Un perdón imposible

La concesión de perdón o rebajas de penas a privados de libertad, a quienes se les conmuta la sanción y salen para su casa después de un proceso penal, cumplido un período de prisión, no termina de agradar a la sociedad, que se siente burlada. La comunidad vio cómo se ha llegado hasta la fase de encierro luego de la comisión de delitos que son castigados según el Código Penal y no se entienden estas acciones repentinas.

¿Qué explicaciones se pueden argüir ante tales decisiones cuando se trata de hechos plenamente probados ante la justicia? Hay que recordar al mirar hacia atrás, que Sócrates estableció que el respeto por el Estado de derecho debía prevalecer sobre los intereses individuales. Y agregó, que “sin embargo, [...] la justicia real está por encima de lo que los hombres deciden arbitrariamente en las leyes terrenales”.

Por esa razón, resulta altamente improcedente establecer acuerdos, favores, beneplácito en favor de quienes han incurrido en hechos castigados por la ley. Un delincuente tendrá oportunidad de modificar su conducta delictiva durante el encierro y para tal fin, existen pasos y ordenamientos. En ocasiones, las decisiones de acortar el cumplimiento de la etapa de reclusión funcionan al revés y el beneficiado se siente empoderado.

El filósofo Aristóteles definió el concepto de corrupción con dos acepciones. La segunda establecía que se trataba de un fenómeno político-moral. Sin embargo, coligió que, en ambos casos, se refería a “una alteración o desviación del estado natural y perfecto de las cosas”. Es por esa razón, que resulta impropio brindar un perdón a quien ha ocasionado un perjuicio a la población y aún es peor si corresponde a un delito de sustracción al erario.

Las penas a la comisión de faltas se aplican en atención a la gravedad de los delitos. Históricamente se tienen ejemplos de castigos. Son ilustrativos los que se aplicaban con el Código Hammurabi, que se basaba en el principio de la ley del Talión; es decir, ojo por ojo y diente por diente. Estos preceptos consideraban básico el castigar según el daño causado, buscando “limitar la venganza personal”.

Claro que, en la actualidad, existen medidas en algunos regímenes que procuran hacer público el ejemplo y sus penas. Según Safeguard Defenders, “Históricamente, la tasa de condenas en el sistema judicial de China se mantiene por encima del 99.9 % en todos los juicios penales”. Y no deja de sorprender en ese país las penas de muerte que son aplicadas a quienes delinquen y causan algún ‘daño’ al Estado en pleno siglo XXI.

Llegar a acuerdos con figuras que se han caracterizado por repetidos actos que van en contra de las normativas, es contraproducente. En Colombia hubo un coqueteo con Pablo Escobar Gaviria y las consecuencias fueron nocivas, sobre todo para las autoridades políticas. Es evidente que cuando estas personas se ven fortalecidas porque han horadado las bases morales de los sistemas establecidos, tienden a burlarse o a atacar sus cimientos.

En un artículo publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, denominado “Crimen organizado y desarrollo humano: la urgencia de una respuesta estructural en América Latina”, sus autores, Lucía Dammert y Santiago Rodríguez Solórzano, exponen que “Los acuerdos entre autoridades políticas y grupos criminales, a menudo denominados pactos de impunidad o cogobiernos criminales, desmantelan el Estado de derecho y generan una serie de consecuencias sistémicas de carácter político, social y económico”.

El argumento de esta publicación hace énfasis, como se aprecia, en América Latina y puntualiza en la paradoja del esfuerzo para alcanzar niveles de desarrollo y, sin embargo, “...el crimen organizado se afianza como una amenaza estructural y persistente al bienestar colectivo”. Es por esa razón que una laxitud en cuanto a la correcta aplicación de las leyes, tiende a socavar al propio Estado en sus políticas de fortalecimiento de la justicia.

Una acción o una tendencia a pactar con quienes vulneran las disposiciones en el ramo penal termina con debilitar las bases de la convivencia pacífica y estas oportunidades, deberían ser un principio no negociable.