Una sociedad dividida anuncia el agotamiento de su Estado

La educación no es la única perjudicada en la presente crisis; lo que aparece en la superficie anuncia algo más profundo y definitivo. En esta crisis ha sucumbido también el modelo de Estado que hemos tenido en todo el periodo republicano, salvo el breve interregno cívico militar al cual dio término la invasión. Este Estado que tenemos ya no tiene la viabilidad, ni sostenibilidad basada en la legitimidad que da la intención del mismo para administrar la confrontación inter-clases.

Esta crisis del Estado, que ya no encuentra sostén en la concepción tradicional, elaborada por Montesquieu, en la cual este era el fiel de la balanza social que en teoría utilizaba contrapesos legales contra el predominio de un poder. Ahora es notoria esta crisis para el más indulgente de los ciudadanos que tiene como materia el análisis de nuestra sociedad.

La parcialización y auto-invalidación del Ejecutivo es evidente y la forma y origen de su poder es seriamente cuestionada. La crisis toca también al poder legislativo que ha perdido su capacidad fiscalizadora y representativa, ya que su representatividad se ve afectada por un diseño electoral que impide que represente directamente los intereses de un sector social y geográfico definido. Esta falta de representatividad no es original de Panamá: citemos que en el segundo mandato presidencial de De Gaulle este decidió mezclar electoralmente circunscripciones o barrios obreros con barrios de gente acomodada para que la elección no llevara la connotación de responder a un interés de clase definido, es decir hizo a la democracia disfuncional, y este estilo ha sido recogido por el también disfuncional Tribunal Electoral panameño. Además de la carencia de representatividad real el legislativo está afectado por causa de la penetración de los intereses coercitivos y sobornadores del Ejecutivo y, por lo tanto, no es contrapeso da nada.

El poder judicial ha quedado deslegitimado por su inmovilismo, por su carácter clientelar, por su obediencia servil y su mirada desenfocada o seudo distraída y por la apelación de alguno de sus magistrados a legitimar una salida de facto.

Todo conflicto, hasta las guerras más sangrientas, terminan en una mesa de acuerdos. La imposibilidad de resolver la crisis de autoridad, la negación de la propia falta de autoridad, que no es el mando, sino la observancia de normas del acuerdo social, y la carencia de visión de las necesidades del conjunto es una grieta del Estado que determinará la exigencia de un nuevo tipo de Estado y la disolución formal del que tenemos.

La falta de gobernabilidad revela la incapacidad de las dirigencias de nuestra estructura social para reconocer que tenemos un Estado que administra dos países: el de tránsito y el interior agro productivo; uno que sobrevive por la necesidad de un tránsito necesario y otro que es postergado humillado y cuasi borrado por la obediencia a dictados del exterior.

En el vacío que ha de sobrevenir habrán de subsistir con capacidad de autorepresentarse los distintos estamentos sociales, los cuales podrán deliberar, confluir y contribuir a la concepción de una constituyente que represente, legisle y gobierne mientras se conciba y concrete el modelo social que ha de surgir.