‘Well, well, well; mining, dictator’

En su reciente comparecencia ante la Asamblea Nacional, el 1 de julio pasado, el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, introdujo un nuevo glosario cuprífero para referirse al tema de la mina de Donoso; situación que pensábamos -las personas amantes de la ley- zanjado con el fallo de inconstitucionalidad proferido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el contrato-Ley 406, así como con la Resolución de Gabinete número 19 de 2024.

El fallo de la CSJ “expulsó del sistema jurídico” al instrumento legal mediante el cual se autorizaba la actividad extractiva “a cielo abierto” en la mina de Donoso por parte de la empresa Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la transnacional First Quantum Minerals (FQM); y la “Resolución de Gabinete N° 19. Que instruye a las instituciones del Estado a adoptar las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el 27 de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, por la cual se aprobó el contrato ley celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Minera Panamá, S.A., y establece las bases para elaborar e implementar el plan ordenado de cierre definitivo de la Mina Cobre Panamá”.

Pero, resulta que, de acuerdo a la nueva retórica del inquilino transitorio del Palacio de las Garzas, el problema jurídico minero, no está resuelto y, aparentemente, no se dirimirá por el imperio de la Ley.

Dixit el mandatario de la República: “Ahora, quiero referirme brevemente a un tema de interés nacional, relacionado al empleo y al medio ambiente: la mina.

En ese sentido, debo informar que se realizó un profundo estudio objetivo, con profesionales internacionales de amplio prestigio y está al alcance de todos en la página web de MiAmbiente.

El informe está siendo analizado y estudiado por un equipo de gobierno que encabeza el ministro Moltó, acompañado por los ministros Navarro y Chapman, quienes darán las conclusiones desde cada una de sus áreas.

Creo fielmente que todo lo que se realice debe basarse en información comprobable y válida. Las posturas del sí porque sí, y del no porque no, intentan evadir argumentación, lógica y razones para tomar decisiones, que deben ser en la dirección de los mejores intereses del país cuando corresponda hacerlo.”

“Vaya, vaya, vaya,“ según el “dictador” que ahora nos resultó minero; el cierre o continuidad de la explotación de la mina de cobre por FQM no se hará conforme a Derecho -como con PPC- sino por decisión de los hombres de confianza del actual “hombre fuerte”.

¡Así de sencilla es la cosa!