Transición energética: nadie debe quedar atrás

El último del Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), presentado hace algunas semanas, es contundente. El mundo necesita acelerar la transición energética hacia una economía de bajo carbono, si queremos poder garantizar un mundo sostenible y habitable. El reporte es también categórico: la tecnología ya existe; es la energía renovable.

La región centroamericana parte de una posición privilegiada, más del 70% de la generación eléctrica ya es renovable, y además cuenta con el potencial para incrementar esta participación aún más. Existen tareas pendientes: descarbonizar el transporte, y disminuir el uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica. Panamá es un ejemplo interesante de este proceso, en 2022 el país aprobó la ley de Movilidad Eléctrica, con metas ambiciosas para la descarbonización del transporte. Al mismo tiempo, el país viene implementando la Agenda de Transición Energética, aprobada en 2020, que apunta a incrementar la participación de energía renovable en la matriz. Hoy la energía solar y eólica ya generan el 10% de la electricidad, que sumada a la hidroelectricidad ponen al país por encima del 80% de generación renovable.

Pero, pensando en el contexto de nuestra región, donde aún existen brechas sociales que deben ser resueltas, la transición energética debe ir más allá de la simple sustitución de energía fósil por energía renovable y aunque se trata de un cambio tecnológico, la transición a nuevas energías es, sobre todo, un cambio de paradigma que implica transformar la forma como producimos y consumimos energía. Como tal, debe tener un alto contenido humano en el proceso. No se trata solo de descarbonizar, sino de hacerlo sin dejar a nadie atrás se debe incorporar, cuanto antes, a quienes hoy no gozan de los servicios básicos de energía, cerca de 100 mil familias, en el caso de Panamá.

De la misma manera, el proceso de transición debe tomar en cuenta la fuerza laboral que hoy depende de la industria fósil, y que en el futuro podrá ver sus fuentes de empleo afectadas. Programas de entrenamiento y reentrenamiento son fundamentales, tanto para dotar al mercado de trabajo de mano de obra capacitada, como para garantizar la empleabilidad de una parte de la población.

La inclusión de las mujeres, tradicionalmente relegadas del mercado laboral del sector energético, es fundamental. Una transición energética justa e inclusiva solo será posible con todos los brazos y todas las mentes.

Por otro lado, es también necesario garantizar que el proceso de adopción tecnológico no se limite a los segmentos de la sociedad con mayor poder adquisitivo, que hoy ya está adoptando vehículos eléctricos o generación solar para autoconsumo. Las políticas públicas deben generar mecanismos para democratizar el proceso de transformación, reenfocando subsidios, y pensando en fuentes de financiamiento y soluciones energéticas que beneficien a quien más lo necesitan. Los programas de movilidad eléctrica masiva serán fundamentales para la descarbonización del transporte, más allá del uso de vehículos eléctricos individuales.

El financiamiento es un elemento fundamental de la transición. Las tecnologías renovables tienen, en su mayoría, un costo de capital inicial alto, así como costos operativos bajos. Por ello, financiamiento con tasas y plazos adecuados y esquemas innovadores, serán esenciales para fomentar la inversión. Considerando que los países en desarrollo tienen tasas de financiamiento más altas que la de los países desarrollados (el dinero nos cuesta más), será esencial gestionar y canalizar recursos concesionales, fondos verdes y climáticos, que puedan acelerar el proceso. A esto se puede sumar el redireccionamiento de recursos del sector de energía fósil, que permitan incentivar inversiones en energía limpia. Para ello, cada país deberá estudiar la creación de fondos y canales de financiamiento que fomenten la masificación y democratización al acceso a equipos eficientes, generación renovable, y movilidad de bajo carbono.

Es importante tener en cuenta que no existe una sola “transición energética”, sino múltiples transiciones. Cada país parte de una situación diferente, con una matriz energética particular, y un stock de recursos naturales específicos, y deberá abordar el proceso de manera distinta. Esto toma particular relevancia cuando vemos la diversidad que existe en América Latina y el Caribe, desde países que son grandes productores y exportadores de gas, carbón y petróleo (y que deben planificar el impacto fiscal de la transición), hasta países que importan la totalidad de su energía con fuentes fósiles, (y que pueden beneficiarse de una transformación rápida a la energía renovable).

El BID se ha sumado a la transición energética de la región, apoyando a los países en diversas áreas de este proceso, desde la formulación de planes de transición energética de largo plazo, financiamiento de programas de acceso universal a la energía, instalación de energía renovable, y recambio de buses eléctricos, hasta la creación de programas de entrenamiento para la instalación de sistemas solares y estaciones de carga, entre otros. En cada país se sigue un proceso diferente.

En el caso de Panamá, el Banco está apoyando activamente la implementación de la Agenda de Transición Energética, apoyando proyectos de generación distribuida solar, innovación en el Sistema Interconectado Nacional, acceso universal, movilidad eléctrica, todos ellos con un componente de género.

Pero, más allá del apoyo de entidades de desarrollo, la cooperación intrarregional entre los países será esencial para maximizar el potencial latinoamericano en la transición energética. En un contexto global competitivo es posible identificar oportunidades para nuestra región, como la fabricación local de equipos eólicos y solares, el hidrógeno verde, el litio, y la integración eléctrica regional.

En conclusión, la transición energética es un proceso crucial para asegurar un futuro más sostenible y justo para todos.

Esta transición debe ser inclusiva, no dejando atrás a aquellos que aún no tienen acceso a formas básicas de energía, y considerando a la fuerza laboral que hoy depende de la industria fósil. Las políticas públicas deben tener en cuenta la democratización de este proceso. El financiamiento será clave para lograr una transición exitosa, por lo que se deben buscar soluciones de financiamiento con tasas y plazos adecuados, y redireccionar recursos hacia la energía limpia. La transición energética es un proceso complejo que requiere la participación de todos los actores involucrados, y una planificación cuidadosa para lograr un desarrollo verdaderamente inclusivo hacia una economía descarbonizada, costo-efectiva y justa para todos.