¿Y dónde queda la justicia?

  • 18/11/2026 00:00

Se denuncian planillas, se cuestiona el despilfarro de los recursos públicos, ¿se señalan irregularidades y ahora un atentado contra la residencia de un periodista. Los hechos se acumulan, las denuncias ocupan titulares, la indignación ciudadana crece. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿dónde queda la justicia?

¿Qué tiene que pasar en Panamá para que las denuncias se conviertan en investigaciones efectivas y los responsables paguen? ¿Cuántos escándalos más necesita el país para entender que la impunidad se ha convertido en uno de nuestros mayores problemas?

No estamos hablando de hechos aislados. Estamos hablando de una realidad que se repite y que termina instalando una peligrosa percepción en la sociedad, que en Panamá denunciar no necesariamente conduce a la justicia, que tener poder puede significar tener protección y que las consecuencias no siempre alcanzan a quienes tienen mayores responsabilidades. Y eso es profundamente grave.

La impunidad no solamente permite que un delito quede sin castigo. También destruye la confianza ciudadana en las instituciones y alimenta el convencimiento de que existen ciudadanos de primera y de segunda. Unos deben responder ante la ley, mientras otros parecen tener suficientes conexiones para evitarla.

Nuestra historia democrática está llena de episodios que han dejado esa sensación. Cada nuevo caso desplaza al anterior y el país continúa su marcha como si nada hubiera ocurrido.

Me pregunto: ¿desde cuándo nos acostumbramos a vivir así?

La justicia no puede convertirse en un instrumento al servicio de intereses políticos o económicos. La coherencia democrática se demuestra precisamente cuando somos capaces de exigir responsabilidades sin importar a quién afecten.

La política no puede seguir siendo un espacio para administrar silencios o mirar hacia otro lado. Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos entender que representar a los ciudadanos significa defender sus derechos, exigir transparencia y reclamar instituciones que funcionen.

Hoy existe un elemento que no podemos ignorar y que nos preocupa, el atentado contra un periodista y la amenaza que representa para la libertad de expresión. Estamos frente a una amenaza contra la libertad, contra el derecho de informar y contra la democracia misma. El Estado tiene la obligación de investigar estos hechos y garantizar que no queden impunes.

Panamá necesita una justicia independiente y valiente. Necesitamos instituciones capaces de actuar, investigar, señalar y sancionar con independencia, sin privilegios ni excepciones.

La democracia no se mide únicamente por la cantidad de elecciones que celebramos, sino por la capacidad del Estado de garantizar nuestros derechos y hacer cumplir la ley.

Cuando la justicia no llega, la impunidad ocupa su lugar. Cuando los responsables no responden, la confianza en el sistema de justicia se desvanece y cuando el ciudadano pierde la esperanza de encontrar justicia en sus instituciones, lo que comienza a ponerse en riesgo es la propia democracia.

Panamá no necesita más escándalos que terminen en el olvido. Necesita justicia, necesita políticos con el valor de alzar la voz, de exigir respuestas y de no convertirse en cómplices del silencio.

Necesitamos que la justicia deje de ser una promesa pendiente y se convierta, de una vez por todas, en la protagonista de nuestra democracia y en una garantía para el futuro inmediato del país.

No necesitamos una justicia de discursos, necesita una justicia que actúe. ¡Basta de expedientes engavetados y responsables intocables!