Generar empleos flexibilizando las normas

CHILE. No se trataba de inundar las playas de turistas improvisados. Tampoco era un premio otorgado por las empresas porque los trabajadores hubiesen soportado una carga de trabajo mayor –por el contrario, la producción del sector había caído un 34. 4% en el último mes.

Adelantar las vacaciones era la única forma en que las automotrices brasileñas podían evitar el alto costo de mantener funcionando plantas que ya no estaban produciendo y alejar el fantasma de los despidos masivos. Entre diciembre y enero, más de 40 mil obreros de esa industria fueron obligados a tomarse un descanso sin saber cuál sería su destino al regreso de sus vacaciones.

La voz de alerta ya está dada. Organismos internacionales, como la OIT, pronostican que la desocupación en América Latina alcanzará el 9%, y se busca toda clase de medidas para evitarlo.

Es la crónica de la desaceleración y desocupación anunciada. Y en momentos que los gobiernos hacen gala de sus abultadas billeteras para presentar costosos planes de inversión y generación de empleo, también vuelve a surgir el eterno debate de la necesaria flexibilidad laboral como una forma de evitar mayores despidos o cierres de empresas.

América Latina es flexible, pero no tanto. Según el ranking Doing Business del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios en 181 países, la región se encuentra en una posición media respecto a otras regiones en el aspecto regulatorio del mercado laboral.

“Una regulación flexible ayuda a ajustar la oferta y demanda de trabajo en momentos de fluctuaciones económicas, no sólo en momentos de crisis, sino también en los momentos de recuperación, cuando favorece la contratación”, dice César Chaparro, abogado y economista del Banco Mundial. Pero los llamados por la flexibilidad, obviamente, no son bien recibidos por los grupos sindicales.

Cuando el presidente de Vale, Roger Agnelli, declaró que había que suspender algunos derechos laborales para poder enfrentar mejor la crisis –después de anunciar la eliminación de 1.300 puestos de trabajo– los dirigentes laborales pusieron el grito en el cielo.

Alegan que aquellas empresas que reciban financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo, no deben perjudicar a sus trabajadores sino conformarse con obtener menores ganancias. El llamado de Agnelli tampoco tuvo tanta respuesta entre los mismos empresarios.

Algunas leyes ya ofrecen alternativas para solucionar el problema con los trabajadores y no sería necesario modificarlas. La primera opción es reducir jornadas y salarios, la segunda –que ya fue anunciada por las fábricas automotrices– permite congelar los contratos durante hasta cinco meses de común acuerdo con los empleados, quienes reciben compensaciones; además se puede sustituir parte del sueldo por una participación en las ganancias.

En Chile, empresarios y políticos han comenzado ya a hablar de una desocupación de dos dígitos para 2009 –citando el 10% que dejó la crisis asiática–, algo que Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Chile, critica como un intento por sacar provecho del negativo escenario económico en un año electoral. ¿Qué tipo de provecho? “Presionar al gobierno en función de buscar los objetivos que por años ellos vienen planteando”, dice Martínez. Entre éstos está disuadir a los sindicatos de negociar colectivamente este año, lograr que algunos trabajadores incluso abandonen algunos derechos para mantener su empleo, obtener subsidios del Estado para sus empresas y “el paradigma de la flexibilidad laboral, que no es otra cosa que disminuir derechos de los trabajadores y crear una tremenda precariedad del empleo”.

Martínez encuentra suficientemente flexibles las leyes chilenas. “Chile tiene una cantidad de formas de contratar sin ninguna indemnización por despido. Hay jornadas de cinco horas diarias en nuestro país, pero ellos quieren más”, dice.

“Las inversiones se van a ir cuando la paz social se altere. Yo estoy seguro que el día que nos agredan se acaba la paz social. Hay un límite de lo que uno puede aguantar”, advierte el líder sindical.

La autoridad, quizás consciente de la importancia del eje social en su gobierno y de la cercanía de las elecciones, decidió permitir que la conflictiva Semana Corrida entre en vigor e introducir mejoras que extienden de cinco a siete meses la cobertura del seguro de cesantía, en caso de que el desempleo nacional exceda el promedio de los últimos cuatro años y elimina el requisito de contar con contrato indefinido.

El beneficio, no obstante, tiene tope de $300 y desciende mes a mes. Además, financiará un plan anticrisis con un costo de $4.000 millones, que según sus proponentes, generará 100.000 empleos y servirá para revitalizar a las industrias afectadas.

Si bien no hay acuerdo sobre cuál es el momento más propicio para liberalizar las regulaciones en el mercado laboral, la excesiva rigidez para negociar las salidas ya existentes puede heredar un problema aún más costoso al finalizar la crisis si crece el sector informal.