En duda la admisión del ‘habeas data’ para conocer a los verdaderos contratantes del Estado

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que existe un proyecto de fallo respecto a la admisión del habeas data presentado en septiembre ante la máxima corporación de justicia del país, que busca quitarle el velo al ocultamiento de los beneficiarios finales de las empresas contratantes con el Estado.

Para abogados procesalistas, esto podría significar que la acción no sería admitida por la magistrada ponente Maribel Cornejo, toda vez que la jurista tiene la facultad de admitir dicha acción sin requerir la opinión colegiada de los nueve magistrados, pero, desde el 29 de septiembre, circula dicho proyecto.

La demanda le solicita a la CSJ que le exija a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que entregue a la autora de esta noticia toda la información relacionada con los beneficiarios finales y accionistas nominativos de los proponentes, adjudicatarios o contratistas de la licitación pública por mejor valor para el diseño, construcción y equipamiento del Hospital de Mascotas, cuyo precio es de $14 millones.

“La acción de habeas data debió ser admitida si cumple los requisitos de procedimiento, y así entrar a resolver el fondo de lo solicitado. Eventualmente, la CSJ evita conocer lo pretendido exigiendo ‘estándares‘ que no existen en la Ley 6 de 2002 ni en la Constitución Política. Por tanto, lo procesalmente viable es que sea admitida dicha acción y crear doctrina relevante que eleve el acceso a la información pública a los propósitos de una sociedad abierta en datos”, comentó el abogado con maestría en derecho procesal Félix Humberto Paz Moreno.

De concederse el habeas data se revelaría también la información para todas las licitaciones del Estado y se podría conocer quién está detrás de las sociedades contratantes, si son donantes de campaña, sus vínculos con las autoridades de turno y posibles conflictos de interés.

La acción de habeas data surgió luego de una solicitud de información, en amparo de la Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002 para conocer a los beneficiarios finales de las sociedades que se presentaron ante el acto público para construir el Hospital de Mascotas, promesa de campaña de la actual administración, y que se adjudicó Construction Management S.A.

Según la normativa de contrataciones públicas, los proponentes de una licitación mayor a $500 mil están obligados a presentar una declaración jurada en la que se certifique el nombre de cada persona natural beneficiaria de por lo menos el 10% del capital accionario emitido y en circulación.

Con base en esta premisa, y que anteriormente esta información era publicada en el portal de compras públicas PanamaCompra.gob.pa, la documentación fue requerida; sin embargo, la DGCP contestó que la misma es “de acceso restringido”.

La acción interpuesta mediante el abogado Publio Cortés Carvajal argumenta que, previo a la solicitud periodística, la información no estaba considerada como “confidencial” o “de acceso restringido” como alegó la DGCP.

A su vez, señala que la Ley de Contrataciones Públicas tiene como principio la transparencia porque se trata de “contrataciones con fondos públicos que todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gastan”.

Además, en el caso específico de los proponentes y contratistas que son personas jurídicas, la legislación de contrataciones públicas tiene como “meta concreta que todos los ciudadanos panameños sepan quienes son las personas naturales que controlan a las empresas o personas jurídicas que le venden bienes o prestan servicios al Estado, pagados con fondos públicos”.

“El interés general de todos los ciudadanos de poder saber quién está recibiendo pagos con fondos públicos, y el interés general de combatir la corrupción, están por encima que el interés particular de cualquier persona jurídica, no importa su tamaño o peso político”, cita la demanda de ‘habeas data’.