Deuda del Gobierno con el sector privado, un tema crítico en la reactivación de las empresas

Para el economista, Eddie Tapiero, el tema de las cuentas por pagar del Gobierno o por cobrar de las pequeña y mediana empresa (pymes) es un tema “crítico de la reactivación” porque se habla de una crisis que no es de solvencia sino de liquidez, que se agudizó con la llegada de la pandemia de la covid-19.

Según Tapiero, muchas pymes tienen activos como maquinaria y equipo, lo que les falta es el capital para trabajar, a diferencias de otras que quebraron después de que la economía se cerró varias veces y no pudieron generar los ingresos para pagar planilla.

“Eso se vuelve un círculo vicioso, si no tienen plata para planilla no pueden pagar, sin embargo, muchas de esas empresas no se pudieron reactivar a pesar de que tenían cuentas por cobrar con el Estado”, dijo Tapiero.

Según datos de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, más del 58% de las mipymes ya han cerrado y solo el 8% de las que han sobrevivido tienen acceso al crédito bancario.

Con el actual Gobierno ya había una cifra significativa de deuda para pagar a proveedores y otras obligaciones, que estaban alrededor de $1,738 millones, en diferentes rubros: educación, construcción, agro, proveedores.. Hoy con la pandemia esa cifra aumentó, informó Luis Frauca, presidente del Sindicato Industrial de Panamá (SIP).

Para tener una idea más amplia de la deuda al sector privado, el presidente del SIP detalló que hasta ahora se conocen los $300 millones, que adeuda el Gobierno solo en el sector construcción. En el caso del sector industrial y sus diferentes áreas, la deuda se encuentra en aproximadamente a $155 millones, desglosado, una parte, en $200 mil en el área de empresas de empaque de plásticos, $15 millones en la industria local de producción de medicamentos y $40 millones en la agroindustria, y continua hasta las empresas de carne, agua embotellada, pintura, lácteo, etc.

“La falta de presupuesto es normalmente el problema para que no se hagan los pagos y el retraso siempre se ha mantenido”, recalcó Frauca, quien además sostuvo que en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se concentra todo, se establece que la ejecución del presupuesto es alta, pero en cada institución el manejo de las cuentas no es expedito y muchas veces los presupuestos que pasan al MEF a las instituciones para pago no es la partida completa de un proyecto, ya que se dan a medida que se van cumpliendo las etapas de estos.

“Las instituciones son normalmente un cuello de botella para que se pueda mover las cuentas, ese es el principal inconveniente. Hay instituciones mejores que otra”, criticó Frauca.

Desde el MEF se defendió que gran parte de los pagos atrasados se deben a que los proveedores no cumplen con la entrega de los requisitos que el Estado les pide, y que tiene un recorrido, que empieza con la institución donde ofrecieron el servicio o el bien, para luego pasar a la revisión en Contraloría General de la República donde se da la autorización al Departamento de Tesorería del MEF, que es el encargado de procesar los pagos en un periodo de tres a cuatro días máximo.

“La empresa que inicia el proceso de solicitud de pago puede que no cumpla los requisitos en la institución donde ofrecieron el servicio o el bien haciendo que ni siquiera salga de Contraloría General, por lo que el MEF no puede procesar algo que no han recibido. Es muy fácil decir me deben, pero ¿quién le debe? ¿Por qué no ha podido cobrar? Muchas veces los proveedores tratan de gestionar los papeles en otro lado y no necesariamente con el MEF”, comentó una fuente de la institución.

En el transcurso de la vigencia fiscal 2021, el Tesoro Nacional realizó pagos por $15,479.9 millones, de los cuales el 26% corresponde a pago directos a proveedores y transferencias de capital, es decir, $4,024.774.

Tapiero cuestionó que, si el proceso está tan fácil, como dice el MEF, porque es que todavía a los arroceros no les han podido pagar su subsidio o a las empresas que tienen dos o tres años sin cobrar, por decir alguno.

Subrayó que todo radica en que el cobro de los cheques a las pymes es demasiado burocrático. “Esa burocracia es ineficiente, y es eso lo que crea los espacio para la corrupción. Debemos mejorar todas estas cosas. El problema no es el cumplimiento de los requisitos, sino que el Gobierno pague por el servicio prestado y tratar de hacerlo rápido”, indicó.

“Estamos en el siglo XXI y queremos ser un país de primer mundo, entonces, debemos actuar correctamente y hacer lo que se debe, como poner una fecha de pago a los servicios”, añadió Tapiero.

El economista señaló que Panamá tiene grado de inversión que lo lleva a pagar las deudas externas, que es destacable, sin embargo, se olvida de pagar la deuda interna, donde tiene a las pymes con todas las cuentas por cobrar.

El presidente del SIP espera que la deuda del Gobierno disminuya y que no aumente, ni siquiera que se mantenga, porque muchas de esas deudas son de vieja data, de las cuales ya se le han ido acumulando dos años de crisis por la pandemia.

“No quiero pensar que la deuda con el sector privado seguirá creciendo, nuestra economía no lo tolera. Esperamos que se vaya reduciendo y ojalá pueda entrar dentro de deuda en el tiempo correcto: 30, 60 o 90 días, pero no como está ahora mismo”, previó el presidente del SIP.

Para Frauca mucho del capital, que aún no se paga a las empresas, serviría para hacer inversiones, aumentar capacidad, contratar personal y reducir el nivel de deuda que tienen con los bancos. No obstante, reconoció que hay proyectos que se han ido reactivando, tras los esfuerzos del gobierno, pero hay otros proyectos que se han quedado por falta de presupuesto, por lo que ve importante que el gobierno ponga énfasis en esos proyectos para así impulsar la contratación de personal y mejorar la capacidad de consumo.

“Al mover la economía comenzamos a producir más bienes y servicios y eso va a reducir el desempleo y mejorara la capacidad de consumo del panameño, que es lo que necesita la industria”, recalcó el presidente del SIP.

Frauca recordó que dentro de la mesa de reactivación económica se planteó el pago de la deuda que tiene el Gobierno Nacional con el sector privado. Si bien, la mesa industrial no lo propuso, la mesa transversal, era un frente común, ya que estaba la mesa industrial, construcción y energía.

“Es parte del compromiso que tiene el gobierno para que nuestra economía se mueva con la cancelación de los compromisos, pero definitivamente el pago de las cuentas viejas y nuevas es parte esencial de la mesa de reactivación”, enfatizó el presidente del SIP.

Tapiero señaló que todos los problemas de burocracia o extensión de tiempo en la deuda del gobierno con el sector privado se resolverían con el proyecto de ley No. 462, que establece una medida para facilitar rápida liquidez a los proveedores del Estado, autorizando a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores que pueden ser negociadas para respaldar la emisión de valores comerciales a corto plazo.

El proyecto de ley busca reactivar la economía nacional, brindando liquidez inmediata a todos los proveedores del Estado, principalmente a las pymes, a través del descuento de pronto pago de facturas certificadas, el cual brinda rendimientos más altos que otras alternativas de inversión y plazos fijos a corto plazo a inversionistas locales, mencionó el economista.

Tapiero explicó que lo anterior le permite a los proveedores que hayan facturado y entregado a satisfacción una obra, bien o servicio a una entidad del Estado, que cuenten con su debida partida presupuestaria asignada, obtener liquidez “inmediata”, independientemente de su situación financiera, a la vez que le brinda hasta 360 días de créditos gratis al gobierno para pagar un fideicomiso privado, sin aumentar su deuda total y sin incurrir en gastos de intereses.

“El gobierno debe comprometerse en sus pagos y eso debe ser una visión de primer mundo”, concluyó el economista.