Informe sobre mina de cobre recomienda un “cierre ordenado” financiado por el propio proyecto, afirma Moltó
- 30/09/2026 09:19
La comisión interministerial entregó al mandatario sus recomendaciones para resolver la situación del yacimiento, bajo criterios ambientales, sociales, económicos y de transparencia
La comisión interministerial encargada de evaluar la situación de la mina de cobre recomendó al presidente de la República, José Raúl Mulino, autorizar las condiciones necesarias para iniciar un “cierre ordenado” del proyecto minero, financiado por el propio sitio y sin recurrir a recursos del Estado.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, presentó este miércoles las principales conclusiones del informe elaborado durante los últimos tres meses y entregado formalmente al mandatario.
“Lo que le solicitamos y la recomendación principal, señor presidente, es una: que autorice las condiciones para que se inicie un cierre ordenado del sitio, sin que tenga costo fiscal para Panamá, sin posibilidad de prórrogas”, manifestó Moltó.
Según explicó, el proceso deberá colocar como prioridad los intereses ambientales, sociales y económicos del país, ejecutarse con “absoluta transparencia” y respetar el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en noviembre de 2023.
El titular de Comercio e Industrias también advirtió que el cierre de una infraestructura de esta magnitud requerirá tiempo.
“Una operación de esta escala no se cierra en un año ni en cinco”, afirmó.
Moltó detalló que la comisión estableció seis criterios que solicita al Ejecutivo adoptar como parámetros para las decisiones que se tomen en adelante sobre el sitio minero.
El primero es el acatamiento absoluto del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023, mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
“El fallo de noviembre de 2023 se acata íntegramente y no está en discusión en ninguna línea de este informe”, enfatizó el ministro.
El segundo criterio corresponde a la soberanía del Estado sobre los recursos minerales y el subsuelo. Moltó aseguró que ninguna de las recomendaciones incluidas en el documento supone transferir la propiedad de esos recursos.
Como tercer principio, la comisión establece que el proceso debe desarrollarse sin costo fiscal para los panameños. De acuerdo con Moltó, “el sitio paga su propio cierre” y ninguna partida del Presupuesto General del Estado debería destinarse a esa tarea.
A estos elementos se suman la transparencia verificable, la prioridad para las comunidades, trabajadores y proveedores afectados por el cierre de la operación y una supervisión independiente de calidad internacional.
“Que quien opere no sea quien verifique y que quien cierre no sea quien declara que el cierre está bien hecho”, explicó.
El ministro adelantó que el informe será publicado en los sitios web del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
Durante su intervención, Moltó también presentó cifras sobre las consecuencias económicas y sociales derivadas del cierre de la mina.
Según el informe, la operación mantenía aproximadamente 2,000 proveedores registrados, de los cuales tres de cada cuatro eran micro, pequeñas y medianas empresas panameñas, equivalentes a unas 1,500 compañías.
El ministro indicó además que se perdieron más de 6,000 empleos directos y alrededor de 30,000 indirectos tras el cierre de la operación.
La comisión estima que alrededor de 144,000 personas resultaron afectadas por la pérdida de los ingresos vinculados directa o indirectamente con la actividad minera.
Moltó destacó que más de un tercio de los trabajadores procedía de Coclé, mientras que apenas 8 de cada 100 dólares en compras permanecían en esa región.
“Esta desproporción no puede repetirse. La región que puso a los trabajadores y soportó el impacto nunca tuvo la cadena de valor”, señaló.
En materia ambiental, el titular del MICI aseguró que el sitio minero continúa bajo supervisión.
Actualmente se mantienen 164 instrumentos activos para vigilar las instalaciones y el manejo de los relaves, según las cifras presentadas por la comisión.
Bajo el Plan de Preservación y Gestión Segura autorizado para el sitio se han empleado, además, 2,300 panameños, entre ellos 125 personas del distrito de Donoso, 976 de Coclé, 534 del resto de Colón y 665 de otras provincias.
La comisión calcula también una relación de aproximadamente tres puestos indirectos por cada empleo directo, lo que representaría alrededor de 7,000 empleos indirectos adicionales asociados a estas labores.
Moltó insistió en que el documento entregado a Mulino no pretende imponer una decisión al mandatario, sino proporcionar información técnica para determinar los próximos pasos relacionados con el proyecto.
“Este informe no le pide a usted una decisión anticipada. Le pide que usted pueda decidir con información completa”, manifestó.
El ministro recordó que la comisión realizó consultas en las comunidades de Donoso, Coclecito y La Pintada, sostuvo encuentros con trabajadores y proveedores y efectuó recorridos por las áreas cercanas al proyecto.
La recomendación central, reiteró, es establecer las condiciones que permitan desarrollar un cierre ordenado, financiado por el propio sitio, verificable en cada etapa y sujeto a supervisión independiente.
Moltó sostuvo que mantener indefinidamente la incertidumbre también genera consecuencias para las comunidades y la economía de la región.
“Tomar decisiones para resolver este asunto es la mejor manera de proteger a los panameños más vulnerables y evitar mayores costos para el país”, concluyó.