Superintendencia blinda al sector

PANAMÁ. El alto crecimiento económico de Panamá implica muchos beneficios, pero también atrae a los delincuentes financieros que buscan una oportunidad para cometer actos ilícitos.

En ese sentido, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá se ha propuesto tomar nuevas medidas que permitan un mayor blindaje al sector a fin de que sus actividades no se vean afectadas por actividades ilícitas que buscan utilizar empresas aseguradoras para cometer delitos financieros.

Así lo señaló el superintendente, Luis Della Togna, en la apertura del III Foro de medidas para la prevención del blanqueo de capitales en el sector seguros, del que participaron oficiales de cumplimiento de todas las compañías de seguros y reaseguros de Panamá.

‘Reconocemos que la industria de seguros, hasta el momento, no aparenta ser utilizada para el lavado de capitales’, dijo Della Togna. La información se desprende de los reportes sobre actividades sospechosas que mes a mes envían las distintas compañías reguladas. ‘Sin embargo sí es evidente la creatividad de infractores que utilizan y empañan el principio de buena fe, uno de los pilares de los seguros, para cometer fraudes y actos de delitos financieros’, agregó el superintendente.

Actualmente, se ha venido capacitando al recurso humano con intensos programas de adiestramiento y educación continua de alto nivel en el ámbito de auditoría de seguros, de cumplimiento, de regulación de prevención de lavado de activos, entre otros. Esto ha permitido que la Superintendencia se fortalezca y pueda hacerle frente a la gran demanda de atención que el sector público y privado presenta.

Por su parte, el mexicano Rodolfo Islas Strassburger se refirió a la aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA)

El expositor recomendó utilizar la base de datos que ya tienen para el cumplimiento de las políticas de ‘conoce a tu cliente’ como un primer paso para ir elaborando las listas y adelantando las muchas exigencias de la ley.

El FATCA entra en vigencia el 1 de enero de 2013 y los acuerdos que se establezcan en Panamá deberán suscribirse al 30 de junio de 2013.