Un llamado a garantizar la sostenibilidad del agua

Durante años, en Panamá hablamos del agua como un tema ambiental. Hoy ya no hay forma de sostener esa comodidad. El agua se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, gobernabilidad y viabilidad económica. Las restricciones operativas del Canal, los conflictos sociales en torno a proyectos hídricos y la precariedad del acceso al agua potable en amplias zonas del país dejaron una lección clara: la gestión del agua es una prueba de Estado que Panamá no puede reprobar. Los invito a analizar con más detalles este asunto.

Para comenzar, nuestro Canal de Panamá es el corazón del modelo económico nacional. Su aporte fiscal, su rol logístico y su valor geopolítico son incuestionables. Sin embargo, su funcionamiento depende de un recurso cada vez más escaso y vulnerable: el agua dulce. Las restricciones de tránsito impuestas en los últimos años como consecuencia de la sequía no fueron un accidente, sino una advertencia.

Desde esta perspectiva, tratar la seguridad hídrica del Canal como un problema coyuntural es una irresponsabilidad. La planificación logística del país debe integrarse, de manera explícita, con la planificación hídrica. No hacerlo es poner en riesgo el principal activo estratégico de Panamá y, con él, una parte sustancial del financiamiento del Estado.

Por otro lado, uno de los mayores obstáculos para una política hídrica efectiva es la dispersión de competencias. Múltiples instituciones intervienen en la gestión del agua, con mandatos parciales, escasa coordinación y responsabilidades difusas. El resultado es una gestión reactiva, que actúa cuando la crisis estalla, pero carece de una visión preventiva.

A esto se suma el deterioro de la infraestructura. Las pérdidas de agua por fugas, redes obsoletas y mantenimiento insuficiente son incompatibles con un país que enfrenta estrés hídrico creciente. Cada litro perdido es una muestra de ineficiencia que el país ya no puede permitirse.

La crisis del agua también ha puesto de relieve la ausencia de una planificación territorial coherente. La presión sobre las cuencas, la deforestación y la urbanización desordenada afectan directamente la disponibilidad y calidad del recurso. En este contexto, los grandes proyectos con impacto hídrico se han convertido en focos de conflicto social, alimentados por la falta de información, consulta y confianza.

Las decisiones estratégicas no pueden tomarse a espaldas de la ciudadanía. La experiencia reciente demuestra que la opacidad y la imposición no solo erosionan la legitimidad del Estado, sino que terminan paralizando proyectos y profundizando la polarización. Gobernar el agua exige transparencia, evidencia técnica y participación real.

Nuestra crisis hídrica tiene un rostro desigual, pues la escasez y mala gestión del agua no afectan a todos por igual. En las comarcas indígenas, zonas rurales y asentamientos urbanos precarios, el acceso al agua potable sigue siendo irregular, costoso o de mala calidad. Mientras tanto, en otras áreas del país el desperdicio y el uso ineficiente continúan siendo la norma.

Esta desigualdad hídrica es también una forma de injusticia social. Garantizar la sostenibilidad del agua implica reconocer el acceso al agua potable como un derecho básico y una condición para la salud, la educación y la dignidad humana. No puede seguir siendo un privilegio territorial.

En este contexto, nuestro propio Plan Nacional de Seguridad Hídrica planteó la necesidad de fortalecer la gobernanza del recurso, mejorar la coordinación interinstitucional y planificar con horizonte de décadas. Sin embargo, seguimos operando con redes obsoletas, altos niveles de pérdida de agua y una alarmante falta de mantenimiento. Cada litro que se pierde por fugas es una muestra de ineficiencia que contradice cualquier discurso sobre sostenibilidad.

La conclusión es evidente: Panamá necesita con urgencia una política nacional del agua, entendida como política de Estado y no como suma de proyectos aislados. Esto implica fortalecer la gobernanza hídrica, clarificar responsabilidades institucionales, invertir de manera sostenida en infraestructura y asumir el cambio climático como una variable permanente de planificación.

También exige un cambio cultural. El uso responsable del agua, la reducción del desperdicio y la corresponsabilidad social no se logran con campañas esporádicas, sino con educación sostenida y señales claras desde el propio Estado.

Para finalizar, subrayo que, el agua conecta salud, economía, logística, ambiente y cohesión social. Gestionarla mal es hipotecar el futuro; gestionarla bien es una de las mayores oportunidades estratégicas del país. Panamá no necesita otro diagnóstico ni otro plan. Necesitamos convertir el Plan Nacional de Seguridad Hídrica en política de Estado, con liderazgo político, inversión sostenida y mecanismos claros de rendición de cuentas.

El agua no espera ciclos electorales. Cada año de inacción aumenta los costos económicos, sociales y políticos. La seguridad hídrica no es un tema ambiental: es una prueba definitiva de capacidad de gobierno.