30 de Nov de 2021

Economía

Moody’s: Reacciones al manejo de las elecciones de Nicaragua generan 'incertidumbre'

La calificadora advierte que el manejo de las elecciones por parte del gobierno podría traer riesgos en dos frentes:  la posibilidad de sanciones severas de Estados Unidos y  un daño en la relación entre el gobierno y las empresas

El pasado 7 de noviembre, Nicaragua (B3 estable) celebró elecciones presidenciales y legislativas para determinar la composición del gobierno para el período ‪2022-27‬. El actual presidente Daniel Ortega y su partido derrotaron cómodamente a la oposición en unas elecciones muy cuestionadas por algunos miembros de la comunidad internacional por no ser libres ni justas. Habiendo obtenido el 76% de los votos y con una tasa de participación reportada del 65%, está previsto que el presidente Ortega comience su cuarto mandato el 10 de enero de 2022. 

Daniel Ortega
El actual presidente Daniel Ortega y su partido derrotaron cómodamente a la oposición en unas elecciones del pasado 7 de noviembre.EFE

En un nuevo informe publicado hoy, Moody’s Investors Service señala que las reacciones al manejo de las elecciones por parte del gobierno "generan incertidumbre"sobre la posibilidad de sanciones severas de Estados Unidos y de un daño en la relación entre el gobierno y las empresas. 

Y aunque las reclamaciones son difíciles de validar dado que un grupo de observadores electorales internacionales informan que no se les permitió entrar en el país, la calificadora advierte que esto podría "limitar" el desempeño económico futuro de Nicaragua y tener un impacto en el perfil crediticio del país.

"La credibilidad del resultado electoral se ha visto socavada por las denuncias de que la participación real fue inferior a la notificada y de que las estimaciones oficiales de la participación de los votantes serían muy exageradas", dijo en su informe.

Peor aún, agrega Moody’s, el manejo de las elecciones por parte del gobierno podría reavivar las tensiones sociopolíticas que se intensificaron en 2018 y provocaron protestas masivas que duraron hasta 2019 y tuvieron un fuerte impacto negativo en la actividad económica en ambos años. 

Mencionó que las protestas dieron lugar a sucesivas contracciones del PIB real del 3.4% en 2018 y del 3.7% en 2019. Las tensiones políticas disminuyeron a medida que la pandemia comenzó a extenderse, y el país pareció salir de la lucha sociopolítica a medida que la crisis sanitaria entró en foco. La economía se contrajo un 2% en 2020, marcando el tercer año consecutivo de recesión.

Indica que "aunque las autoridades gestionaron con cautela ambas crisis, persistió la incertidumbre sobre si habría acercamiento entre el gobierno, la comunidad empresarial y los trabajadores, para volver al modelo de formulación de políticas de creación de consenso en el país que fomentó una fuerte actividad económica. Antes de la crisis política, el modelo económico nicaragüense producía un rápido crecimiento".

El crecimiento medio del PIB real  de Nicaragua fue del 4,7% en 2013-2017. La gestión macroeconómica prudente a lo largo de la contracción económica de tres años en 2018-20 impidió un empeoramiento de las métricas fiscales, dado que la deuda pública alcanzó un máximo de alrededor del 48% del PIB en 2020, un aumento relativamente limitado del 34.1% en 2017 considerando los tres años consecutivos de contracción económica.

Sin embargo, las consecuencias de las elecciones generan incertidumbre en dos frentes, asegura Moody’s. El primero es el riesgo de sanciones estadounidenses que podrían poner en peligro los préstamos de los bancos multilaterales a Nicaragua. 

El aumento de las sanciones reduciría las ya limitadas capacidades de financiamiento del gobierno en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, Aaa estable) y el Banco Mundial (BIRF, Aaa estable).

Esto, a su vez, podría complicar la posición de liquidez externa del país, ya que ha enfrentado opciones de financiamiento concesionario cada vez más escasas tras la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua (Ley NICA) en diciembre de 2018. 

La legislación restringe a las instituciones financieras internacionales con sede en Estados Unidos, incluyendo el FMI y el Banco Mundial, de "extender asistencia financiera o técnica al gobierno de Nicaragua." Teniendo en cuenta que el Gobierno ya opera con fuentes de financiación limitadas, las sanciones adicionales podrían ejercer una mayor presión sobre las finanzas públicas.

El segundo riesgo es la reacción de la comunidad empresarial local a la situación política y el efecto que esto podría tener en la actividad económica y, lo que es más importante, en las perspectivas de crecimiento a medio plazo. Aunque la actividad económica en 2021 se ha recuperado, sería prematuro asumir que el crecimiento económico está a punto de reanudar su tendencia anterior a 2017. Sigue siendo incierto si el país puede volver al marco de formulación de políticas impulsado por el consenso que sustenta un crecimiento sólido. Si las tensiones entre el gobierno y las empresas no se resuelven, la trayectoria de crecimiento de Nicaragua podría moderarse a medida que se seca la inversión, explica Moody’s Investors Service.