Ventajas de una nueva Constitución (III)

Inicié esta serie de artículos enumerando las ventajas de una nueva Constitución para la necesaria modernización de todas las estructuras del Estado panameño. Por encima de consideraciones prosopopéyicas se debe partir para ello del principio universalmente aceptado desde hace más de dos siglos: “el poder público solo emana del pueblo” . Por ello, ese poder, el que se invoca puesto que es el que origina Constitución.

Una normativa moderna, cónsona con los tiempos actuales, debe “crear las condiciones institucionales favorables para construir capacidades estatales que eleven la efectividad de las políticas públicas y favorezcan su racionalidad.” Porque, como bien nos enseña Octavio Paz en El Laberinto de la soledad: “La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con naturalidad”.

El Derecho no puede continuar siendo un obstáculo para el urgente cambio social que se requiere para salir de la crisis que nos asfixia. Mucho menos puede serlo el constitucionalismo, cuyo reto, y tarea urgente y necesaria, es el de jugar un rol verdadero y transformador, que supere “la fragilidad de la capacidad estatal que arrastra a la fragilidad de la sociedad civil y converge en una arraigada desigualdad”, al decir de José Ignacio Fernández G., en su obra La fragilidad del constitucionalismo transformador.

No podemos olvidar, menos aún en estos tiempos, que el constitucionalismo democrático depende del esfuerzo y la participación ciudadana por racionalizar el ejercicio del poder político. Y, como bien enseña Sáchica: “Llegar a un punto en que quienes gobiernan solo pueden actuar cuando la ley los autoriza, de la manera, con los efectos y para los fines en ella previstos, dado el supuesto de que también los gobernados únicamente pueden obrar dentro de la ley”.

En otras palabras, una nueva Constitución debe contener los procedimientos institucionales con la plena participación ciudadana, para poder eliminar no solo el capricho, sino también la discrecionalidad de los gobernantes. Y, de igual manera, la situación privilegiada de los poderosos, implantando la igualdad de todos ante la ley. Para ello, también, el proceso constituyente hacia una nueva Constitución con la plena participación juega un rol crucial. Son, además, múltiples los beneficios que obtendremos los ciudadanos con una nueva Constitución producto de un proceso constituyente. Ellos van, desde establecer la provisión eficaz, real y verdadera de servicios públicos, como un verdadero y expedito acceso a la Justicia.

Una real y efectiva participación ciudadana es necesaria para poder alcanzar así también una mayor transparencia, así como el reconocimiento real y efectivo de nuevos derechos, dentro de una estructura del Estado más eficiente y efectivamente amigable con el ciudadano y, sobre todo, respetuosa, en todo momento de la dignidad de la persona humana.