Capitanes del Canal de Panamá denuncian ‘abuso de autoridad’ por descuentos salariales tras fallo de la Corte Suprema

Se fortalece el conflicto entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC), este viernes se realizó una conferencia encabezada por Rogelio Marquínez, secretario general de agrupación junto a su abogado, Roberto Ruiz Díaz, detallando el origen de la situación.

Las declaraciones se emiten en medio de una disputa legal y laboral entre la ACP y la UCOC. El conflicto se intensificó tras la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, en julio de 2025, revocó la Convención Colectiva de 2024 que había sido impuesta por la Junta de Relaciones Laborales (JRL) luego de un desacuerdo iniciado en 2019.

A pesar de que el fallo de la CSJ no ordenó la devolución de salarios ya pagados, la ACP, interpretando unilateralmente el fallo, comunicó que detendría los pagos relacionados con la convención anulada (a partir de septiembre de 2025) e iniciaría el proceso de recuperación retroactiva de las sumas ya desembolsadas a los trabajadores, alegando el artículo 134c del Reglamento de Administración de Personal.

El vocero sindical rechaza esta acción por considerarla una “mala interpretación del fallo de la Sala Tercera” y denuncia un “abuso de autoridad y extralimitación de funciones” por parte del Vicepresidente de Capital Humano de la ACP. Esta acción se está materializando a través de notas personales que instan a los funcionarios a “aceptar un descuento” (dando a elegir entre 7%, 10% o 15% del pago), lo que el gremio considera ilegal, ya que los sueldos fueron devengados bajo una convención que era legal en ese momento.

“Con este tipo de situaciones de confrontación no nos están ayudando y va a provocar que tengamos que llegar a las instancias penales por el tema de que aquí hay un claro abuso de autoridad, hay una extralimitación de funciones por parte del Vicepresidente de Recursos Humanos del Canal de Panamá al tratar de imponerle a los capitales y oficiales de cubierta mediante notas para que ellos acepten un descuento que ni siquiera saben hasta dónde llega, qué tiempo va a ser el descuento y peor aún que no hay un amparo legal”, dijo Marquínez

Además, el descuento propuesto no solo impacta a los funcionarios, sino que también afecta a las finanzas públicas, ya que la ACP ha solicitado la devolución de las cuotas e impuestos correspondientes a esos salarios a la Caja del Seguro Social (CSS) y la Dirección General de Ingresos (DGI).

Como respuesta a esta “acción inminente” de la ACP, la UCOC presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte. El gremio argumenta que la medida viola el debido proceso, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y el derecho a la propiedad privada.

Las declaraciones confirman que el sindicato busca que la Corte ordene la suspensión provisional de los descuentos y exige a la ACP que abandone su postura de confrontación y se siente a discutir la Convención Colectiva, tal como, según ellos, lo requiere el fallo judicial. Tras la anulación, la convención que actualmente rige es la del año 2020.

Asimismo, lanzaron un llamado al diálogo. “Así que nosotros instamos como abogados y también la Unión a llegar a un punto de acuerdo y consenso en el sentido de respetar los derechos ya adquiridos y que en la medida de lo posible se vuelvan a sentar a conversar porque eso es parte de la decisión de la Corte, que no lo está diciendo el Canal, que es sentarse a discutir la convención colectiva porque el fallo tampoco dice que queda rigiendo la anterior convención colectiva ni que hay que esperar hasta el 2028 para que se vuelva a discutir una nueva convención colectiva”, dijo Ruíz Díaz.