Ventajas de una nueva Constitución (VIII)

Una de las más importantes ventajas de una nueva Constitución es que nos permitirá dar inicio a una nueva república y, recuperar así los valores de una democracia republicana los cuales han sido abandonados en Panamá, por más de medio siglo.

En el plano institucional una nueva Constitución debe poner límite a los mandatos indefinidos, incentivar la renovación, aumentar decididamente la participación ciudadana y una mayor y real transparencia de los actos públicos,

Ello mejoraría verdaderamente la calidad institucional y se reflejaría en servicios como la educación, la salud, el acceso a Justicia, el agua potable, la soberanía alimentaria, el acceso a la tecnología sustentable, el cuidado de los recursos naturales del país y las oportunidades para el pueblo panameño que, desde hace décadas, vive en una de las naciones más desiguales del mundo.

Debemos aspirar a una nueva Constitución para una república más justa. El Estatuto de 1972, nació bajo una dictadura militar y, aunque reformado en 1978, 1983, 1994 y 2004, ha acompañado a Panamá durante más de cinco décadas. Sin embargo, nuestro país ha multiplicado su riqueza gracias al trabajo de su población, al Canal, a los servicios y la logística pero: sigue siendo de los más desiguales del mundo. Ese desfase no es casual: el pacto vigente fue diseñado para otra época.

Un primer argumento es la legitimidad. Una Asamblea Constituyente originaria, elegida por el pueblo y con amplia participación, reemplazaría los remiendos de un texto heredado de la dictadura por un contrato social que los ciudadanos sientan como propio. En la tradición republicana, la Ley es legítima cuando emana de la ciudadanía y no de la imposición.

El segundo es la igualdad ante la ley. La república se funda en que nadie está por encima de la norma ni depende del favor de otro. Una nueva Constitución podría reforzar la independencia judicial, limitar la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo, transparentar el nombramiento de magistrados y fortalecer el control del gasto público, para que la justicia no dependa del apellido ni del bolsillo.

El tercero es el bien común y la virtud cívica. Una ciudadanía verdaderamente libre necesita condiciones materiales: educación pública de calidad, salud universal, agua potable en comarcas y zonas rurales, vivienda digna y una seguridad social sostenible. Consagrar estos derechos con mecanismos reales de exigibilidad ayudaría a cerrar las brechas entre la capital y el interior, y entre los pueblos indígenas y afrodescendientes y el resto del país.

El cuarto es la representación. Herramientas como la iniciativa legislativa popular, la revocatoria de mandato, reglas más claras para la libre postulación y la reducción de privilegios de los funcionarios acercarían la política a la gente y dificultarían que intereses particulares capturen el Estado.

Una nueva Constitución no es una varita mágica. Pero puede ser el punto de partida para refundar un principio central de la república: que el poder público existe para servir a todos y que la prosperidad nacional se comparta.