Contraloría ordena secuestro de bienes a exsubdirectora de la DGI
- 08/07/2026 00:00
Una auditoría forense detectó una diferencia de $432,152.83 entre los recursos de origen conocido y los movimientos financieros de Maritza Ureña González
La Contraloría General de la República ordenó medidas precautorias sobre el patrimonio de Maritza Ureña González, exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), hasta por $432,152.83, luego de que una auditoría forense detectara una diferencia entre los recursos de origen conocido y los movimientos financieros analizados por la entidad.
La decisión quedó consignada en la Resolución No. 1441-2026-LEG/UA, del 12 de mayo de 2026, mediante la cual el contralor general dispuso el secuestro preventivo de bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y cualquier crédito que la exfuncionaria mantenga frente al Estado, con el propósito de salvaguardar los intereses públicos mientras se desarrolla el proceso correspondiente.
De acuerdo con la resolución, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense estableció que Ureña González mantenía recursos provenientes de fuentes identificadas por $576,991, incluyendo saldos bancarios iniciales.
Sin embargo, el análisis determinó que el total de recursos utilizados —entre inversiones, desembolsos y saldos bancarios— ascendía a $1,009,143.83, lo que arrojó una diferencia de $432,152.83 entre los recursos conocidos y el movimiento financiero observado.
Ese resultado motivó la recomendación de adoptar medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria hasta por el monto de la diferencia detectada.
La resolución dispone el secuestro preventivo sobre diversos activos registrados a nombre de Ureña González.
Entre ellos figura la finca No. 30413445, correspondiente a una unidad del proyecto residencial Panamá Viejo Residences, además de cualquier otro bien inmueble inscrito en el Registro Público.
La medida también comprende cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, plazos fijos, valores, tarjetas de crédito, cajillas de seguridad y otros productos financieros en bancos, cooperativas e instituciones financieras donde la exfuncionaria figure como titular o firmante autorizada.
Asimismo, alcanza los vehículos registrados a su nombre y las cuentas por cobrar o créditos que pudiera mantener frente al Estado.
La Contraloría notificó al Registro Público para impedir la inscripción de cualquier operación sobre los bienes afectados mientras permanezca vigente la medida.
La Contraloría sustentó su decisión en el artículo 29 de la Ley 32 de 1984, modificado por la Ley 351 de 2022, que faculta a la institución a adoptar medidas precautorias cuando detecte irregularidades graves en el manejo de bienes o fondos públicos.
La resolución también cita el reglamento de medidas precautorias aprobado por la Contraloría en septiembre de 2025, el cual establece los mecanismos para proteger el patrimonio del Estado mientras se desarrollan procesos de cuentas o investigaciones administrativas.
No implica una condena
Las medidas precautorias tienen carácter preventivo y buscan preservar bienes que eventualmente puedan responder por un proceso patrimonial.
La propia resolución establece que Ureña González puede presentar un recurso de reconsideración ante el contralor general o el funcionario delegado para conocer estos casos. No obstante, la interposición de ese recurso no suspende la ejecución de la medida.
El caso de Ureña González forma parte de una serie de expedientes en los que la Contraloría ha adoptado medidas patrimoniales contra exfuncionarios de la pasada administración, mientras avanzan auditorías e investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.