La Estrella de Panamá
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22 de Oct de 2019

Economía

Mil millones invertidos sin resolver la crisis del sector agropecuario

Entre subsidios, promesas y diálogos dilatados, el gobierno varelista sorteó la crisis del sector agropecuario invirtiendo, con resultados cuestionables

Unos $198 millones se desembolzarón para la compra de rubros como la papa.

Unos mil millones de dólares ha invertido el actual gobierno en el sector agro, según manifestó el actual ministro de esa cartera, Eduardo Enrique Carles, la semana pasada durante su informe de gestión.

La cifra engrosa unos $288 millones en préstamos disponibles para el sector a través del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). Mientras que el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) desembolsó otros $30 millones en carácter de indemnización a los productores.

Para los agricultores, las intenciones del BDA son ‘buenas'. Sin embargo, solicitan que la entidad estatal se fortalezca y sea más eficiente. ‘El banco ofrece un plazo de desembolso de ocho meses, cuando el productor se demora seis meses en producir la papa y la cebolla, por ejemplo, aparte de dos meses más para comercialización y otros dos meses para cobrar', explicó Augusto Jiménez, expresidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA).

En materia de investigación, el Ejecutivo sostiene que el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap) destinó unos $3.6 millones para la construcción de una planta de semillas, un laboratorio en Divisa y una nueva sede de la entidad.

Mientras que la industria pesquera fue beneficiada con $4.5 millones a través de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). En compensación para productores de arroz, maíz y leche grado C, el gobierno destinó $198 millones.

Otros $150 millones se utilizaron para comprar arroz, leche, cebolla, papa, tomate, frijol, ñame, entre otros.

Por medio de una nota de prensa, el ministro Carles manifestó que la cuantiosa inversión ‘es un respaldo al desarrollo de la agricultura y la ganadería de nuestro país', e hizo énfasis en un ‘compromiso por la transformación real del sector, que busca ofrecer las condiciones para un crecimiento sostenido, rumbo a la soberanía alimentaria y el aumento de las exportaciones de productos nacionales a diversos mercados del mundo'.

Sin embargo, este quinquenio ha estremecido los ya de por sí débiles cimientos del sector. Un declive que ha sido más acelerado desde hace una década, cuando el magnate de supermercados —y uno de los más grandes importadores de Panamá—, Ricardo Martinelli, se sentó en la silla presidencial en 2009.

Y es que el camino de las importaciones fue allanado con el Tratado de Promoción Comercial (TPC) negociado entre Panamá y Estados Unidos durante la administración de Martín Torrijos y en medio de la gestión del entonces jefe del MIDA, hoy candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo. El TPC se firmó en 2012, durante el quinquenio de gobierno martinellista.

AUPSA, LA MANZANA DE LA DISCORDIA

Lo antes mencionado por el jefe de la cartera agropecuaria difiere de los distintos sectores agropecuarios del país, sentir que fue reiterado en las diferentes protestas que han realizado los gremios a lo largo del lustro panameñista.

Los productores piden que se derogue el Decreto Ley 11 de 2006, que crea la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), un ente que ‘aseguraría el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de alimentos introducidos al territorio nacional, bajo criterios estrictamente científico y técnico'. Además, según el decreto que crea la entidad, también ‘facilitará el intercambio comercial internacional de alimentos'.

Para Jiménez, de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, es necesario que se derogue la Aupsa porque ya existe una ley de sanidad vegetal, que originalmente supervisaba el MIDA.

Debido a las importaciones, los precios de algunos productos nacionales han decaído. Por ejemplo, el rubro del cerdo se ha vendido por debajo del costo de la producción, denunció Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcinocultores de Panamá.

A 10 AÑOS DE AUPSA

La soberanía alimentaria nunca llegó. A nueve años de firmarse el TPC con Estados Unidos, el país canalero importó el 56% del maíz que consumió en 2016.

Mientras que en el rubro cebolla, se importó el 48.39% de lo que se consumió ese año. De igual forma, en la papa tampoco llegamos a satisfacer la demanda interna, ya que en 2016, se tuvo que importar 45.61% del inventario disponible.

Una legumbre que produce Panamá es la lechuga. Sin embargo, todavía importa gran parte de lo que consume.

OTROS RUBROS

En cuanto al trigo, como no se produce en Panamá, se importa la totalidad del rubro.

Según explicó Nodier Díaz, secretario general de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa), Panamá no cuenta con el clima adecuado para el trigo, pero no descartó la posibilidad de que se pueda producir. Díaz agregó que sólo, un productor no puede desarrollar un rubro, requiere el apoyo estatal y ‘como no es un alimento principal para el panameño, nadie se interesa por producirlo'.

La Estrella de Panamá consultó al MIDA desde la semana pasada para ampliar su postura sobre este tema, pero al cierre de esta edición, no respondieron.

‘EL PEOR QUINQUENIO'

Para los agricultores, el actual gobierno ‘perdió la oportunidad de solucionar los problemas', apuntó Augusto Jiménez.

Una opinión que comparten varios productores nacionales consultados para esta nota. ‘Se favorecieron los grandes intereses económicos y se arruinaron rubros como la cebolla y el arroz', espetó.

Por su parte, el porcinocultor manifestó su molestia con el Ejecutivo por haberlos ‘criminalizado'. ‘Ha sido el peor gobierno de la historia (para el agro), desde la invasión estadounidense (1989), consideró el porcinocultor Juan Guevara. Asimismo, expresó preocupación por la ‘criminalización' de la protesta, en relación a las denuncias que interpusieron funcionarios en contra de productores durante las manifestaciones de inicio del mes. ‘La protesta es un derecho civil. Al criminalizarla, es posible que en el futuro sea imposible reclamar nuestros derechos', concluyó.