontró en la Superintendencia de Bancos (SBP) las mismas grietas que se abrieron en Paraguay.
El FSAP calificó como “materialmente no cumplidos” dos principios de Basilea: el que define los objetivos del supervisor y el que exige su independencia, rendición de cuentas y recursos. Desde 2019, la SBP necesitaba permiso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para contratar, y en 2023 acumulaba 96 vacantes, su nivel más alto. La dependencia no ha cedido: en agosto de 2026 el MEF recortó en 1,6 millones de dólares el presupuesto que la SBP propuso para 2027, aunque 87 % de sus ingresos provienen de tasas que pagan los bancos. Es decir, la banca paga a su supervisor, pero el Ejecutivo decide cuántos examinadores puede tener.
A eso se suma un conflicto de origen. La Ley Bancaria encarga a la SBP, con el mismo rango, vigilar a los bancos y promover a Panamá como centro financiero. Cuando sancionar o exponer a un banco puede dañar la imagen de la plaza, la ley no dice qué pesa más, y el incentivo es callar para no espantar capitales. Y el superintendente lo nombra el presidente de la República, sin ratificación de la Asamblea.
Paraguay tenía un banco central y un fondo de garantía. Panamá no tiene ninguno de los dos. Su economía dolarizada no cuenta con prestamista de última instancia ni seguro de depósitos, y el FSAP señaló que carece de un régimen formal de resolución bancaria. Si un banco cae, no hay quien lo sostenga ni reglas claras para cerrarlo. En Panamá, la supervisión no es la primera línea de defensa. Es casi la única.
Por eso un supervisor débil es aquí más peligroso que en Asunción. No se trata de desconfiar de los bancos, sino de exigir un vigilante que no dependa del gobierno de turno ni de la industria que vigila.
Medidas no admiten más espera. Primero, autonomía presupuestaria plena para la SBP y un superintendente elegido por concurso público de méritos y ratificado por la Asamblea. Segundo, una reforma de la Ley Bancaria que haga de la seguridad y solidez del sistema el objetivo primario, por encima de la promoción de la plaza. Tercero, un régimen moderno de resolución bancaria y un debate serio sobre un seguro de depósitos financiado por la industria.
Paraguay demostró que la confianza de décadas puede evaporarse en una semana cuando el supervisor, el fondo de pensiones y el poder político se sientan en la misma mesa. Panamá todavía está a tiempo de leer el espejo paraguayo antes de verse reflejado en él.