La nueva Constitución

Con el solemne acto celebrado anoche en que fue firmada la nueva Constitución de la República, y con el juramento de la misma prestado por Su Excelencia el señor Presidente de la República, Enrique A. Jiménez, se ha iniciado en nuestra vida una nueva etapa de legalidad, de trascendencia y valor histórico indiscutible.

Para los que tenemos un alto sentido de respeto por la norma jurídica, las constituciones políticas tienen una importancia extraordinaria y su violación o quebrantamiento entraña una dilatada serie de peligros cuyas consecuencias no tardan en advertir hasta las personas menos avisadas.

Podemos ver, en efecto, que hay todavía unos cuantos países que viven al margen de la propia ley fundamental que se ha dictado. Existen regímenes donde solo se tiene en cuenta la voluntad o el capricho de los gobernantes y donde día a día se violan y quebrantan las normas más esenciales que regulan los derechos y deberes de las colectividades. Las constituciones en esos países han venido a ser documentos sin valor porque no están respaldados por el poder coercitivo que el Estado ha de poner siempre al servicio de la ley, ya que este poder, en manos de gobernantes inescrupulosos, solo sirve para amparar los atropellos y para impedir toda posibilidad de que el pueblo restaure el imperio de la legalidad por medio de actos de violencia. Pero las consecuencias que de esto se derivan tienen una gravedad que aumenta a medida que se prolonga tal estado de cosas, puesto que los derechos más esenciales de la ciudadanía y de todos los habitantes del país no dependen más que de la voluntad del gobernante que dispone de la fuerza para imponerla a su capricho.

Un país sin Constitución o con la ley fundamental violada a cada paso con repetidas infracciones de su texto, no puede cumplir debidamente sus tareas vitales con ritmo regular puesto que la duda y el temor, la incertidumbre y la zozobra, ocupan el lugar de la seguridad y la firmeza que preside todas las determinaciones del que sabe que ajustándose a la ley establecida sus derechos serán siempre amparados.

La importancia de una Constitución no puede ser disminuida, así como tampoco cabe rebajar el valor que tiene para todos el que sus preceptos sean siempre escrupulosamente respetados, puesto que la ley fundamental es la norma reguladora de los derechos y deberes de gobernantes y de gobernados.

En nuestro país hemos podido experimentar también las consecuencias de violaciones constitucionales claras y patentes generadoras de males que no es preciso enumerar una vez más, porque están en la memoria de todos. Cuando se quebranta un precepto de la ley fundamental, se practica una brecha que no tarda en ser ensanchada, y muy pronto la Constitución pasa a ser un documento sin más valor que el histórico.

La sanción de nuestra carta magna celebrada ayer, cierra un capítulo de sucesivas infracciones constitucionales cuyo primer episodio muy bien podría señalarse en el 2 de enero de 1931, y abre un periodo de legalidad completamente nuevo del que no debemos salir nunca. Las normas de una Constitución como las leyes todas de un país, pueden llegar a ser inoperantes, y hasta perjudiciales si se quiere, pero existen medios claramente señalados para hacer las reformas y las enmiendas que se consideren necesarias sin acudir a las siempre perturbadoras infracciones. Pero reformar una Constitución para ajustar sus preceptos a las necesidades que la realidad impone, no significa incumplirla, sino cabalmente todo lo contrario, puesto que el ritmo de la legalidad no se interrumpe.

Al iniciarse un nuevo periodo en la historia de nuestro país, debemos comprender todos con la claridad necesaria la enorme trascendencia de este hecho, y esforzarnos porque nunca se interrumpa entre nosotros el ritmo de la legalidad republicana, para felicidad de nuestro pueblo y ejemplo de las generaciones venideras.