Publio De Gracia responde a cautelación: “No tengo 16 millones ni en sueño”

La ofensiva patrimonial de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas contra exfuncionarios ya supera los 18 millones de dólares en secuestros y cautelaciones de bienes, cuentas bancarias, vehículos y propiedades. Pero uno de los señalados, el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, salió al paso de las investigaciones y lanzó una defensa frontal.

“No tengo esa propiedad, esa cantidad ni en sueño”, afirmó en conversación con La Estrella de Panamá, luego de que el Tribunal de Cuentas ordenara medidas cautelares hasta por 16.3 millones de dólares en su contra.

La medida se origina en una auditoría de la Contraloría relacionada con la empresa FCC Construcción S.A. y un acuerdo tributario aprobado durante su gestión en la DGI. Según el expediente oficial, las autoridades investigan una presunta afectación patrimonial al Estado derivada de un proceso vinculado a impuestos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. Se exoneraron $16,3 millones a FCC en concepto de Impuesto Sobre la Renta y Complementario.

Sin embargo, De Gracia sostiene que el caso “no es una exoneración ilegal”, sino un acuerdo de pago extraordinario permitido por una ley aprobada tras la pandemia para incentivar la recaudación fiscal.

“Primero no hay una exoneración, sino que se llegó a un acuerdo de pago”, insistió.

El exfuncionario explicó que la normativa permitió a contribuyentes alcanzar arreglos extraordinarios siempre que desistieran de litigios tributarios y cumplieran requisitos específicos establecidos en la ley.

“Observábamos que no existían méritos o elementos para determinar un pago o alcance distinto. Todo se decidió en estricto derecho”, afirmó.

“La Contraloría no era la autoridad competente”

La defensa de De Gracia no solo cuestiona las conclusiones de la auditoría, sino también la competencia técnica de la Contraloría para evaluar decisiones tributarias.

“Presentamos elementos sustancialmente contundentes donde se puede identificar que la Contraloría no era la autoridad competente para determinar si los procesos tributarios se hicieron de manera correcta o incorrecta”, sostuvo.

De acuerdo con su versión, la decisión no dependió exclusivamente de él como director de la DGI, sino que pasó por análisis técnicos, jurídicos y revisiones internas antes de firmarse.

“No solo el director general toma decisiones. Esto pasó por departamentos jurídicos, asesores y revisiones previas”, dijo.

“Aeronaves y naves, ni en Japón”

Uno de los puntos que más molestia genera al exfuncionario es la percepción pública provocada por las medidas cautelares emitidas por el Tribunal de Cuentas.

La resolución ordena la cautelación de bienes muebles, inmuebles, aeronaves, naves, cuentas bancarias y otros activos que puedan aparecer registrados a su nombre. Pero De Gracia asegura que eso no significa que posea ese tipo de patrimonio.

“Aeronaves, naves, ni en Japón he tenido algo así a mi nombre”, afirmó.

Según explicó, las medidas se redactan de manera amplia para abarcar cualquier activo que eventualmente pudiera existir.

“Pareciera que la nota dice que mi patrimonio tiene aeronaves o naves y eso no existe”, sostuvo.

El exdirector de la DGI reconoció que las autoridades cautelaron cuentas bancarias, su vehículo y algunas propiedades previamente declaradas en sus informes patrimoniales como servidor público.

“Todo estaba declarado de manera transparente antes y después de mi cargo”, aseguró.

“Espero que no sea político”

Aunque evitó acusar directamente a sectores políticos, De Gracia admitió que teme que detrás del caso exista algún componente político.

“Espero que no sea político”, dijo.

Recordó que durante su gestión tomó decisiones tributarias que afectaron intereses económicos y que muchas veces tuvo que “decir que no” a solicitudes de distintos sectores.

“Sabemos que muchas veces existen estos elementos. Algunas personas no gustan de mí antes y después del cargo”, expresó.

Pese a ello, afirmó que continuará colaborando con las investigaciones abiertas en el Ministerio Público y la Fiscalía de Cuentas.

“Uno como exfuncionario público tiene la obligación de atender a las autoridades y responder”, señaló.