¿Una Constituyente o un buen gobierno? ¡Que decida el pueblo!

“Las constituciones escritas, cuando no se corresponden con los factores reales de poder de la sociedad, no son más que una hoja de papel”; “se hallan irremisiblemente a merced de la supremacía de esos factores de poder y condenadas sin remedio a ser arrolladas por ellos”.

Así lo dejó escrito Fernando (Ferdinand) Lasalle hace más de 150 años. Esa afirmación, absolutamente cierta, tiene vigencia en la actual coyuntura panameña; pero como, cuando se la invoca o, más precisamente, según la finalidad con la que se la cite o trate de utilizar, puede conducir a resultados negativos y alejados del mejor interés nacional, se impone acotar sus límites para prevenir desviaciones y las perversiones en su aplicación.

Nuestra historia constitucional tiene hitos que conviene repasar como antecedentes para ubicarnos, con propiedad, en la coyuntura presente en la que, por un lado, se propone convocar al país a una “una asamblea constituyente”, calificada de “originaria” y, por el otro, se sataniza al texto constitucional vigente, atribuyéndole connotaciones perversas, para justificar, por un lado la inclinación a la arbitrariedad del presente gobierno y, por el otro, su patente fracaso para enfrentar los principales retos de la nación.

Cuando Lasalle afirmaba que los factores reales del poder, de hecho, pueden supeditar a sus intereses las normas o los principios consagrados en el texto constitucional, destacó una realidad. Pero reconocer la existencia de esa realidad, para nada, implica que “esos factores de poder” tengan la razón o que ellos representen el mejor interés nacional. En nuestro caso, esos factores reales de poder, enquistados en el gobierno, que, comprobadamente, cada vez representan menos el interés nacional, han escogido al texto constitucional vigente como el pretexto para justificar su fracaso al frente de la administración pública.

Si el gobierno actual es un indiscutible y comprobado fracaso, la menos culpable es la Constitución. ¿En qué les impide, o siquiera les dificulta, la vigente Constitución hacer un buen gobierno? La respuesta es tajante; para nada. Si la educación es un fracaso; si la salud Pública es un fracaso; si la crisis del agua, en vez de solucionarse se agrava; si la deuda pública sigue montada en una flecha ascendente; si en la Asamblea Nacional se siguen repartiendo alegremente los dineros públicos en el circo presupuestario que se repite años tras año; y si, en un contubernio descarado, “los factores reales del poder” se siguen apropiado del dinero público para financiar sus campañas políticas, desde luego y absolutamente, la menos culpable es la Constitución.

Las constituciones, aparte de organizar la estructura del Estado, por regla general, la nuestra es claro ejemplo, son un compendio de declaraciones y principios que, si se respetaran y aplicaran por los gobernantes, nos garantizarían mejores condiciones de vida para todos. Pero las constituciones, hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, no son las que construyen escuelas, hospitales, carreteras, ni son las responsables de prestar los servicios públicos esenciales: la seguridad, la educación, la salud, el transporte o de garantizar una vida digna a los gobernados. Esa responsabilidad les corresponde a los gobiernos y según como lo hagan, así quedan catalogados en buenos, regulares o francamente malos. Su fracaso es de ellos y no de las constituciones.

En cada ciclo electoral, quienes aspiran a detentar el poder público, le prometen al pueblo que gobernarán, solucionarle “todos sus problemas y satisfacer todas sus aspiraciones”. Y el pueblo espera que esas promesas se cumplan; el pueblo solo espera y anhela que no lo defrauden; que los gobiernos que eligen “sean bueno y efectivos” y, desde luego, que quienes son elegidos, demuestren con hechos su capacidad y voluntad de honrar la confianza en ellos depositada. Y lo que menos quiere y puede aceptar es que transcurran los días, los meses y hasta los años y que se le sigan haciendo promesas, en lugar de demostrar resultados comprobables.

En la presente coyuntura nacional, en lugar de la insistencia en vender espejismos constitucionales, lo que correspondería es que el gobierno se someta al veredicto del pueblo; que no se atribuya ni se arrogue el papel de intérprete de su voluntad, sino que la consulte por la vía que ofrece la democracia: Una consulta popular en los siguientes términos: ¿Qué demanda el pueblo: Un buen gobierno o una Asamblea Constituyente?

Si como seguramente ocurrirá la abrumadora mayoría vota en favor de “un buen gobierno”, esa decisión debe interpretarse en el sentido de que el actual no lo es y, por tanto, le correspondería despejar el camino, para accionar lo preceptuado por el artículo 189 de la Constitución.