¿Y de la transparencia qué?

Como no era para menos, el reciente fallo de la Corte Suprema, aparte de golpear y echar por tierra la transparencia de que deben estar revestidas todas las contrataciones públicas, tiene otro mar de fondo y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reabrir el debate sobre la creación de un tribunal constitucional que asuma la competencia privativa que, por cierto, con muchas secuelas no siempre virtuosas, sigue monopolizada la Corte Suprema.

Durante la pasada administración, por iniciativa de la Concertación Nacional para el Desarrollo, oportunamente acogida por el presidente Cortizo, se preparó y propuso un proyecto de reformas constitucionales que, entre sus aspectos más relevantes, incluía la creación de un tribunal constitucional, como existe en muchos países y del que es una referencia destacada el español.

La historia es conocida. El proyecto, que originalmente constaba de 40 artículos, fue festinado y desfigurado en la pasada asamblea, la que, después de aprobarlo en la primera legislatura, ante la certeza de que no prosperaría en las etapas siguientes y con seguridad sería rechazado en un eventual referendo, fue retirado por el Órgano Ejecutivo.

El fallo de la Corte Suprema que evita que puedan conocerse los beneficiarios finales de las contrataciones públicas, derrota negativamente en dos direcciones: 1) Por un lado y especialmente porque se ha dictado para decidir una justa solicitud de que se divulgue quienes serán los beneficiarios de la licitación para la construcción de un hospital de mascotas, por la nada insignificante suma de 14 millones, de directo y especial interés para el presidente, que se haya determinado que esa información “es confidencial”, le hace un flaco favor a su gestión y 2) Porque, vuelve a poner sobre la mesa del debate público si le conviene al país que la Corte Suprema siga teniendo el control exclusivo de la guarda e integridad de la constitución.

Este fallo, como muchos otros de cuestionable solidez jurídica, impone que entre las reformas que necesita nuestra constitución, obligatoriamente se incluya la creación del Tribunal Constitucional. El Pleno de la actual Corte Suprema está conformado, hay que asumir, por civilistas, penalistas y contencioso-administrativistas; pero no por constitucionalistas.

De existir un Tribunal Constitucional, a este le hubiera correspondido juzgar y decidir, por ejemplo, la constitucionalidad de los aumentos que se auto decretaron los y las integrantes de la Corte. A nadie, creo que se le ocurra siquiera la idea de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esa decisión del Pleno de la Corte, cuando será esos mismos magistrados y magistradas a los que les correspondería decidirla.

La Justificación de un Tribunal Constitucional también la abona la necesidad de cortar el cordón umbilical de los juzgamientos cruzados de magistrados y diputados: unos y otros se juzgan recíprocamente y al final nadie juzga a nadie.

En cuanto a la transparencia de que deben ser prototipos los actos de la administración pública, en el caso particular que fue decidido por el fallo de la Corte que negó el justificado recurso de habeas data, las connotaciones y consecuencias son de especial trascendencia para la imagen de la actual administración. Por tratarse de un fallo contra el que no cabría esperar que pudiera prosperar un recurso de inconstitucionalidad, el camino recomendable es que de la presidencia partiera la iniciativa de instruir a la Dirección General de Contrataciones Públicas para que esta, en un plazo perentorio, haga públicos todos los detalles cuya divulgación era y es razonable y justificado pedir.

Si así se hiciera, este caso se constituiría en un precedente y a la vez en ejemplo para futuras administraciones. Ganaría el gobierno y ganaría el país.