Mulino descarta Pacto de Estado por la Justicia y reforma al Código de Trabajo

En su conferencia semanal de este jueves 31 de julio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó planes de convocar el Pacto de Estado por la Justicia ante la escogencia de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que iniciarán funciones en 2026, tras la salida en dicembre de los funcionarios Ángela Russo y Cecilio Cedalise, que se integraron al Órgano Judicial durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019).

Al ser consultado por La Estrella de Panamá sobre la posibilidad de implementar esta comisión, el mandatario respondió: “No. Los voy a designar en ejercicio de mi función constitucional. Punto”, dijo sin mayores explicaciones.

Los dos nuevos funcionarios ejercerán, respectivamente, uno en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, y otro en la Sala Primera de lo Civil, por un periodo de diez años. Primero, deberán ser designados por el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente, en su facultad legal de acuerdo con el artículo 200 de la Carta Magna, y luego, avalados por la Asamblea Nacional.

El establecimiento de Comisiones Especiales que participen en esta coyuntura, aunque recomendado por los gremios judiciales para el escrutinio de la trayectoria de los candidatos, no es obligatorio. Sin embargo, los nueve magistrados actuales de la CSJ pasaron por el Pacto de Estado de la Justicia. En el reciente escenario electoral, esta comisión también interrogó a los candidatos a la presidencia. El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, participó de este proceso, que buscaba “mejorar y modernizar el sistema judicial panameño”, según citó la página de la Defensoría en su momento.

Ante la decisión del presidente Mulino, Transparencia Internacional (TI) emitió un comunicado, en el cual consideró que la medida, pese a permanecer en el campo legal, no responde a dos principios fundamentales. “Primero, el profundo contexto de desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, reflejado en encuestas del CIEPS [El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales] y del Latinobarómetro; y segundo, el valor simbólico e histórico del Pacto de Estado por la Justicia, creado como una salida institucional ante una crisis de legitimidad del sistema judicial y la hoja de ruta de cambios y mejoras, entre ellos los procesos de nombramiento de magistrados que siguen siendo una deuda”, detalló

En esa misma línea, la organización estimó que la omisión del Pacto de Estado por la Justicia es una “oportunidad perdida para reconstruir confianza ciudadana en un proceso crucial para la democracia: la conformación del órgano máximo de justicia”, pues los procesos de rectificación y designación de magistrados sin la participación ciudadana ni de los medios de comunicación, “no garantiza independencia judicial ni legitimidad pública. Por el contrario, ha permitido nombramientos de personas con graves conflictos de interés, sin experiencia judicial o con cuestionamientos éticos”.

El comunicado hizo mención a la Ley de Transparencia y los compromisos internacionales de Panamá, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Alianza para el Gobierno Abierto, que resaltan la necesidad de atender la consulta y la participación. La Comisión de Estado por la Justicia, de acuerdo a la organización, es un espacio donde se revisan antecedentes y se observa de forma pública, generando confianza, pese a su carácter no vinculante. “Reducir este proceso a su legalidad formal y excluir mecanismos legítimos de participación ignora lecciones aprendidas y debilita la posibilidad de avanzar hacia una justicia más independiente, transparente y confiable”, publicó TI.

El Pacto de Estado por la Justicia fue convocado inicialmente en 2005, durante la gestión de Martín Torrijos. Está conformado por los tres órganos del Estado, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y gremios de la sociedad, como el Colegio Nacional de Abogados. Sus objetivos principales eran reformar las leyes a fin de lograr un sistema transparente, imparcial e independiente, participar en la selección de magistrados de la CSJ y expedir una Ley de Carrera que garantizara el respeto y estableciera condiciones para los operadores judiciales.

Al finalizar su tradicional conferencia ,el presidente retomó la palabra para manifestar su disconformidad en un “rumor” difundido en redes sociales. “Sé que anda por ahí (...) bochinches de la izquierda que dicen que el gobierno está planeando modificaciones al Código de Trabajo. Falso, absolutamente falso. Esto no está en ningún lado de mi agenda mientras yo sea presidente de la República. No es cierto y es una estrategia para seguir carboneando ante el estrepitoso fracaso que tuvieron recientemente”, afirmó.

La Asamblea Nacional refrendó el proyecto 168 que modifica y deroga artículos de la Ley de Abogados No. 350 del 2022, aprobado en tercer debate, que brinda a los estudiantes tres alternativas para obtener su idoneidad. Entre esas opciones están: aprobar el examen de barra —que era un punto obligatorio—, realizar servicio voluntario de tres (3) meses en el sector público o privado, o publicar un trabajo de tesis en una revista indexada o especializada.

“No conozco esa ley. La voy a evaluar con mucha calma para ver si se sanciona o se veta parcialmente. Creo que la profesión se ha relajado mucho sin ánimo de criticar a nadie. Ejercer el derecho por ahí, graduados de universidades de garaje. Ha sido un relajo y es una verdadera lástima”, sentenció el presidente.

“Por más liberal que sea la profesión según la Constitución, no puede ser una licencia de matar. Tiene que haber cierto grado de responsabilidad. No podemos soltar abogados en la calle, sin mayores controles, algunos de ellos con dudosos créditos”, manifestó el mandatario.

El presidente manifestó su apoyo a la denuncia presentada por el contralor de la República, Anel Flores, alegando que “tiene mucha justificación. Todos hemos visto lo que ese contrato le ha costado a la nación panameña, incluyéndonos a nosotros. Ese contrato, cuando fue renovado por 25 años más, no lo refrendó el contralor. Eso es lo que se está demandando en la Corte, la nulidad del mismo, porque no fue refrendado”, explicó.

El miércoles 30 de julio, Flores presentó dos demandas: una de inconstitucionalidad y otra de nulidad contra el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports Company, al que calificó como “leonino”, refiriéndose también a transacciones portuarias multimillonarias que no incluían a Panamá, “el verdadero dueño de los puertos”.

En una serie de auditorías de la entidad encabezada por Flores, realizada en enero de este año, se detalló en resultados preliminares que Panamá debió recibir $1,337 millones en concesiones portuarias durante los últimos 24 años. Sin embargo, solo se ingresaron $483 millones, lo que representaría solo un 36% del monto total.

Las demandas llegan en un contexto donde CK Hutchison, la empresa hongkonesa matriz de Panama Ports Company, recibió una oferta multimillonaria de compra del consorcio BlackRock y la naviera italiana MSC por los puertos de Balboa y Cristóbal. Respecto a este tema, Mulino comentó que “es un proceso amplio, hay 41 puertos del mundo que se están vendiendo, y los puertos de Panamá son un proceso aparte. Una cosa no tiene que ver con la otra. La República de Panamá anunciará, pronto, una política de puertos para valernos del privilegio de nuestra posición geográfica”.