Contraloría presenta siete denuncias penales tras auditorías
- 08/07/2026 00:00
Los expedientes fueron remitidos al Ministerio Público tras hallazgos detectados en auditorías a entidades públicas, una empresa y cuatro exfuncionarios. Algunos casos ya dieron lugar a secuestros de bienes por más de $18 millones
La Contraloría General de la República presentó siete denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) luego de informes de auditoría que identificaron hallazgos que, según la entidad, podrían requerir una investigación penal.
Los expedientes corresponden a revisiones realizadas a entidades públicas, empresas y personas naturales entre 2025 y 2026. La institución informó que las denuncias forman parte de su deber legal de remitir a las autoridades competentes aquellos casos en los que surjan elementos que puedan ameritar una investigación.
Entre los casos comunicados figuran auditorías relacionadas con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), FCC Construcción, S.A., la Junta Comunal de Ponuga y cuatro exfuncionarios vinculados a la pasada administración pública.
La presentación de estas denuncias ocurre en medio de una serie de acciones de fiscalización impulsadas por la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, que en los últimos meses han ordenado medidas precautorias y secuestros de bienes por más de $18 millones mientras avanzan procesos administrativos, patrimoniales y penales.
De acuerdo con la información divulgada por la Contraloría, las denuncias corresponden a los siguientes informes de auditoría: Idaan: informe de auditoría presentado el 26 de junio de 2025 y denuncia penal presentada el 1 de julio de 2026.
FCC Construcción, S.A.: informe presentado el 18 de septiembre de 2025 y denuncia penal presentada el 2 de julio de 2026.
Junta Comunal de Ponuga: informe presentado el 19 de enero de 2026 y denuncia penal presentada el 1 de julio de 2026.
Noriel Arauz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP): informe presentado el 9 de abril de 2026 y denuncia penal presentada el 30 de junio de 2026.
Publio De Gracia Tejada, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI): informe presentado el 25 de mayo de 2026 y denuncia penal presentada el 2 de julio de 2026.
Nadia Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia: informe presentado el 29 de junio de 2026 y denuncia penal presentada el 2 de julio de 2026.
Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI: informe presentado el 29 de junio de 2026 y denuncia penal presentada el 2 de julio de 2026.
La Contraloría precisó posteriormente el objeto de las auditorías que dieron origen a las siete denuncias penales presentadas ante el MP.
En el caso del Idaan, la revisión se concentró en el renglón de perforadoras de pozos.
Otro de los expedientes corresponde a FCC Construcción, S.A., cuya auditoría examinó esquemas de exoneración del impuesto sobre la renta.
Este caso está ligado a la auditoría practicada al exdirector de la DGI, Publio De Gracia Tejada, la cual revisó sus actuaciones durante el ejercicio del cargo en relación con ese proceso tributario.
Como parte de ese mismo caso, el Tribunal de Cuentas ordenó el secuestro de bienes de De Gracia hasta por $16.3 millones. El exfuncionario rechazó públicamente la medida y afirmó que ese monto no corresponde a su patrimonio.
La auditoría a la Junta Comunal de Ponuga, de acuerdo con la Contraloría, estuvo relacionada con el manejo, emisión y refrendo de cheques para la compra de materiales de construcción.
Varios de los nombres incluidos en las denuncias también enfrentan medidas precautorias para preservar posibles intereses del Estado mientras avanzan los procesos correspondientes.
En el caso de Noriel Arauz, exadministrador de la AMP, la Contraloría ordenó medidas precautorias sobre bienes hasta por $1.3 millones, tras una auditoría patrimonial.
Sobre Nadia Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, la Contraloría decretó medidas hasta por $576,474.65. Del Río respondió públicamente que no tiene nada que ocultar y manifestó que atenderá el proceso por las vías legales. Acudió a la Corte para contrarrestar la medida de la Contraloría.
En el caso de Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI, la Contraloría ordenó medidas sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y otros activos hasta por $432,152.83.
De acuerdo con la resolución, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense estableció que Ureña González mantenía recursos provenientes de fuentes identificadas por $576,991, incluyendo saldos bancarios iniciales.
Sin embargo, el análisis determinó que el total de recursos utilizados —entre inversiones, desembolsos y saldos bancarios— ascendía a $1,009,143.83, lo que arrojó una diferencia de $432,152.83 entre los recursos conocidos y el movimiento financiero observado.
La resolución dispone el secuestro preventivo sobre diversos activos registrados a nombre de Ureña González.
La medida comprende un apartamte, cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, plazos fijos, valores, tarjetas de crédito, cajillas de seguridad y otros productos financieros en bancos, cooperativas e instituciones financieras donde la exfuncionaria figure como titular o firmante autorizada.