Procurador confirma denuncias por supuesto abuso policial en protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social
- 29/07/2025 07:48
Se reportaron 95 denuncias a nivel nacional, de las cuales 64 ocurrieron en Bocas del Toro El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, confirmó este martes 29 de julio que el Ministerio Público mantiene abiertas 64 investigaciones por presunto abuso policial en la provincia de Bocas del Toro, tras los disturbios registrados durante las protestas por el rechazo a la ley 462 de la Caja de Seguro Social.
A estas se suman denuncias adicionales en Chiriquí, Coclé, Veraguas y Darién, totalizando aproximadamente 95 causas activas en todo el país contra miembros de la Policía Nacional.
“Por supuesto que hay investigaciones. Solo en Bocas del Toro tenemos 64 denuncias en trámite, y otras más en provincias como Chiriquí, Coclé, Veraguas y Darién”, indicó Gómez en entrevista con TVN Noticias, al referirse a los excesos cometidos durante los operativos policiales para contener las manifestaciones.
El procurador también se refirió a dos supuestos casos de víctimas mortales, que están siendo investigados por el Ministerio Público. Uno de ellos involucra a un ciudadano que habría fallecido tras recibir un disparo durante los disturbios. “Se señala a nivel de necropsia la utilización de un arma de fuego, pero no se ha podido determinar el tipo de proyectil ni a los responsables directos. No se hallaron perdigones metálicos en el cuerpo”, explicó.
El segundo caso corresponde a una menor que, presuntamente, murió por la inhalación de gases lacrimógenos. Gómez informó que tras varios intentos, los fiscales lograron ubicar al padre de la víctima, quien alegó que no la llevó al hospital porque creyó que sus síntomas eran manejables. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio Público solicitó autorización judicial para exhumar el cuerpo, procedimiento que se realizará en agosto.
Gómez fue enfático al asegurar que los hechos ocurridos en Bocas del Toro no califican como manifestaciones pacíficas. “Los actos que se registraron no los conecto con protestas legítimas. Se vandalizaron comercios, se incendiaron instalaciones, como el estadio Calvin Byron, se destruyeron vehículos del Instituto de Medicina Legal y hasta las sedes de la DIJ y el Ministerio Público fueron atacadas”, denunció.
A raíz de estos eventos, 281 personas fueron judicializadas por delitos que incluyen vandalismo, incendiarismo, robo, apología del delito, y agresiones a servidores públicos y medios de transporte. Algunas se encuentran bajo detención preventiva, mientras que otras enfrentan medidas cautelares.
El jefe del Ministerio Público recordó que estas investigaciones se adelantan en la Sección de Homicidios de la provincia y que se están recolectando testimonios y pruebas para establecer responsabilidades. “Se trata de verificar a todas las personas involucradas, tanto ciudadanos como agentes policiales”, señaló.
Sobre las denuncias presentadas por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc y otras organizaciones de derechos humanos, Gómez indicó que todas han sido acogidas de oficio y se están tramitando conforme a lo establecido en el sistema penal acusatorio.
El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, confirmó este martes 29 de julio que el Ministerio Público mantiene abiertas 64 investigaciones por presunto abuso policial en la provincia de Bocas del Toro, tras los disturbios registrados durante las protestas por el rechazo a la ley 462 de la Caja de Seguro Social.
A estas se suman denuncias adicionales en Chiriquí, Coclé, Veraguas y Darién, totalizando aproximadamente 95 causas activas en todo el país contra miembros de la Policía Nacional.
“Por supuesto que hay investigaciones. Solo en Bocas del Toro tenemos 64 denuncias en trámite, y otras más en provincias como Chiriquí, Coclé, Veraguas y Darién”, indicó Gómez en entrevista con TVN Noticias, al referirse a los excesos cometidos durante los operativos policiales para contener las manifestaciones.
El procurador también se refirió a dos supuestos casos de víctimas mortales, que están siendo investigados por el Ministerio Público. Uno de ellos involucra a un ciudadano que habría fallecido tras recibir un disparo durante los disturbios. “Se señala a nivel de necropsia la utilización de un arma de fuego, pero no se ha podido determinar el tipo de proyectil ni a los responsables directos. No se hallaron perdigones metálicos en el cuerpo”, explicó.
El segundo caso corresponde a una menor que, presuntamente, murió por la inhalación de gases lacrimógenos. Gómez informó que tras varios intentos, los fiscales lograron ubicar al padre de la víctima, quien alegó que no la llevó al hospital porque creyó que sus síntomas eran manejables. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio Público solicitó autorización judicial para exhumar el cuerpo, procedimiento que se realizará en agosto.
Gómez fue enfático al asegurar que los hechos ocurridos en Bocas del Toro no califican como manifestaciones pacíficas. “Los actos que se registraron no los conecto con protestas legítimas. Se vandalizaron comercios, se incendiaron instalaciones, como el estadio Calvin Byron, se destruyeron vehículos del Instituto de Medicina Legal y hasta las sedes de la DIJ y el Ministerio Público fueron atacadas”, denunció.
A raíz de estos eventos, 281 personas fueron judicializadas por delitos que incluyen vandalismo, incendiarismo, robo, apología del delito, y agresiones a servidores públicos y medios de transporte. Algunas se encuentran bajo detención preventiva, mientras que otras enfrentan medidas cautelares.
El jefe del Ministerio Público recordó que estas investigaciones se adelantan en la Sección de Homicidios de la provincia y que se están recolectando testimonios y pruebas para establecer responsabilidades. “Se trata de verificar a todas las personas involucradas, tanto ciudadanos como agentes policiales”, señaló.
Sobre las denuncias presentadas por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc y otras organizaciones de derechos humanos, Gómez indicó que todas han sido acogidas de oficio y se están tramitando conforme a lo establecido en el sistema penal acusatorio.