Una lucha firme contra el contrabando de cigarrillos: el liderazgo de la ANA

En Panamá, el contrabando de cigarrillos ha alcanzado niveles alarmantes de un 96 % del mercado total, generando una pérdida fiscal estimada en más de $300 millones anuales. Esta cifra no solo representa un golpe directo a las finanzas públicas, sino que también evidencia una falla estructural en el control del comercio ilícito de productos de tabaco. En este contexto, es justo reconocer la labor decidida y estratégica de la directora de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), quien ha asumido con firmeza el reto de enfrentar este flagelo, mientras que otras instancias, como la Comisión Nacional para el Control del Tabaco, han mostrado una preocupante pasividad.

El contrabando de cigarrillos no es un problema menor. Está vinculado directamente con redes de crimen organizado, que se aprovechan de las debilidades institucionales para inundar el mercado panameño con marcas ilegales. Estos productos, además de evadir impuestos, no cumplen con las normativas sanitarias vigentes, poniendo en riesgo la salud pública y debilitando los esfuerzos nacionales de control del tabaquismo.

La ANA, bajo el liderazgo de su actual directora, ha emprendido una campaña clara y contundente contra este comercio ilícito. A través de operativos, campañas de concienciación y la aplicación de la legislación vigente —como el Código Penal y la Ley 30 de 1984— se ha logrado visibilizar el problema y tomar acciones concretas para reducir el ingreso y la circulación de cigarrillos ilegales en el país.

Uno de los aspectos más destacables de esta gestión ha sido la promoción de información clara para que los ciudadanos puedan identificar los productos ilegales. Se ha difundido ampliamente que los cigarrillos que no tienen advertencia sanitaria panameña, o que presentan advertencias de otros países o ninguna advertencia, son ilegales. Esta estrategia de empoderamiento ciudadano es clave para reducir la demanda y fortalecer el control social sobre el comercio ilícito.

Sin embargo, mientras la ANA avanza con paso firme, la Comisión Nacional para el Control del Tabaco parece haber quedado rezagada. Esta comisión, que debería ser un actor central en la lucha contra el tabaquismo y el comercio ilegal de productos de tabaco, ha mostrado una gestión débil y poco proactiva. Su falta de presencia en campañas públicas, ausencia de fiscalización efectiva y escasa articulación con otras entidades del Estado han permitido que el contrabando crezca hasta convertirse en una amenaza estructural.

Es legítimo preguntarse: ¿por qué la Comisión Nacional para el Control del Tabaco no ha asumido un rol más activo? ¿Dónde están las acciones coordinadas con el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional de Aduanas? La omisión de esta comisión no solo es preocupante, sino que podría interpretarse como una negligencia institucional que ha facilitado el avance del crimen organizado en este sector.

La evasión fiscal generada por el contrabando de cigarrillos no solo afecta al Estado, sino que limita la capacidad de financiar programas de salud, educación y seguridad. Cada dólar que se pierde por evasión es un dólar menos para los hospitales, las escuelas y la protección ciudadana. En este sentido, la lucha contra el contrabando no es solo una cuestión aduanera, sino una causa nacional que requiere el compromiso de todas las instituciones.

La directora de la ANA ha entendido esta dimensión y ha actuado en consecuencia. Su liderazgo merece ser reconocido y respaldado, no solo por los resultados obtenidos, sino por la visión integral que ha demostrado. En contraste, la Comisión Nacional para el Control del Tabaco debe ser objeto de una revisión profunda. Es urgente que esta entidad redefina su rol, fortalezca su estructura y se integre activamente en la lucha contra el comercio ilícito de cigarrillos.

Panamá necesita una estrategia nacional articulada, donde cada institución cumpla su función con responsabilidad y compromiso. El combate contra el contrabando de cigarrillos no puede depender únicamente de la Autoridad Nacional de Aduanas. Se requiere una acción conjunta, con liderazgo político, coordinación interinstitucional y participación ciudadana.

En conclusión, el país debe reconocer y apoyar la labor de quienes están enfrentando el contrabando con decisión y valentía. La directora de la Autoridad Nacional de Aduanas ha demostrado que es posible actuar con firmeza y resultados. Ahora, corresponde exigir que otras entidades, como la Comisión Nacional para el Control del Tabaco, asuman su responsabilidad y contribuyan de manera efectiva a erradicar este problema que tanto daño causa a Panamá.