Universidad, autonomía y soberanía nacional

Desde el propio momento de su fundación, la Universidad de Panamá fue concebida como una institución al servicio de lo que puede llamarse un proyecto nacional popular. Es así que, en el acto de inauguración de la misma, el doctor Octavio Méndez Pereira, su primer rector, destacó que: “en las naciones débiles y pequeñas como la nuestra, sobre las cuales se ciernen los nubarrones del imperialismo, cultura general, ciencia e investigación significan, más que ninguna otra, autonomía, personalidad y libertad efectivas. Por eso consideré siempre una obra del más elevado patriotismo la creación y formación de nuestra Universidad”.

Este compromiso original, que debe entenderse como fundacional, implica la necesidad urgente que la Universidad, en sus tareas docentes, de investigación y de extensión, se ponga a la vanguardia de la lucha por la soberanía, que actualmente se encuentra amenazada por el antinacional proyecto político, económico y social que intenta imponer el actual bloque en el poder.

El bloque de poder, dirigido por los sectores económicamente dominantes, gracias a su manejo directo de los órganos del Estado, actualmente avanza una política de choque, destinada a asegurar sus intereses centrados exclusivamente en la acumulación creciente de riquezas. Esto por medio de un proyecto antidemocrático, que busca asegurar su hegemonía, utilizando la coerción y tratando de someter a su dictamen los llamados mecanismos ideológicos, incluyendo a la Universidad. La autonomía, consecuentemente, también se encuentra en riesgo.

La acción de edificar soberanía, como un proceso dinámico, debe, para que sea completa y efectiva, ser entendida como una tarea multidimensional, que abarque las distintas esferas de la sociedad, por lo que se trata no solo de sus necesarios elementos defensivos. También implica la lucha por la construcción de un nuevo bloque histórico, el cual sea nacional, popular, profundamente democrático y plenamente respetuoso de la madre naturaleza.

En el plano político, la problemática a enfrentar es, por llamarla de alguna manera, dramática. En este caso el país se encuentra gobernado por un bloque en el poder, que entiende que sus intereses económicos y político - ideológicos, precisan de una sumisión absoluta y vergonzosa a la potencia hegemónica. Hoy la soberanía nacional se encuentra en una situación crítica, gracias a un gobierno que no solo ha permitido, sino promovido, la presencia de bases militares extranjeras en el territorio nacional. A esto se debe sumar su política exterior, que no solo resulta sumisa, sino que pone en entredicho la necesaria neutralidad del país.

Tal como se señaló la soberanía nacional debe entenderse como un concepto multidimensional. El mismo, por tanto, incluye el derecho del país a decidir sobre sus recursos naturales, así como proteger su medio ambiente, tanto por la importancia para sus habitantes, como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En la actualidad, pese a los engañosos discursos sobre su supuesta posición pro ecológica, tanto del gobierno como de los sectores económicamente dominantes, lo cierto es que en la agenda de la política de choque se encuentra la reapertura de la contaminante mina de Donoso, así como el objetivo de convertir al país en un modelo minero - extractivista. Es necesario, a nuestro juicio, que los candidatos a puestos directivos de la Universidad de Panamá, expliquen su posición y planes de acción al respecto.

En el plano de las relaciones económicas, la política de choque del actual bloque en el poder, está guiada a establecer el dominio completo sobre éstas, con el fin de potenciar su acumulación de riqueza. Para esto se busca desarticular y aniquilar las organizaciones sociales que se movilizan por la justicia social, así como la captación de algunos sectores de los mismos, capaces de aceptar una adhesión al corporativismo, a cambio de prebendas económicas personales.

Se trata de una política no solo antidemocrática, sino que es además antinacional, en la medida en que su sumisión al hegemón no solo resulta evidente. Esta lleva, además, a renunciar al uso de las posibilidades de la multipolaridad, con el fin de ampliar la base de las decisiones soberanas en el plano de la política y las relaciones económicas. En realidad, la idea de la soberanía económica es prácticamente inexistente para el actual gobierno, así como para los sectores económicamente dominantes que el mismo representa.

En el plano social, la ausencia de un concepto de soberanía popular, no solo afecta el respeto a los derechos humanos de carácter político, también lo hace con los derechos de carácter social. La actual política económica del gobierno muestra cada vez más una decisión de sacrificar los servicios sociales, con el fin de atender los intereses que defienden las calificadoras de riesgos.

Los universitarios solo tenemos dos opciones, o nos convertimos en agentes del proyecto antinacional, o fieles a nuestros principios fundamentales, empezamos a actuar como intelectuales orgánicos del proyecto nacional, popular, democrático, respetuoso de la naturaleza.