Abuso sexual: Arquidiócesis de Panamá reconoce casos y admite fallas en su manejo

Unos 24 casos de abuso sexual quedaron bajo responsabilidad de la Arquidiócesis de Panamá entre 2001 y 2025, nueve de ellos con menores de edad. La propia Iglesia reconoció fallas en la investigación, documentación y atención de estas denuncias durante ese periodo.

El reconocimiento se produjo durante la presentación de la Valoración de la Gestión Institucional en Casos de Abuso Sexual de Menores y Personas Vulnerables, elaborada por una Comisión de Transparencia de la Arquidiócesis de Panamá. El documento revisó la actuación de la Iglesia en los casos registrados entre 2001 y 2025 y fue solicitado voluntariamente por la propia institución para conocer sus aciertos y fallas, y establecer medidas que permitan fortalecer sus procesos internos.

De acuerdo con lo presentado, se encontraron 37 denuncias en los archivos eclesiásticos. De estas, 24 casos correspondieron a la Arquidiócesis de Panamá: nueve involucraron a menores de edad y once a adultos en situación de vulnerabilidad.

En los casos de abuso a menores de edad, cinco pasaron por procesos de derecho canónico y terminaron con la expulsión del ministerio sacerdotal del agresor. Pero en lo judicial, sólo uno de estos cinco recibió una condena civil por parte del Ministerio Público.

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, sostuvo que la revisión no fue solicitada para defender a la institución ni para justificar decisiones tomadas en el pasado.

“Desde el inicio hemos querido que se realizara este trabajo en plena libertad porque la arquidiócesis de Panamá pidió esta valoración con una convicción muy clara: queríamos conocer la verdad de cómo hemos hecho las cosas para mejorar, con mucha responsabilidad”, expresó.

Uno de los hallazgos más críticos de la Comisión está precisamente en la forma en que la Arquidiócesis documentó estos casos. Durante buena parte del periodo evaluado, el sistema estuvo centrado principalmente en el acusado y en el procedimiento canónico, mientras que la víctima comenzó a ocupar un lugar más relevante solo en años recientes.

La documentación encontrada tampoco permite reconstruir completamente qué ocurrió en todos los expedientes. El informe señala que existe constancia escrita de entrevistas a los acusados en al menos ocho casos, pero únicamente en dos casos quedó registrada la entrevista realizada a la víctima.

Además, sólo en siete expedientes consta una investigación documentada y en dos aparece registrada una resolución. En ninguno de los casos revisados quedó documentada la notificación formal de esa resolución a las partes.

Ulloa reconoció esta situación y asumió el compromiso de mejorar la documentación de todos los procesos de escucha, atención y acompañamiento.

“Una de las lecciones que debemos asumir es que todo proceso de atención y acompañamiento debe ser cada vez más claro, sistemático y debidamente documentado”, dijo el arzobispo.

La revisión también puso en evidencia otra de las principales debilidades de la respuesta institucional: la reparación a las víctimas. En ninguno de los 24 casos analizados consta que se haya realizado una evaluación formal del daño sufrido por la víctima ni que se haya establecido una medida de reparación.

La Comisión encontró además que la única experiencia registrada de acompañamiento integral y completo a una víctima corresponde a 2015 y fue realizada por una congregación religiosa externa.

Para Ulloa, la reparación no puede reducirse a una compensación económica. Debe incluir una dimensión humana, psicológica y espiritual y respetar la voluntad y el proceso de cada sobreviviente.

El arzobispo expresó además su “profundo dolor” por el sufrimiento causado y pidió perdón en nombre de la Iglesia por los daños ocasionados por sus miembros y por aquellas ocasiones en las que la respuesta institucional no estuvo a la altura de lo esperado.

“Nos duele saber que quienes debieron encontrar en la iglesia, un espacio de acogida, cuidado y confianza, hayan experimentado situaciones que les han causado heridas tan profundas (...) pedimos perdón en nombre de la iglesia”, lamentó Ulloa.

Durante su intervención, el líder de la Iglesia Católica en Panamá también afirmó que, a lo largo de los últimos 25 años, más de 18 sacerdotes fueron separados de su ministerio por faltas relacionadas con el sexto mandamiento que indica “no cometerás adulterio”.

La Estrella de Panamá intentó conocer las identidades de los sacerdotes que han sido separados por abuso sexual, sin embargo, el arzobispo de Panamá detalló que no se puede revelar por privacidad.

“Estamos hablando de confidencialidad, no vamos a hablar de nombres”, contestó a este medio.

La investigación también encontró obstáculos para que las personas comuniquen situaciones de abuso. De las 383 personas que participaron en encuestas anónimas internas, 45 dijeron haber conocido o sospechado de situaciones de abuso. Sin embargo, solo 21 aseguraron haberlas comunicado.

Entre las razones identificadas para no denunciar aparecen la falta de claridad sobre los canales disponibles, el temor a represalias, la percepción de que denunciar no tendría resultados y la presión para proteger la imagen de la Iglesia.

Ulloa hizo un llamado a no guardar silencio y aseguró que la Iglesia está dispuesta a escuchar de manera confidencial y a trasladar las denuncias a las autoridades civiles competentes cuando corresponda.

Este llamado también ha sido acompañado por una campaña dentro de las iglesias que componen la arquidiocésis para denunciar el abuso sexual incitando a los feligreses durante las mismas a comunicar cualquier situación.

“Queremos escuchar y recibir cada denuncia con seriedad, con respeto, protegiendo a las personas involucradas y actuando conforme a los procedimientos establecidos. La Arquidiócesis de Panamá mantiene además la disposición de poner en conocimiento de las autoridades civiles competentes las denuncias que correspondan de acuerdo a la legislación vigente”, añadió Ulloa.

El informe también revela una marcada diferencia entre la capacidad de respuesta ante los casos y la prevención. La Arquidiócesis obtuvo una valoración de 52% en respuesta y atención, pero apenas 6% en prevención formal.

Entre los problemas identificados figura que las líneas guía institucionales ‘Protegiendo nuestro tesoro’, elaboradas en 2015, permanecen pendientes de actualización.

La Comisión sí identificó avances recientes, como la creación en 2024 de la Pastoral de Cuidado y Prevención y la apertura de una Oficina de Escucha, aunque advirtió que todavía es temprano para medir sus resultados.

Ulloa aseguró que las recomendaciones planteadas por la Comisión no quedarán únicamente en un documento y que serán estudiadas para convertirlas en decisiones y acciones concretas. El arzobispo insistió en que la protección de los niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier institución.