¿El MEF y el TPC: nuevos derroteros panameños?

PANAMÁ. TPC: ventajas que no se aprovechan solas. La ratificación o aprobación del Congreso norteamericano la semana pasada del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Panamá constituye un gran logro pero, irónicamente también un gran atraso.

Atraso por cuanto que Panamá tuvo la oportunidad hace varios quinquenios de establecer un tratado con ese país, tal como lo ha hecho con otros, lo cual nos hubiera ahorrado dificultades y tiempo, y permitido avances significativos en nuestra política comercial. Más allá de eso, es un hecho que se trata de un logro técnico y diplomático cuya autoría recae cuando menos sobre los últimos tres gobiernos --incluyendo el actual por supuesto.

Contrario a lo que supone el común de la gente, y la natural preocupación de nuestros agricultores, este acuerdo ofrece una razonable protección a nuestros campos en virtud de que establece altos aranceles para los rubros sensibles, aranceles que luego bajan de manera progresiva al cabo de varios años.

Por otra parte, técnicamente este tratado no se aplicará sino dentro de un año o quizás más, ya que sendos países requieren instrumentar reglamentos y normas internas, y cumplir acuerdos inter-instituciones entre sus aduanas, Ministerios Agropecuarios y de Comercio entre otros. Más aun, resulta improbable que este tratado tenga un impacto a corto plazo, tomando en cuenta la difícil situación que atraviesa Estados Unidos.

No obstante, a mediano plazo resulta claro que podría haber beneficios potenciales para nuestro país en virtud de que se refuerza la seguridad jurídica entre ambas naciones lo cual evidentemente mejora la oportunidad de Panamá para captar inversiones directas de los Estados Unidos, y abre un mercado más amplio para que el país exporte sus bienes y servicios.

Sin embargo, aprovechar este tratado --igual que otros-- requiere una estrategia de competitividad y mejoramiento de la oferta exportable. En tal sentido, el actual Gobierno ha hecho poco o nada y sólo se ha limitado a aplicar una política fiscal que consiste en generar más ingresos con el único fin de aumentar masivamente el gasto.

De lado han quedado temas como el fortalecimiento del sistema jurídico, o del capital humano, o del desarrollo de una agresiva transformación agropecuaria orientada hacia las exportaciones lo cual agregaría valor a esta actividad y ayudaría a atenuar la pobreza que aqueja a miles de pobladores que aun sobreviven en nuestros campos.

Dicho de otra forma; no importa cuánto esfuerzo haga un Gobierno por capitalizar políticamente la aprobación de un Tratado, o cuan bueno sea este acuerdo, si el país no se enmarcan en una estrategia sistemática de competitividad pocos serán los resultados.

EL MEF: NUEVO MINISTRO, Y LA MISMA POLÍTICA?

Luego una tensa incertidumbre generada por el rompimiento de la alianza, después de semanas de virtual acefalia, finalmente se despejó la duda sobre quién quedaría al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la entidad más importante por su manejo de todos los recursos públicos. Desafortunadamente el recién estrenado titular Frank De Lima entró con el pie izquierdo anunciando que iba mantener la política de su ex jefe --el Ministro y panameñista Alberto Vallarino.

Aún antes de perfilarse esta nueva crisis mundial a comienzos de agosto pasado --cuando se precipitaron las bolsas a raíz de la baja en la calificación de los Bonos norteamericanos-- ya de por sí la política fiscal de Vallarino resultaba peligrosa y temeraria.

Luego de varias semanas de ese episodio han surgido inequívocos síntomas de la fatiga que padece la economía global lo cual augura lamentablemente que tanto las economías desarrolladas como las emergentes resultarán afectadas tan severamente o más que durante la pasada crisis, lo cual por definición afectará a Panamá.

Esta ‘declaración de principio’ de De Lima resulta por ende inconsecuente con la realidad y la prudencia que deberían observar en este momento nuestras autoridades económicas. Por ello, el primer anuncio debió ser una inmediata priorización de los proyectos en ejecución y tomar las medidas de austeridad que pudieran resultar necesarias, incluyendo ponerle un freno al desbocado aumento de la planilla estatal.

También resulta incongruente con la postura asumida por De Lima cuando, actuando como vocero de campaña de Cambio Democrático, exigía al Gobierno del Partido Revolucionario Democrático aplicar una política de austeridad ante los posibles impactos de la anterior crisis. Parece que para De Lima lo que era valido antes ya no lo es.

Pero, más allá de los desaciertos de Vallarino, él experimentado banquero contaba sin duda con habilidad para endulzar a los organismos financieros internacionales y a las agencias evaluadoras de riesgo (algunos le llaman ‘sweet talk’).

De allí que el otro desafió para De Lima consista en demostrar que tiene suficiente temple y carácter para manejar la crisis mundial en ciernes, y frenar por otra parte la avalancha de solicitudes de gastos que se le vienen encima empezando por las del propio Presidente, sus Ministros y Directores. ¿Lo tendrá?

Esto último resulta crítico en una coyuntura política como la actual donde todo apunta a que, ante el desplome de su popularidad Martinelli recurrirá a un desesperado aumento del gasto para tratar de contrarrestar esa caída.

Por último queda el desafío de aplicar políticas que integren lo social y lo económica lo que quizá implique reducir ahora el desenfrenado crecimiento en aras de una expansión sostenida y sostenible que promueva los Objetivos del Milenio (ODM). Desafortunadamente el Gobierno se ha enfocado en programas dispendiosos que hacen poco en favor de revertir la pobreza y la inequidad.

Finalmente la verdad sea dicha: hasta el momento en materia de moderar gastos el Gobierno ha optado por la política del avestruz, la misma que usa para enfrentar las graves y crecientes acusaciones de corrupción que involucran a altísimos funcionarios.

¿Es esto el resultado de la impericia o un simple acto calculado pero irresponsable para mantenerse a sangre y fuego en el poder más allá del 2014?. Sólo el tiempo lo dirá pero al final el resultado será el mismo. Los costos de esta orgia fiscal habremos de sufragarlos todos los panameños que pagamos impuestos y los cientos de ciudadanos que seguirán padeciendo de hambre y miseria por la falta de apropiadas políticas.