Zarzos serán construídos por empresa investigada contra la fe pública

Empresas en líos legales, sin junta técnica para operar y con la ausencia de información clara sobre el origen de los fondos para financiar los zarzos a más del triple de su valor usual, forman parte de la mezcla que presenta la construcción de los puentes que requiere y que por 30 años ha esperado la comarca Ngäbe Buglé.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó a La Estrella de Panamá que para estos trabajos seguirá contratando de manera directa y por invitación, es decir, utilizando el mecanismo “excepcional”, a pesar de los múltiples cuestionamientos surgidos tras la nota de este diario “Zarzos en la comarca, contratos directos para puentes a más del triple de su precio”, publicada el 16 de este mes.

Directo, como la contratación, el titular del MOP, José Luis Andrade, afirmó que optar por un proceso ordinario retrasaría el inicio de la segunda fase, hasta finales de este año para los cuatro pasos colgantes que estarían instalados en los distritos de Ñurum y Müna: 34 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; y otros 12 en Mironó, Besikó y Nole Duima, aseguró el titular de la entidad, José Luis Andrade.

“Queremos evitar más incidentes; una licitación pública podría posponer el arranque de estas obras hasta fin de año”, explicó el funcionario a este medio.

Preguntado sobre el por qué no se previó la construcción desde 2024 cuando el MOP visitó la comarca, según un informe de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), Andrade sostuvo que “no sé de dónde saca esa información”.

Por mensaje de texto añadió que en el 2024 el MOP identificó la construcción de “15 zarzos dañados por las tormentas de noviembre y diciembre de 2024, que ya están operativos”

En tanto, una nueva documentación a la que tuvo acceso este diario da nuevas pistas del perfil de algunas empresas de las nueve invitadas por el MOP.

Una de ellas: Desarrollo, Inversiones y Equipos Patria S.A. (Diepsa) enfrenta una querella ante el Ministerio Público por la presunta falsificación de documentos y delito contra la fe pública.

Según la documentación legal, Diepsa habría incorporado, sin autorización, la hoja de vida y falsificado la firma del ingeniero Manuel Castillero para presentarlo como superintendente de obras en una propuesta vinculada a otra construcción: la rehabilitación de la carretera El Tigre de los Amarillos–Santa Catalina, en la provincia de Veraguas.

En marzo de 2024 se le solicitó al MOP abrir una investigación por esta supuesta falsificación, según cartas remitidas durante la administración anterior.

Una de estas con fecha del 4 de marzo de 2024, dirigida a Rafael Sabonge el exministro de Obras Públicas, Castillero afirmó que nunca autorizó usar su nombre ni su experiencia profesional, por lo que solicitó la apertura de una investigación administrativa.

No obstante, el MOP rechazó la petición en abril de 2024 por considerarla improcedente y alegó que la licitación había sido adjudicada.

Posteriormente, durante la actual administración gubernamental, el 15 de julio de 2024 el MOP negó otro recurso de reconsideración de reclamo del ingeniero Castillero.

Este medio contactó al representante legal de Diepsa, Eric Cataño, perocerró la llamada intempestivamente al escuchar la consulta y tampoco contestó el mensaje a su celular.

La Estrella de Panamá también consultó a Andrade sobre la contratación de Diepsa para la construcción de cinco zarzos a pesar de los señalamientos hacia la empresa, a lo que el ministro de Obras Públicas respondió que “todas las empresas que cotizaron están habilitadas”.

Por otro lado, la empresa Civil y Logística, S.A., cuyo representante es Juan David Cardoze Martinelli, también fue contratada para construir cinco zarzos en la comarca.

A esta compañía el Ministerio de la Presidencia le adjudicó la restauración de la Casa Amarilla Presidencial, en San Felipe, en junio pasado.

Solo en los últimos cinco años esta empresa se ha adjudicado contratos por $47 millones, según Panamá Compra.

Hasta diciembre de 2025 una de sus dignatarias era Marlene Cardoze Martinelli, también directiva de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) durante la pasada administración gubernamental, puesto en el que representaba al gobierno, por lo que se cuestiona el conflicto de interés ante los millones de dólares en contratos adjudicados.

A su vez, los suscriptores de la sociedad, José Eugênio da Silva Ritter y Dianeth Ospino, aparecen vinculados a la investigación internacional Lava Jato en Brasil.

Ambos figuran como administradores o directivos de sociedades offshore investigadas por canalizar fondos fuera de Brasil, de acuerdo con reportes del medio digital brasileño Metrópoles.

Otra empresa de cuestionable reputación invitada por el MOP para construir zarzos es Constructora MECO, S.A., que también participa en las licitaciones y ha enfrentado procesos judiciales por presunta corrupción.

MECO fue investigada por supuestos pagos a funcionarios para agilizar trámites y desembolsos en el caso Blue Apple; su presidente quedó fuera del proceso tras un acuerdo con el Ministerio Público.

En Costa Rica, la empresa figura en la investigación “Cochinilla”, que indaga una presunta red de sobornos para obtener contratos de infraestructura y debido a la dimensión regional del caso, la fiscalía panameña solicitó información a las autoridades costarricenses.

Mientras algunas compañías enfrentan cuestionamientos por presuntos vínculos con casos de corrupción, otras ni siquiera cumplen requisitos técnicos básicos para licitar y construir con el Estado.

De acuerdo con la Resolución N-JTIA-609 del 29 de octubre de 2003 del MOP, las empresas deben contar con el registro de su Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) para poder participar en procesos de contratación estatal.

Sin embargo, Constructora MECO, S.A. apenas inscribió su junta técnica el pasado 26 de marzo.

Otra de las invitadas por el MOP, Corporación R&M, figura con una junta técnica que era válida hasta el 8 de junio de 2025, de acuerdo con el portal de empresas registradas de la JTIA.

El expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Carlos Penna, advirtió a La Decana que al carecer de este registro, las propuestas de estas empresas no debieron ser admitidas por la entidad..

“Aunque sean invitadas, deben cumplir los reglamentos. Eso incluye tener su junta técnica para poder licitar, sean nacionales o extranjeras”, enfatizó el ingeniero.

La Estrella de Panamá intentó contactar a las empresas, pero no atendieron las llamadas.

En total son $18 millones. El costo de los primeros 50 zarzos, de un total de 100, fueron contratados sin cotizaciones y de forma directa a las empresas; Bocas Generation Company Inc., Civil y Logística,S.A., Concreto Asfáltico Nacional (Conansa), Corporación R & M, Construcciones Rivera, S.A.,Constructora J & D, S.A., Constructora Jhader, S.A., Constructora Meco, S.A. y Diepsa.

El costo promedio de cada zarzo es de $358 mil, pero algunos llegan al medio millón, como los cinco propuesto por Civil y Logística a $490 mil para el Centro Educativo Básico de Mali, según el detalle de Panamá Compra.

Pero, el pasado 12 de marzo el viceministro de Obras Públicas, Iván de Icaza, solicitó una partida para este fin, argumentando que el dinero provendría de ventas de terrenos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), pese a que en su presentación se leía que eran recursos procedentes de excedentes de cobre de Minera Panamá-.

Andrade dijo a La Estrella de Panamá que el dinero saldrá de pagos realizados por la mina al Estado, estimados en unos $30 millones, según sus respuestas por mensaje de texto.

Para profundizar en este aspecto, la Decana solicitó una entrevista con el ministro Andrade, pero este no concedió una cita.

Mientras algunos zarzos contratados bajo el carácter de urgencia cuestan hasta medio millón, la pasada investigación de este diario reveló que 2024 el Municipio de Cañazas, provincia de Veraguas, construyó un zarzo para ese distrito, por $78 mil y otro en Ñurum, en la comarca Ngäbe Buglé, por $30 mil, según datos de Panamá Compra.

Estimaciones técnicas previas de la Fudespa calcularon el costo de esos zarzos entre $100 mil a $150 mil para la comarca Ngäbe Buglé, según el informe de 2025.

El MOP hizo uso del mecanismo excepcional bajo el argumento de urgencia, aunque especialistas advierten que fue la falta de planificación histórica la que impidió procesos competitivos que garantizaran mejores precios, lo que se detalla en la nota periodística: MOP excusa su forma ‘excepcional’ de contratar los zarzos: ‘ es lo más acertado’, del 17 de marzo de 2025.