¿Tiene el gobierno una política alimentaria?

PANAMÁ. Primer escollo: el presidente se contradice.

En una entrevista divulgada en vivo y a todo color por una televisora local con motivo de cumplirse el segundo año de Gobierno, el presidente Ricardo Martinelli hizó referencia a que el aumento de la canasta básica no era atribuible a los intermediarios sino a que los alimentos en Panamá son importados (‘no es como la gente dice que son los intermediarios, sino que son los productos importados’).

El señalamiento refleja de plano una seria contradicción. Sólo semanas antes, durante una reunión con miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y basado en supuestas evidencias aportadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el propio presidente reprochó a los empresarios que en país el aumento de la inflación era el resultado de prácticas no competitivas ejercidas por los distribuidores.

Más allá de la obvia incongruencia, el presidente lamentablemente parte además de una premisa falsa: hoy por hoy, es sabido entre los expertos que Panamá sigue siendo —para bien o para mal— uno de los países que más protege su agricultura a través de altos aranceles, lo cual de hecho constituye uno de los problemas estructurales que más encarece el costo local de los alimentos.

De cada dólar sólo 20 centavos son para importaciones.

Por ejemplo, según datos de la Contraloría General de la República (CGR) el valor total de la producción agrícola en Panamá en el 2007 fue de más de mil millones de dólares, mientras que las importaciones de productos agrícolas fue de sólo 200 millones de dólares (es decir 20%).

Si bien es cierto que el aumento de la inflación mundial incide sobre la inflación panameña; dicha influencia ocurre solo de forma indirecta y no a través del aumento del precio de los alimentos. Por ejemplo el aumento en el precio de los fertilizantes y de la gasolina incide obviamente en los costos de operación de nuestros agricultores.

Sin embargo, como hemos dicho, Panamá constituye un país relativamente cerrado en materia de importación de alimentos y de hecho, aún con el aumento de precio de la comida y los granos a nivel internacional, técnicamente dichos precios en la mayoría de los casos estarían muy por debajo de los precios locales (lo que de por sí resulta es indicativo de una seria distorsión económica).

Es decir, claramente el desalineamiento entre los precios locales (a nivel de consumidor) con respecto de los precios internacionales es el resultado de altos aranceles, elevados costos de producción local, algún tipo de distorsión como prácticas anticompetitivas o, simplemente, una combinación de todo lo anterior.

¿CUÁNTO LE CUESTA AL CONSUMIDOR PANAMEÑO EL PROTECCIONISMO?

Precisamente un estudio elaborado por el Banco Mundial (BM) para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentado en el 2006, indicaba que el sobreprecio que se deriva del proteccionismo en Panamá equivalía en esos días a unos 239 millones de dólares anuales.

Esto se explica en función del hecho de que, a guisa de ejemplo, los aranceles para la carne pueden ser tan altos como 70%, las tarifas de granos hasta 90%, y algunas piezas de pollo hasta 260%.

Es importante que el Gobierno Nacional entienda la naturaleza del problema para corregirlo y evitar inconsistencias. Si bien el gobierno va en la dirección correcta, con los programas de ferias populares, desde el punto de vista estructural o de largo plazo la medida resulta absolutamente insuficiente.

¿BASTA CON METER PLATA EN LA CADENA DE FRÍO?

En tal sentido lo que resulta necesario sería efectivamente ampliar la infraestructura física para el establecimiento de mercados populares permanentes, quizás a través de una red de mercados municipales. Igualmente hace falta aumentar los caminos de penetración para facilitar el transporte de insumos hacia los puntos de producción agrícola y de los productos desde dichos centros hacia los lugares de consumo masivo.

Como elemento fundamental el país tiene que mejorar necesariamente su productividad agropecuaria lo cual exige una política agresiva de parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y otras entidades involucradas en el tema agrícola.

Pero tan importante aún es que, si en efecto se determina que hay roscas y prácticas monopolísticas en el proceso de distribuir alimentos, éstas deben cesar como paso irremediable para resolver el costo de la canasta básica.

Finalmente, no cabe duda, Panamá de forma progresiva debe ir avanzando hacia una mayor apertura en materia agrícola buscando que la producción nacional se oriente hacia rubros de más alto valor en bienes especializados como café, orquídeas, melón y piña, entre otros y esta transición debe hacerse de una forma progresiva asegurando que quienes salgan menos afectados sean precisamente los pequeños productores. Esto se puede lograr justamente enfocando el apoyo en aquellos sectores que más requieren del mismo a través de cursos de capacitación tecnológica y comercial.

En cuanto al fementido proyecto de Cadena de Frío, indistintamente al nivel o calidad de las infraestructuras que pudieran desarrollarse, al final si esta cadena queda bajo el control de quienes incurren en prácticas anticompetitivas difícilmente se va a remediar el problema de la canasta básica.

Igual que en el caso de las cárceles o de las escuelas, en donde supuestamente el Gobierno desarrolla millonarias inversiones (que pueden de paso tener un alto impacto electoral de cara a una posible reelección inmediata), a largo plazo la calidad de estos productos no va a mejorar sino no se cambia el modelo de gestión, es decir si no se transforman los procesos mediante los cuales se imparte la educación, se administran las cárceles o se distribuyen los bienes alimentarios.