Consolidar la institucionalidad social, crucial para lograr los ODS

En las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe han logrado avances importantes en materia social. Algunos ejemplos son las mejoras relacionadas con la reducción de la pobreza, la distribución del ingreso, el nivel educativo o los indicadores de salud y protección social.

‘Cuanto más desarrollada sea la institucionalidad social, mayor probabilidad habrá de alcanzar políticas sociales de calidad',

ESTUDIO

COMISIÓN ECONÓMICA PARA A. LATINA Y EL CARIBE

Así lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su estudio ‘Institucionalidad social en América Latina y el Caribe', en donde además revela los nuevos desafíos que supone para la políticas públicas de los países de la región, aspectos como la desaceleración económica y la volatilidad del crecimiento económico que la región enfrenta hoy en día, junto con los nuevos escenarios generados por el fenómeno de cambio climático, la revolución tecnológica, la transición demográfica y las dinámicas de la migración.

En ese contexto, el organismo subrayó la necesidad imprescindible de consolidar la institucionalidad existente, con el propósito de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Cepal considera que para continuar los avances sociales logrados hasta ahora, evitar los retrocesos y alcanzar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 sin que nadie se quede atrás, las políticas públicas deben hacer nuevos y mayores esfuerzos en materia de cobertura y calidad.

Pero, para lograr esas metas, dijo que ‘es fundamental contar con una institucionalidad a la altura de los desafíos, con certeza jurídica, capacidad de gestión y recursos suficientes'.

De acuerdo con la Cepal, se entiende por institucionalidad social el conjunto de reglas, recursos y estructuras organizacionales sobre y con los cuales se gestiona la política social, desde el diagnóstico y la priorización de los objetivos hasta la implementación y la evaluación de sus resultados.

DESAFÍOS

En síntesis, según la Cepal, los países de la región han hecho avances significativos en materia de institucionalidad social, lo que augura mejoras sustantivas en la calidad, efectividad, eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Sin embargo, agrega, en esa área ‘no existe un modelo único deseable, sino desafíos importantes' que se deben atacar.

Entre los desafíos que destaca está consolidar una base jurídico-normativa que dé sostenibilidad a la política social como política de Estado y posibilite avanzar hacia objetivos más estructurales y de largo plazo que sobrepasen el alcance de los períodos de gobierno.

Así como también fortalecer la capacidad de coordinación y articulación de las políticas de superación de la pobreza con las políticas de protección social entendidas de forma integral, con otras áreas de la política social (educación, salud, trabajo, vivienda) y con el ámbito económico, de infraestructura y de desarrollo productivo.

Otro reto que deben enfrentar los países de la región es mejorar la capacidad de articulación y cooperación entre los niveles de gobierno central, regional y local, con énfasis en aquellos particularmente débiles y emplazados en las zonas más pobres, y desarrollar instancias de participación de las poblaciones destinatarias de la política y de sus organizaciones, así como de actores privados relevantes.

También requieren profundizar la capacidad de la gestión pública en materia social, mediante la formalización de procedimientos que abarquen desde la definición de planes hasta la evaluación de sus resultados, así como la disponibilidad de información confiable y oportuna para guiar la toma de decisiones con el fin de maximizar los impactos y la eficiencia.

Asimismo, disponer de recursos suficientes para atender las necesidades de una política social de calidad, transformando la idea de gasto corriente en la de inversión social, y mejorando su registro y divulgación, tanto en lo referente al financiamiento como a la ejecución.

Por último, promover más espacios de acuerdo y pactos sociales y políticos amplios orientados hacia la concreción de objetivos superiores, como los establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

‘Estos acuerdos son un sustrato clave para institucionalizar y legitimar en el transcurso del tiempo las nuevas políticas de protección social.

Junto al acuerdo social y político, se requiere avanzar en cuanto al logro de un pacto fiscal que asegure recursos suficientes y estables para concretar los objetivos de erradicación de la pobreza, garantía de derechos y disminución sustantiva de la desigualdad social en América Latina y el Caribe', afirma la Cepal.

CÓMO LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD SOCIAL SOSTENIBLE

El organismo también resume algunos los elementos que requiere la institucionalidad social para ser sostenible en el tiempo como:

-La existencia de una estrategia a largo plazo coherente y sostenida, que no cambie su esencia frente a cambios de gobierno, crisis políticas o situaciones coyunturales.

-La consideración de los enfoques de derechos y de género como ejes orientadores normativos y prácticos del diseño e implementación de las políticas y programas sociales.

-La existencia de reglas claras y conocidas por todos los actores como atributo para definir cómo operan los programas, a qué población van dirigidos, qué tipo de apoyo ofrecen, cuáles son los criterios para la inscripción y selección de destinatarios, y cuáles son sus corresponsabilidades.

-La existencia de espacios de coordinación entre distintos actores gubernamentales encargados de ejecutar la política social. Se trata de actores de distintos niveles de gobierno (central, provincial o regional, municipal o de alcaldía) o sectores.

- El desarrollo de capacidades técnicas permanentes en los organismos encargados de las distintas etapas de la política social.

-La existencia de mecanismos de recolección y análisis de información confiable que permitan evaluar el avance de la estrategia y mejorar los programas. Toda estrategia social debe velar por el uso eficiente de los recursos escasos para atender los problemas sociales más importantes.

-La incorporación de mecanismos de control y fiscalización que posibiliten la rendición de cuentas y permitan sancionar a los funcionarios que no se ajusten a la normativa vigente.

-La participación de actores sociales que consoliden la continuidad de los programas.

‘Cuanto más desarrollada sea la institucionalidad social, mayor probabilidad habrá de alcanzar políticas sociales de calidad (efectivas, eficientes, sostenibles y transparentes), que sean sectoriales, de promoción o de protección', concluyó el organismo internacional.

PANAMÁ AVANZA EN LOS ODS DE LA AGENDA 2030

La semana pasada, el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo le entregó a las autoridades del Gobierno Nacional el Plan Estratégico Nacional (PEN) con Visión de Estado Panamá 2030. Un documento que recoge las políticas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que permitirá el crecimiento económico del país alineado con las metas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015. En el Plan se establecen puntos esenciales para la población que permiten mejorar la condición de vida de los panameños y cómo lograr buena vida para todos, crecer más y mejor, sostenibilidad ambiental, democracia, institucionalidad y gobernabilidad; y alianzas estratégicas.