Ernesto Cedeño: hay que ‘meterle lupa’ a los candidatos a magistrados
- 01/08/2025 15:34
Siguen las reacciones sobre la decisión del presidente Mulino de no convocar el Pacto de Estado por la Justicia para designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema. El diputado Ernesto Cedeño, del Partido Movimiento Otro Camino (MOCA) y de la bancada Seguimos, se refirió a la decisión del presidente José Raúl Mulino de no convocar a un Pacto de Estado por la Justicia para la designación de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes iniciarán sus gestiones en 2026.
“A mi juicio es un despropósito. Ya había gobiernos que habían superado esa etapa; aunque la Constitución lo permite, se había permitido ese escrutinio previo de la sociedad civil a los candidatos”, expresó el diputado Cedeño.
De acuerdo con el artículo 200 de la Carta Magna, el Consejo de Gabinete, presidido por el presidente, tiene la facultad de designar a los magistrados de la CSJ, quienes deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional.
“Eso va a ser una decisión, al parecer, unilateral del Ejecutivo, conforme a la posibilidad constitucional que existe. Yo creo que los diputados tenemos que meterle la lupa a esos candidatos y hacerles las preguntas que nadie les ha hecho para saber si dominan bien la materia y todos sus arraigos, para que hagan un buen papel”, consideró el parlamentario.
“Ese es el reto que vamos a tener nosotros los diputados, porque así lo ha determinado el Ejecutivo”, dijo finalmente.
Este jueves 31 de julio, en la conferencia de prensa tradicional, La Estrella de Panamá le preguntó al mandatario si tenía planes de convocar a una Comisión de la Justicia. A esto, el presidente contestó: “No. Los voy a designar en ejercicio de mi función constitucional. Punto”, y concluyó sin dar más explicaciones.
La respuesta generó la oposición de la Fundación Transparencia Internacional (TI), que consideró que la omisión de ese procedimiento representaba “una oportunidad perdida para reconstruir la confianza ciudadana en un proceso crucial para la democracia”.
Además, manifestó que la participación ciudadana no restaba facultades al Ejecutivo.
“Recordemos que, además de la Constitución, normas como la Ley de Transparencia y compromisos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Alianza para el Gobierno Abierto exigen mecanismos de consulta y participación”, manifestó TI.
El diputado Ernesto Cedeño, del Partido Movimiento Otro Camino (MOCA) y de la bancada Seguimos, se refirió a la decisión del presidente José Raúl Mulino de no convocar a un Pacto de Estado por la Justicia para la designación de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes iniciarán sus gestiones en 2026.
“A mi juicio es un despropósito. Ya había gobiernos que habían superado esa etapa; aunque la Constitución lo permite, se había permitido ese escrutinio previo de la sociedad civil a los candidatos”, expresó el diputado Cedeño.
De acuerdo con el artículo 200 de la Carta Magna, el Consejo de Gabinete, presidido por el presidente, tiene la facultad de designar a los magistrados de la CSJ, quienes deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional.
“Eso va a ser una decisión, al parecer, unilateral del Ejecutivo, conforme a la posibilidad constitucional que existe. Yo creo que los diputados tenemos que meterle la lupa a esos candidatos y hacerles las preguntas que nadie les ha hecho para saber si dominan bien la materia y todos sus arraigos, para que hagan un buen papel”, consideró el parlamentario.
“Ese es el reto que vamos a tener nosotros los diputados, porque así lo ha determinado el Ejecutivo”, dijo finalmente.
Este jueves 31 de julio, en la conferencia de prensa tradicional, La Estrella de Panamá le preguntó al mandatario si tenía planes de convocar a una Comisión de la Justicia. A esto, el presidente contestó: “No. Los voy a designar en ejercicio de mi función constitucional. Punto”, y concluyó sin dar más explicaciones.
La respuesta generó la oposición de la Fundación Transparencia Internacional (TI), que consideró que la omisión de ese procedimiento representaba “una oportunidad perdida para reconstruir la confianza ciudadana en un proceso crucial para la democracia”.
Además, manifestó que la participación ciudadana no restaba facultades al Ejecutivo.
“Recordemos que, además de la Constitución, normas como la Ley de Transparencia y compromisos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Alianza para el Gobierno Abierto exigen mecanismos de consulta y participación”, manifestó TI.