Un país sin raíces

  • 03/10/2026 00:00

Los ciudadanos miramos impasibles cómo caen las murallas y cómo se destruyen los barrios históricos y las edificaciones centenarias; mientras permanecemos abstraídos se destruyen nuestras propias raíces. Según afirma Marixa Lasso (2022) “Así como un árbol sin raíces se lo lleva el viento, una sociedad sin memoria no tiene donde aferrarse para actuar como comunidad” (Lasso M, (2022, 13 de marzo, La importancia de la memoria). ¿Y que son las raíces? Son aquellos sitios y edificios con valores patrimoniales históricos, sociales y simbólicos: las viviendas neocoloniales en Bellavista, o las edificaciones de la época republicana en la ciudad de Colón, o el paisaje urbano y las viviendas coloniales en San Felipe (ya disuelto por la gentrificación) y en Santa Ana donde la maquinaria está en plena marcha.

En Panamá somos testigos de una destrucción devastadora del patrimonio en la que interactúan el estado y el mercado. Cuando el Estado se debilita en su responsabilidad reguladora y el mercado impone sin pudor su lógica especulativa, todos nos quedamos sin fortines, altares y paisajes que nos recuerden quienes somos y cómo hemos habitado el mundo. En esa disputa por el patrimonio, la gentrificación convierte el “valor de uso” y la relevancia de la historia, en un pedestre “valor de cambio” vaciando las ciudades de vecinos, especialmente los cascos históricos.

El patrimonio edificado no son piedras inertes u ornamentos nostálgicos del pasado: es un ecosistema vivo, un escenario donde actúan afectos, luchas, imaginarios y sueños del pueblo panameño que sostienen nuestra identidad y conforman un entorno urbano significativo.

El legado construido es la arquitectura de nuestra identidad que se reconfigura constantemente mediante procesos sociales que deben ser estudiados críticamente, más aún en las actuales circunstancias en las que el olvido avanza. Avanza, con la voracidad de una urbanización miope que privilegia el negocio inmobiliario y desdeña la cultura y la memoria colectiva.

El conocimiento, la educación patrimonial y una mayor y más activa participación y cultura ciudadana son escudos que preservan la memoria.

Solo amamos y protegemos aquello que conocemos. La cultura patrimonial nos enseña a mirar la ciudad de forma crítica y nos prepara a defender activamente nuestros derechos urbanos y culturales.

Alineado con lo anterior sobresalen dos iniciativas. La reciente creación de la Maestría en Restauración e Intervención del Patrimonio Construido de la Universidad de Panamá, y las investigaciones científicas impulsadas por la SENACYT que son un puente entre la Academia y quienes impulsan las políticas públicas. Por su parte, la maestría no pretende embalsamar la ciudad como si fuese un museo sino de que lo nuevo dialogue con lo antiguo; aspira a revitalizar nuestra herencia arquitectónica -edificios y centros históricos- integrándola a la arquitectura contemporánea en la gestión del patrimonio. Es decir, que la evolución urbana conecte nuestra identidad cultural con el presente.

Aunque Panamá tiene un marco legal favorecedor para proteger el patrimonio (Ley 175 o ley General de Cultura del 3 de noviembre de 2020 y Decreto Ejecutivo N°2 de 2024 que reglamenta patrimonio cultural y museos) no promueve la articulación operativa con la Ley 6 de 2006 (que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano) lo que ha ocasionado que el modelo de desarrollo urbano posibilite la perdida de espacios y edificios patrimoniales con significado histórico, relevancia social y peso simbólico (SENACYT, 2026, De la Desprotección a la Integración ISSN L 3122-6256).

Frente al avance del olvido, la privatización de la vida urbana y la vulnerabilidad del patrimonio -agudizado por presión inmobiliaria, turismo, deterioro natural y cambio climático- es urgente una pedagogía critica y participativa que impulse a los ciudadanos a defender el legado construido y los bienes comunes.

Lo que una sociedad decide conservar dice quién es. También revela a quién pertenece la ciudad.